El mismísimo Global Risks
Report 2020 que acaba de publicar esta institución incluye el cambio
climático y la degradación ambiental entre los cinco mayores riesgos actuales
para la economía.
Pero esta canción ya la hemos oído.
El sistema capitalista es experto en integrar el lenguaje de la calle en su
narrativa. Por eso los poderosos de Davos nos hablan estos días de
sus esfuerzos para abordar el problema de la “emergencia climática”, de la
misma forma que antes asimilaron los conceptos de desarrollo sostenible,
economía circular o los Objetivos de Desarrollo Sostenible de Naciones Unidas.
Además, este año se
está cuestionando el capitalismo “tal como lo conocemos”. La reunión
anual de Davos de 2020 nos está dejando titulares como: “Davos se somete a
examen el futuro del capitalismo”, “el capitalismo debe reformarse
para sobrevivir” o “Davos despide un capitalismo centrado solo en el
dividendo”.
Como si de un gran confesionario se
tratara, los poderosos del planeta van a Davos a reconocer sus pecados
(capitalistas) y asumir la realidad de los profundos desajustes que provoca el
actual sistema económico y la globalización.
Pero el propósito de enmienda no
incluye acabar con la evasión fiscal, los paraísos fiscales,
el fraude, la financiación de los combustibles fósiles, respetar
los derechos humanos o ajustar el crecimiento económico a los
límites planetarios.
Los y las CEO de algunas grandes
empresas españolas también han acudido a Davos a confesar sus pecados, al
mismo tiempo que hacen propósito de enmienda y prometen la
emisión de bonos verdes, mayor inversión en energías renovables, reciclar
mejor, compensar sus emisiones, etc.
En este contexto de irresponsabilidad
empresarial, en Greenpeace hemos publicado un nuevo informe titulado La
Marca España ante el reto de la Emergencia Ambiental, que resume parte
de los resultados de la investigación llevada a cabo durante 2019 sobre el
grado de cumplimiento de la Ley 11/2018 en materia de Información No Financiera
y Diversidad.
Esta legislación obliga a las grandes
empresas a informar sobre aspectos no financieros pero relevantes a
la hora de determinar el impacto de la empresa en temas
como igualdad, inclusión, sostenibilidad, lucha contra la
corrupción y el soborno o fiscalidad.
Esta auditoría utiliza una muestra
de 23 grandes empresas españolas líderes en sus respectivos sectores
(energético, eléctrico, financiero, construcción, aviación, textil, gran
distribución y cárnico) para evaluar, a la luz de esta nueva legislación, cómo
reportaron en 2018 las grandes empresas españolas en relación al impacto
de sus actividades sobre el medio ambiente y, en concreto, sobre su
sistema de gestión ambiental, prevención de la contaminación, economía
circular, prevención y gestión de residuos, uso sostenible de los recursos,
reducción de emisiones y lucha contra el cambio climático o la protección de la
biodiversidad.
La principal conclusión de este
informe es que las grandes empresas españolas suspenden en materia de
información sobre medio ambiente: la media del grupo de 23 empresas
seleccionadas no supera los 35 puntos sobre 100. Muy frecuentemente las
empresas utilizan un enfoque publicitario en vez de asumir una obligación real
de rendición de cuentas bajo los principios de rigor y transparencia.
Se confunde o se omite la obligación
de evaluar el impacto de la actividad empresarial sobre el medioambiente,
desglosando la información por países y/o instalaciones, o teniendo en cuenta
la compleja cadena de valor de los productos y servicios.
También se confunde el concepto de
economía circular con el reciclaje, o se pretende hacer valer la medición del
impacto sobre la biodiversidad con las acciones de patrocinio, voluntario
ambiental o financiación de proyectos de conservación.
Y hemos constatado que las
grandes empresas ocultan sus errores, infracciones, multas y escándalos, o
infravaloran los impactos negativos.
En definitiva, y más allá de sus
políticas de RSC, sus adhesiones a acuerdos internacionales y sus promesas, las
grandes empresas españolas adolecen de un compromiso serio de lucha contra
la emergencia ambiental. Aunque varían por empresas y sectores, todas ellas
tienen sus particulares “pecados capitalistas”.
Sin abordar el problema del
crecimiento económico, desde la óptica de los límites planetarios (ya
superados), incluido el carácter finito de los recursos naturales, da
igual que el capitalismo se disfrace.
Y mientras este debate se prolonga
por foros y tertulias, nuestro sector empresarial español, altamente
internacionalizado y con complejas de cadenas de valor a lo largo del planeta y
sus habitantes, vive cómodo bajo el nuevo paradigma de un capitalismo
tóxico eternamente cuestionado. Exprimimos el planeta pero
cuestionamos el capitalismo “tal como lo conocemos”.
Necesitamos pasar de la voluntariedad
a la regulación.
Todos los sectores económicos, desde
el financiero hasta el textil, pasando por el sector aéreo o la gran
distribución, deben estar obligados a rendir cuentas y explicar a la
sociedad cuál es el impacto real de su actividad y de sus productos y
servicios, qué están haciendo para reducirlo y, llegado el caso, como están reparando
el daño causado. Y, si no lo hacen correctamente, deben ser sancionadas.
Esto no resuelve de un plumazo la
situación de emergencia ambiental. Pero es obvio que necesitamos más
políticas y regulaciones en lugar de acuerdos voluntarios, adhesiones y
promesas. Un pequeño paso adelante.
- Autor: Nanqui Soto
- Fuente: Greenpeace
