Por: Milton D’León - Aporrea
Nuevamente es noticia el proceso de
privatización de la producción petrolera en medio del colapso económico del
país, donde Gobierno y oposición concuerdan como "única manera" para
"salvar" la industria: entregándola a transnacionales
estadounidenses, rusas, europeas, chinas y otras latitudes.
En una nota publicada por Bloomberg
este lunes se destaca que "Ante el colapso económico y rígidas sanciones,
el gobierno socialista del presidente venezolano Nicolás Maduro propuso otorgar
participaciones mayoritarias y el control de su industria petrolera a las
grandes corporaciones internacionales, una medida que terminaría con décadas de
monopolio estatal." Obviando el término "socialista" que lejos
está serlo el Gobierno de Maduro, esta propuesta de otorgar "mayor
participación" viene avanzando a ritmo constante.
En un reciente artículo que
publicamos en nuestro Suplemento Ideas de Izquierda a mediados de diciembre
del año pasado, escribíamos que: "Mientras la arrolladora catástrofe
continúa afectando dramáticamente la vida de millones, llevando su situación a
extremos y una economía con caídas destructivas, factores de poder
operan para llevar adelante brutales cambios en el país, incluso de carácter
estructural, donde se avanza en poner a la nación venezolana en una mayor
relación de dependencia y de vulnerabilidad con el mundo económico y financiero
mundial. De manera "silenciosa", para usar una expresión de
Maduro, se han venido tomando decisiones económicas y políticas de
grandes consecuencias para la nación, donde no solo se trata de la
profundización de severos ajustes contra las amplias mayorías de la población
trabajadora, que han sido acompañado por las fuerzas de poder económica
empresarial y capitalistas de todo linaje, sino que implican grandes
cambios que pueden llevar a una mayor semicolonialidad del país."
En la nota de Bloomberg se indica que
"Representantes de Maduro han mantenido conversaciones con la rusa Rosneft
PJSC, Repsol SA de España y Eni SpA de Italia. La idea es permitirles hacerse
cargo de las propiedades petroleras controladas por el gobierno y reestructurar
parte de la deuda de la compañía estatal, Petróleos de Venezuela SA, a cambio
de activos, según personas con conocimiento del tema." Este portal
financiero se "olvidó" mencionar a la estadounidense Chevron y otras
de menor envergadura, pero de igual importancia. Como hemos venido anticipando
se trata de un camino con el que la oposición está de acuerdo, la discusión es
quién lo lidera.
Ya hemos señalado en el artículo
arriba mencionado que en los primeros días de diciembre salió a la luz pública
que el Gobierno y la oposición discutieron la posibilidad de permitir
que compañías privadas que participan en empresas mixtas con PDVSA
asuman el control de los campos petroleros pese a no ser socios mayoritarios.
Tal cuestión se estaría discutiendo para que Chevron, Rosneft y la estatal
china CNPC, pasen a controlar los mayores campos de Venezuela. Las
corporaciones internacionales a la caza del botín. Un negocio donde hay también
grandes empresarios locales, como Oswaldo Cisneros, para solo poner un ejemplo,
que tiene un 40% de participación en la empresa mixta Petrodelta.
Desde mediados de junio del año
pasado en la Comisión de energía y petróleo de la Asamblea Nacional, dominada
por la oposición, se ha venido discutiendo un proyecto de Ley de hidrocarburos
que apunta a la privatización del petróleo venezolano, que contempla la
participación de empresas de exclusivo capital privado en la explotación de
crudo, una actividad hasta ahora reservada al Estado, quien a través de su
empresa (PDVSA) se asocia al capital privado transnacional, con mayoría
accionaria de PDVSA, que es precisamente el esquema que de a poco viene
desmontando el propio Maduro.
En su momento el diputado Luis
Stefanelli de Voluntad Popular declaraba que "Estamos en la búsqueda de
inversión del sector privado puesto que Venezuela no va a contar con recursos
oficiales para reactivar su industria, depende básicamente de la inversión
nacional e internacional del sector privado". Remarcando al mismo tiempo
que "un nuevo marco legal" (privatización) permitiría hacer del
petróleo, nuevamente, "la palanca de desarrollo para el futuro de todos
los venezolanos".
La política en un curso privatizador
en el sector petrolero por parte del Gobierno de Maduro no es nueva ya que las
primeras iniciativas se remontan al 2016, sino un poco antes. En su momento
(2016) el entonces ministro de Petróleo y Minería, Eulogio Del Pino, lo definió
como "nuevo modelo con mayoría del sector privado". Constatando en
ese entonces que: "En la Faja del Orinoco, tenemos firmados acuerdos con
20 empresas mixtas con una modalidad que rige esta nueva estrategia que estamos
llevando adelante porque son compañías en la cual la parte privada tiene 80% y
PDVSA 20%". En el artículo que destacamos a seguir publicado en el 2016
dábamos cuenta del inicio del curso que hoy en el sector petrolero el Gobierno
de Maduro avanza en su proceso entreguista y privatizador.
Es claro que toda esta situación es
aprovechada por las grandes transnacionales, teniendo el respaldo y la política
activa de sus países de origen, para hacerse de su parte en lo que es llamado
como la "joya de la corona", el petróleo venezolano. Se trata de un
gran pillaje que implicará un nuevo gran saqueo a la nación, dividiéndose zonas
de explotación, tal como vienen operando los más diversos países desde Rusia,
China, Estados Unidos, entre otros. De allí el "juego" geopolítico
que orbita alrededor de Venezuela.
Se ha dado a conocer también que
existe una iniciativa aparte, donde el Gobierno se ha comprometido en
conversaciones secretas con los tenedores de unos US$60.000 millones en bonos,
algunos de ellos estadounidenses, al ofrecer asociarlos con una compañía de
perforación extranjera a la que se les otorgarían los derechos de los campos
petroleros como un medio para "recuperar la deuda".
La pelea por el control de la
Asamblea Nacional que se desató en los primeros días de enero está cruzada por
esta cuestión, en la medida que muchos países exigen que los acuerdos que se
están llevando adelante sean aprobados por el poder Legislativo. Una de las
razones por la que Maduro buscó hacerse del control llegando a acuerdos con el
impresentable Luis Parra van en este sentido, sobre todo por las conversaciones
con Rusia y otros países, y poder pasar el negocio petrolero a las
transnacionales.
De igual manera opera Guaidó que está
de acuerdo en todo este camino privatizador, pero buscan llevarlo a cabo ellos
mismos, o en su defecto por un gobierno de transición pactado. De allí las
grandes presiones a la negociación. Es claro que Estados Unidos no bajará las
sanciones sino tiene garantizado sus intereses. Pero hay muchas señales en
curso de probables reuniones secretas, y el reciente viaje de Guaidó podría
haber sido negociado. Por ejemplo, ya el Gobierno, en boca de Diosdado Cabello
ha afirmado que no hará "nada" contra Guaidó a su regreso, pese a
tener una sentencia que le impedía salir del país.
Así mismo es llamativo, como
escribimos en un reciente artículo, el hecho que el Departamento del Tesoro
haya emitido el martes de la semana pasada una licencia que permite a ocho
organizaciones internacionales realizar transacciones con el Banco Central de
Venezuela (BCV). Entre ellas, el Fondo Monetario Internacional (FMI), Banco
Interamericano de Desarrollo (BID) y algunas agencias de Naciones Unidas (ONU),
así como la Corporación Andina de Fomento (CAF), Fondo Interamericano de
Reservas, Banco Mundial (BM). Esto partiendo de que el BCV fue sancionado por
la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (OFAC, siglas en inglés), como
parte de las sanciones de la Casa Blanca.
Todo esto justo en el momento en
que Guaidó emprendía su gira internacional. Una gira sobre la
que poco se ha informado en su real contenido, pero no sería de dudar que en
tales encuentros se crucen intercambios sobre los distintos intereses que
podrían tener estos países visitados en Venezuela, en momentos en que Estados
Unidos, Rusia, China, Francia, Italia, entre otros, buscan remarcar sus
intereses en medio del botín que se les abre en un país en catástrofe.
Enfrentar todo este entreguismo y
nuevo saqueo que se avecina tanto por la política del actual Gobierno de Maduro
como por la de la oposición de derecha es una de las grandes tareas de la clase
trabajadora, además de hacerle frente a los brutales ataques en sus condiciones
de vida que viene sufriendo. Se trata de una ofensiva política y económica que
de la mano de las transnacionales redoblarán las cadenas sobre el pueblo
trabajador.
