Por Pablo
Jofre Leal
Activistas campesinos, indígenas y
defensores de DD.HH. enfrentan graves amenazas, según varios entes
internacionales.
La Coalición
Internacional para el Acceso a la Tierra
(ILC por sus siglas en inglés) denunció el asesinato de defensores de los derechos
de la tierra en Guatemala, situación que calificó de “grave”.
A través de un comunicado difundido
este miércoles, la ILC expresó “preocupación por la grave situación de
criminalización y vulneración de derechos humanos de organizaciones campesinas
e indígenas de Guatemala en el ejercicio de su rol en la defensa pacífica de
sus tierras y territorios”.
En lo que va del año, cuatro
defensores de organizaciones que hacen parte de la ILC han sido asesinados y
uno de ellos se encuentra desaparecido (…) A ello se suman
cinco intentos de desalojo extrajudicial a
comunidades indígenas, que evidencian la inseguridad de la tenencia de la
tierra que viven los campesinos e indígenas en el país”, agrega el documento.
El pronunciamiento recordó que esta
situación ha experimentado una escalada, pues desde el año 2018, varias
organizaciones internacionales como la propia emisora del documento,
Front Line Defenders y Civicus, han venido alertando de
la misma.
A ello se suman, según ILC, las
últimas medidas dadas por el Gobierno que eliminan la Secretaría de
Asuntos Agrarios (SAA), la Comisión Presidencial Coordinadora de la Política
del Ejecutivo en materia de Derechos Humanos (Copredeh) y la Secretaría de la
Paz (Sepaz), son un retroceso en la construcción de un Estado más democrático y
respetuoso de los derechos humanos.
Por tales motivos, ILC exhorta a que
el Gobierno guatemalteco de solución a los problemas agrarios del país y que
reconozca el derecho legítimo a la tierra de los campesinos y pueblos
indígenas, entre otras demandas contenidas en el documento.
Por otra parte, la Unidad de
Protección a Defensoras y Defensores de Derechos Humanos de Guatemala
(Udefegua), informó que 677 agresiones a personas defensoras de los derechos
humanos se han reportado en el país en lo que va de 2020. Asimismo, Global
Witness ubica a Guatemala entre los países más peligrosos de la región, para
esta categoría poblacional.
