Reportaje de Armando.Info los puso al descubierto: ¿Necesita
lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin.
El portal Armando.Info, especializado en periodismo de investigación,
publicó este domingo 1 de diciembre un reportaje donde se revela la presunta
complicidad de algunos diputados de la oposición en el caso de corrupción en
los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP).
En el reportaje se señala que los parlamentarios, militantes de los
partidos Primero Justicia, Voluntad Popular, Un Nuevo Tiempo, Cambiemos y la
fracción 16 de Julio, supuestamente se habrían prestado, para favorecer y hacer
“gestiones informales” a empresarios como Carlos Lizcano, presidente de Salva
Foods (compañía que maneja las tiendas CLAP), quien además es uno de los
principales contratistas del régimen de Nicolás Maduro.
En el trabajo de investigación se indica que, al parecer, Luis Parra,
diputado de Primero Justicia por Yaracuy, coordinó con el empresario colombiano
Carlos Lizcano (empleado de Alex Saab y Álvaro Pulido, sancionados por el
Departamento del Tesoro de Estados Unidos), la conformación de un grupo de
parlamentarios que le buscaría indulgencias ante autoridades Internacionales.
Según el trabajo periodístico, al menos 9 diputados de oposición estan
involucrados en trama corrupta, entre ellos (Eduardo Parra, Conrado Pérez,
Richard Arteaga, José Brito, Chaim Bucaran, José Luis Pirela y Adolfo
Superlano).
José Escalona con información de Armando.Info
¿Necesita lavar su reputación? Se alquilan diputados para tal fin
Parlamentarios de varios partidos políticos de oposición se vienen
prestando desde hace algunos meses para hacer por encargo gestiones informales
ante organismos como la Fiscalía de Colombia o el Departamento del Tesoro de
Estados Unidos. Emiten cartas de buena conducta a favor de los responsables de
los negociados en torno a las importaciones para los combos CLAP, con el
objetivo de que esos organismos absuelvan o dejen de investigar a empresarios
como Carlos Lizcano, subalterno de los ya internacionalmente sancionados Alex
Saab y Álvaro Pulido.
Que del seno de la Asamblea Nacional ‘en desacato’ surja una defensa
activa del principal programa social y foco de corrupción del Gobierno de
Nicolás Maduro, es solo una de las ironías de esta historia.
Era solo un secreto a voces: que el largo brazo del empresario colombiano
Alex Nain Saab Morán -uno de los principales contratistas del Gobierno de
Nicolás Maduro, sancionado en julio por la Administración Trump junto a su
socio Álvaro Pulido por su participación en el esquema de importaciones para el
programa estatal de los Comité Locales de Abastecimiento y Producción (CLAP),
procesado en Florida por Lavado de Dinero e investigado en otras jurisdicciones
por la opacidad de sus negocios- había entrado a la Asamblea Nacional (AN),
dominada por la oposición venezolana y declarada en desacato por el chavismo,
hasta alcanzar a algunos diputados y controlar sus actuaciones.
Las alarmas se dispararon cuando José Guerra, parlamentario del partido
Primero Justicia (PJ), avisó por Twitter el pasado 6 de noviembre que estaba en
marcha lo que llamó, sin dar muchos detalles, la Operación Maletín Verde para
comprar a algunos de sus colegas. La especie cobró fuerza unos días más tarde
cuando, también por Twitter, circularon otros documentos supuestamente
suscritos en 2018 por diputados de la Comisión de Contraloría -hubo quien los
calificó de apócrifos y la propia Fiscal General en el exilio, Luisa Ortega
Díaz, uno de presuntos destinatarios, negó haberlos recibido- para descargar de
culpas a Saab.
Eso fue así hasta ahora.
Porque documentos y comunicaciones a las que Armando.info tuvo acceso
revelan que desde comienzos de 2018 se venía tejiendo una trama para otorgar
indulgencias a los responsables de los negociados para el suministro de importaciones
para los combos CLAP. El esquema incluye a varios diputados de oposición,
algunos de ellos integrantes de la Comisión de Contraloría del parlamento
nacional, en la práctica, la única instancia anticorrupción que opera en
Venezuela con autonomía respecto al chavismo gobernante.
De acuerdo a los documentos disponibles, dos nombres resultan claves para
entender esta historia. Por el lado de los parlamentarios: Luis Eduardo Parra
Rivero, un diputado de PJ por el estado Yaracuy, integrante de la Comisión de
Medio Ambiente.
Su contraparte en la otra esquina: Carlos Rolando Lizcano Manrique.
Lizcano es también empresario colombiano, tal como la dupla de Saab y Pulido,
bajo cuyas órdenes actúa. Figura en los papeles como propietario de Salva Foods
2015, la compañía que maneja las Tiendas CLAP, surgidas luego de una suerte de
privatización encubierta de la extinta red estatal Abastos Bicentenario, que
tuvo lugar entre 2016 y 2017 con la bendición de Nicolás Maduro.
Las negociaciones entre Luis Parra y Carlos Lizcano han sido constantes y
dieron lugar a la conformación de un grupo informal de diputados de varios
partidos de oposición, que se movilizó en favor de los empresarios colombianos
y su vasta red de negocios con el chavismo, siempre en expansión desde 2013.
Invocan a Guaidó para ganar indulgencias
Una de las actuaciones más recientes del grupo informal de diputados
coordinado por Parra ocurrió el 9 de octubre pasado. Ese día los diputados
Adolfo Superlano, todavía entonces militante del partido Cambiemos -sería
expulsado semanas después, el 11 de noviembre, de la novel organización
dirigida por Timoteo Zambrano-, y José Brito, de Primero Justicia, acudieron a
la sede de la Fiscalía General de la Nación en Bogotá, Colombia, para hacer
entrega de una carta que exime al propio Carlos Lizcano y a Salva Foods de
cualquier irregularidad o relación alguna con Alex Saab. El año pasado la
Fiscalía colombiana acusó formalmente a Saab por evasión de impuestos y
mantiene bajo su mira los negocios del clan con el Gobierno de Maduro.
“Nos permitimos oficializarle que luego de la verificación en los archivos
correspondientes a los asientos del libro de denuncias, se concluye que para la
fecha motivo del análisis no existe ninguna acción incoada en contra del
precitado: Carlos Rolando Lizcano Manrique, ni de su razón comercial Salva
Foods 2015, C.A”, refiere la carta fechada el 20 de septiembre de 2019.
Además de las firmas de Adolfo Superlano y José Brito, también aparecen
las de sus colegas diputados Conrado Pérez Linares, de Primero Justicia;
Richard Arteaga y Guillermo Luces, de
Voluntad Popular (VP); y Chaim Bucaram, Héctor Vargas y William
Barrientos, de Un Nuevo Tiempo (UNT). En la misiva el apellido de este último
diputado, por cierto, está mal escrito.
Lizcano no solo aparece en el complejo organigrama de empresas creado por
Saab y Pulido como dueño de las Tiendas CLAP en Venezuela a través de Salva
Foods, sino también como directivo de Mezedes Holding Ltd, una sociedad
registrada en Emiratos Árabes Unidos, también involucrada en el esquema
comercial detrás de los CLAP.
La presunta certificación de buena conducta en favor del empresario
nacionalizado venezolano, pero nacido en Cúcuta, Los diputados Adolfo
Superlano, hasta hace días del partido Cambiemos, y José Brito, de Primero
Justicia, consignaron ante la Fiscalía de Colombia una carta en defensa de
Carlos Lizcano y la empresa Salva Foods, propietaria de las Tiendas CLAP.
Departamento de Norte de Santander, Colombia, hace 48 años, habría sido
aprobada en “sesión ordinaria” de la Comisión de Contraloría el 18 de septiembre
de 2019 y en respuesta a una petición realizada por el propio Lizcano en una
comunicación del 25 de julio del mismo año, siempre según el texto. Sin
embargo, en la propia comisión no hay registros de esa sesión: Las dos últimas
ocurrieron, una, el 14 de agosto, justo antes del receso parlamentario, y la
otra, la semana pasada, el 20 de noviembre.
En el escrito, consignado ante la subdirección de gestión documental de la
Fiscalía colombiana con el número 20196110908052, los signatarios se permiten
hablar a nombre del cuerpo legislativo entero y hasta de su presidente, Juan
Guaidó, designado por la Asamblea Nacional como Presidente Encargado de la
República el 23 de enero de 2018. “El señor presidente encargado y presidente
de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y nosotros, desde este máximo organismo
de control del Poder Ejecutivo, sorteamos infinidad de obstáculos, pero
conscientes y garantes porque se produzcan cambios sustantivos y se restituya
la ética en la acción funcionarial que debemos poner al servicio de la sociedad
venezolana”, se jactan.
Acumulando millas
La de Colombia no es la única gestión reciente de los diputados en el
extranjero para clarear el historial de Carlos Lizcano. A pedido del
empresario, una comunicación similar fue enviada al Departamento del Tesoro en
Washington a finales de septiembre. Para el momento de cierre de este reportaje
no se pudo confirmar la recepción del documento en las oficinas de ese
equivalente estadounidense a un ministerio de finanzas.
Parece lógico el propósito de persuadir también a ese ente sobre la
inocencia de Lizcano: fue el Departamento del Tesoro el que impuso sanciones
financieras a Alex Saab y Álvaro Pulido el pasado mes de julio; Lizcano
pretendería vacunarse contra futuras medidas en su contra. Los documentos
revisados por Armando.info solo permiten afirmar que el envío postal del
escrito -no se entregó en persona al organismo- se realizó el 26 de septiembre
de 2018 desde una oficina de correos en la capital de Estados Unidos.
También según esos archivos, algunas de las reuniones de coordinación
entre Lizcano, el empresario, y el diputado Luis Parra, han tenido lugar en una
casa en la parroquia El Valle, al suroeste de Caracas, en apartamentos en el
este de la capital venezolana, así como en varios locales de la cadena de las
Tiendas CLAP. El empresario no contestó la solicitud de entrevista para este
reportaje.
Por su parte, el diputado Luis Parra negó conocer al empresario colombiano
o haber participado en conversaciones para que la Comisión de Contraloría lo
terminara favoreciendo. “Los invito, a ti, al que sea, a que, si tienen alguna
prueba de que Luis Parra está relacionado con estos casos, la pongan allí”,
expresó al ser consultado para este reportaje. De hecho, sobre Carlos Lizcano
solo pudo afirmar que “me han dicho que es el supuesto testaferro del señor ese
que tú nombraste (N.d.R.: Alex Saab) y que nombró el otro ladrón que está allá
afuera (N. d. R.: Rafael Ramal dorado
Entre los documentos obtenidos para este reportaje destacan facturas de la
empresa Agroleón Molinos de San Felipe, capital del estado Yaracuy, para Salva
Foods, la compañía de Carlos Lizcano. El propietario de Agroleón Molinos de San
Felipe es Roger León, conocido empresario de esa entidad y amigo del diputado
Parra, que representa a Yaracuy en el parlamento. A ambos se les ha visto en
actividades políticas en esa región del centroccidente venezolano.
Una de las facturas, emitida el 12 de marzo de 2019, muestra a Agroleón
Molinos de San Felipe, en principio dedicada a la venta de todo tipo de granos,
despachando a Salva Foods un cargamento de 30 toneladas de “carne en canal,
puesta en el sitio” por un total de 120 millones de bolívares. Meses antes, el
17 de diciembre de 2018, Agroleón Molinos de San Felipe había emitido otra factura
proforma a nombre de Salva Foods Fze, A pedido del empresario Carlos Lizcano
los diputados de la Comisión de Contraloría de la AN también enviaron por
correo una carta al Departamento del Tesoro de los Estados Unidos, esta,
registrada en los Emiratos Árabes Unidos y también parte de la trama del
negocio de los CLAP, por casi 500.000 euros. El concepto de la factura es por
la compra de un “terreno céntrico de 1.340 metros cuadrados”, y el pago debió
efectuarse a una cuenta en Banesco Panamá. Ni la compañía ni su propietario
contestaron la petición de entrevista sobre esas transacciones.
El acercamiento entre Luis Parra y Carlos Lizcano podría resultar todavía
más desconcertante si se considera que, casi en simultáneo a esas gestiones,
otro diputado del mismo partido, Primero Justicia, y miembro de la Comisión de
Medio Ambiente al igual que Parra, Emilio Fajardo, anunció mediante una nota de
prensa en junio pasado que abriría una investigación sobre Lizcano por la
“ilegal explotación y comercialización del oro” del denominado Arco Minero.
“Hay que ejercer acciones contra aquellos que de manera ilegal Mientras que el
diputado Luis Parra ayudaba a Carlos Lizcano, un empresario amigo del diputado
realizó transacciones con Salva Foods, la compañía del empresario colombiano
explotan y comercializan nuestros recursos naturales por encima de la
devastación ambiental de nuestro país”.
Fajardo no atendió la solicitud de entrevista para este reportaje. Sobre
ese anuncio de su colega de comisión y compañero de partido, Luis Parra indicó
que “llegó fue una nota de prensa que decía que ese tal Carlos Lizcano tiene
minas y una mafia de oro, y nosotros estamos abiertos a que entreguen las
pruebas”. Sin embargo, replicó al ser consultado sobre los avances de esa
eventual investigación, “tú no puedes investigar lo que no existe”.
Desde el año pasado Alex Saab y su red también aparecen relacionados a la
comercialización y extracción de oro venezolano. La incursión en este negocio
tendría propósito doble: por una parte, ofrecer a Nicolás Maduro una vía para
sortear las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos al régimen de
Caracas; pero también Emilio Fajardo, diputado de la Comisión de Medio
Ambiente, al igual que Luis Parra, anunció a los medios que debía investigarse
a Carlos Lizcano por su participación en la comercialización ilegal de oro.
Para asegurarse una forma de pago difícil de rastrear por las importaciones
efectuadas para los CLAP. Fuentes que hasta hace poco conocieron de cerca la
estructura de los empresarios colombianos, aseguran que el propio Carlos
Lizcano suele viajar a la zona minera del sur de Venezuela.
El origen de un ‘modus operandi’
La factura proforma por casi 500.000 euros de Agroleón Molinos de San
Felipe para Salva Foods Fze arroja una pista adicional acerca de la trama
tejida entre el grupo de Alex Saab y los diputados de oposición. Desde la
compañía, la factura fue enviada por correo electrónico al diputado Luis Parra
y a Carlos Herrera, ex concejal del Distrito Metropolitano de Caracas, director
del website Primicias24.com y promotor del autodenominado Bloque de Prensa
Digital Venezolano. El asunto no parece casual.
Luis Parra y Carlos Herrera son amigos y viajaron en abril de este año a
Europa junto con otros dos diputados: Conrado Pérez y Richard Arteaga. El 17 de
abril los cuatro debieron regresar desde Madrid a Caracas en un vuelo de Air
Europa, con escala en República Dominicana. Los pasajes fueron comprados en una
agencia de viajes en Bogotá. “Es como que yo te pregunte de dónde sacas el dinero
para mantenerte, para viajar y para hacer las cosas que estás haciendo, quién
te paga para andar investigando, yo creo que estás cruzando unas líneas”,
respondió Parra al ser interrogado sobre ese viaje. Ni el editor de
Primicias24, ni los diputados Conrado Pérez y Richard Arteaga, atendieron la
petición de entrevista.
En abril Conrado Pérez y Richard Arteaga también estuvieron en París,
Francia, con unos pasajes comprados en la misma agencia de viajes en Bogotá
para volar por la línea Air France.
Sobre ninguna de estas giras hubo información pública de parte de los
parlamentarios. Fuentes cercanas a los diputados agregan, además, que por esos
días habrían viajado a Bulgaria, Portugal y hasta el enclave alpino de
Liechtenstein, para posiblemente entregar oficios anunciando el cierre de la
investigación contra el entramado de Alex Saab. En algunas de esas
jurisdicciones, precisamente, hay indagatorias contra los movimientos
financieros de los empresarios colombianos y sus empresas. El diario búlgaro Dnevnik.Bg,
a partir de una minuta enviada desde la cancillería búlgara a un diputado del
partido socialista de ese país, reseñó en junio la visita hecha por
parlamentarios el 12 de abril, aunque sin detalles de las peticiones de los
funcionarios venezolanos a autoridades de ese país.
Los pasajes de los diputados y Carlos Herrera, director de Primicias24
fueron comprados en una agencia de viajes en Bogotá.
Días después del viaje inicial a España los tres diputados -Parra, Pérez y
Arteaga- aparecieron nuevamente en Europa. Estuvieron acompañados por los
colegas José Brito, Chaim Bucaram y Adolfo Superlano, firmantes todos de la
carta que el 9 de octubre de 2019 llegó a la Fiscalía de Colombia en defensa de
Carlos Lizcano y Salva Foods.
Los diputados estuvieron el 10 de mayo en Roma y el 14 de mayo en Madrid,
para pedir a autoridades de ambos países que investiguen a Rafael Ramírez, el
ex ministro de Petróleo y ex
presidente de la petrolera estatal Pdvsa durante el Gobierno de Hugo
Chávez, así como ex Vicepresidente del Área Económica con Nicolás Maduro, entre
otros cargos. De esta gira por España e Italia sí hubo fotos, declaraciones a
medios de esos países y hasta explicaciones a la vuelta a Venezuela. “Vive como
un príncipe en un castillo que cuesta entre seis y siete millones de euros (…)
Yo emplazo al Fiscal Tarek William Saab a que haga la solicitud a Interpol”,
declaró el 22 de mayo el diputado Chaim Bucaram sobre la acusación contra
Rafael Ramírez, ya reincorporado a la Comisión de Contraloría.
En Madrid y Roma estuvo también el diputado José Luis Pirela,
representante del estado Zulia y actual miembro de la llamada fracción
parlamentaria del 16 de julio, disidente de la oposición mayoritaria,
encabezada por María Corina Machado y Antonio Ledezma. No obstante, Pirela se
apura a aclarar que su participación fue para acompañar en esa denuncia contra
Ramírez y otra por el caso Derwick, asociado a corrupción en inversiones
eléctricas en Venezuela. “No acepto que se mezcle mi nombre en un tema en el
que no tengo nada que ver. No he hecho nada distinto con los miembros de esa
comisión de contraloría”, repitió quien hace parte de la Subcomisión
Antidrogas, Antiterrorismo y Delincuencia Organizada de la AN.
Ese viaje de los integrantes de la Comisión de Contraloría, precisamente,
llamó la atención de los jefes de los partidos políticos y en particular del
presidente de esa instancia, Freddy Superlano, diputado por el estado Barinas
del partido Voluntad Popular (VP). “No era una gira de acción de la comisión;
si es algo oficial, primero se aprueba en plenaria o el presidente la autoriza.
De no ser así, se trata de una acción individual y no institucional”, aclara
Superlano, a quien no hay que confundir con el también diputado Adolfo
Superlano, con quien aquel asegura no tener parentesco.
Integrantes de la Comisión de Contraloría viajaron a Roma y Madrid para
denunciar, entre otras personas, a Rafael Ramírez. El viaje al final encendió
otras sospechas sobre la actuación de algunos de esos parlamentarios.
El aún presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano, niega
haber firmado cartas en favor de los negocios de Alex Saab.
Ese 22 de mayo, día de las declaraciones del diputado Bucaram contra
Rafael Ramírez, Freddy Superlano ya estaba fuera del país en un exilio autoimpuesto
desde abril pasado. Así que Conrado Pérez, hasta ese momento vicepresidente de
la comisión, declaró a los medios de comunicación que asumía la “voz de los
compañeros de la Comisión de Contraloría”. Desde entonces, Conrado Pérez ha
fungido en la práctica como presidente de facto de esa instancia del
parlamento.
Hay que hacer notar que el mismo Conrado Pérez y el diputado Richard
Arteaga suscriben las cartas de autenticidad incierta, fechadas en 2018 y
filtradas a la prensa y por redes sociales la semana pasada, en las que los
parlamentarios absuelven de cualquier irregularidad ya no a Lizcano, sino al
mismísimo Alex Saab. Uno de esos papeles también contiene la firma del
presidente de la Comisión de Contraloría, Freddy Superlano.
Tanto en su cuenta de Twitter como al ser consultado para este reportaje,
Superlano negó “enfáticamente” haber firmado ese documento.
La gira oficiosa por Europa del grupo de diputados despertó todo tipo de
especulaciones en el Hemiciclo, incluidas las de quienes afirmaban que en su
financiación había estado la chequera de Alex Saab. La comidilla no era solo
entre diputados. En un encuentro digital con los corresponsales extranjeros en
septiembre de este año, el propio Rafael Ramírez, caído en desgracia y hablando
desde un lugar indeterminado por vía remota, así lo dijo. “Estuvieron en Europa,
muy cómico, bueno, muy trágico, acusándome con unas pancartas horribles en mi
contra, pero después me dijo gente de la oposición que ese viaje fue pagado por
Alex Saab, es el señor de las cajas CLAP y que la Comisión de Contraloría no
investiga”.
Primero justicia emite un comunicado vía twitter
Desde @Pr1meroJusticia somos
implacables ante la corrupción . Somos quienes hemos liderado las
investigaciones en contra de Alex Saab y toda la trama del poder que está
detrás de sus acciones. Por eso hemos decidido sancionar a los diputados que
aparecen señalados. pic.twitter.com/q3gw7U3x66
— Primero Justicia (@Pr1meroJusticia) December
1, 2019
Tomado de Costa del Sol 93.1 FM
