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LA PAZ (Sputnik) — El presidente de Bolivia, Luis Arce,
advirtió a los militares que pueden evadir su responsabilidad en la cruenta
represión que dejó más de una veintena de muertos entre manifestantes que
protestaban contra el golpe de Estado del año pasado.
"Quiero decirles de manera muy sincera a las
Fuerzas Armadas que no es posible evadir ni eludir la justicia, que como
Gobierno y Estado boliviano estamos obligados (…) a contribuir proporcionando
la información para esclarecer las muertes en la pasada gestión", dijo
Arce durante un discurso en un acto militar.
El gobernante, que presidió la graduación de oficiales de alto rango de la Armada, hizo así su primera alusión a un comunicado del alto mando castrense, de fines de noviembre, que declaraba "desconcierto" militar por la decisión judicial de procesar a un general de la Fuerza Aérea por una de las masacres de 2019.
Arce dijo que las Fuerzas Armadas,
y en general todas las instituciones del Estado, deben colaborar a la
investigación que realiza actualmente un grupo de expertos de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre las masacres que siguieron al
golpe contra el Gobierno de Evo Morales (2006-2019).
Según el mandatario, quien cumplirá
el 8 de diciembre un mes en la Presidencia, el Gobierno transitorio de
Jeanine Áñez (2019-2020), que se instaló tras el derrocamiento de Morales,
"lamentablemente mal utilizó a las Fuerzas Armadas enfrentándolas al
pueblo boliviano".
Al actuar los militares al servicio
de "intereses de grupos de personas que buscaban el poder para beneficiarse
y enriquecerse de manera ilícita", se produjeron las masacres que
conmovieron al país y al mundo, sostuvo Arce.
"Por eso está en Bolivia la CIDH, que tiene la misión fundamental de investigar",
remarcó.
Arce agregó que mediante las
elecciones de octubre pasado, ganadas por el Movimiento Al Socialismo (MAS), el
pueblo puso fin a la transición para "superar los momentos de pesadilla
vividos durante el Gobierno" y "trabajar en paz y armonía para
superar la crisis".
Pocos días antes del cambio de
Ejecutivo, el parlamento, controlado por el MAS, pidió a la Fiscalía General
que inicie un juicio de responsabilidades contra Áñez y juicios
penales ordinarios a su gabinete y a jefes militares y policiales por las
masacres políticas que ahora investiga la CIDH.
Estos juicios se sustentarían no
solo en la violencia misma sino también en un decreto de Áñez y su gabinete que autorizó el uso de
fuerza militar contra las protestas, eximiendo a los uniformados de eventuales
responsabilidades penales.
Los expertos del organismo
internacional iniciaron su investigación el 23 de noviembre, 15 días después de
la asunción de Arce, y tienen previsto presentar su informe en un plazo de seis
meses.
