Por Víctor
Álvarez R.
Premio
Nacional de Ciencias
Venezuela
atraviesa por una prolongada crisis económica, política y social que requiere
la participación consciente de sus ciudadanos para superarla. No se trata solo
de un cambio político, también se requiere un cambio en el modelo económico, lo
cual implica la transformación de la cultura rentista por una nueva cultura
tributaria, sustentada en el valor del trabajo y la inversión productiva.
Cualquier
gobierno que sustituya al régimen de Maduro recibirá un país en ruinas. Desde
el inicio tendrá que aplicar drásticas medidas para corregir los graves
desequilibrios macroeconómicos que causan la escasez e hiperinflación. Y a las
medidas de ajuste económico suele atribuirse un impacto social y un costo
político. Para aliviar el déficit fiscal y erradicar su
financiamiento con emisiones de dinero inflacionario, el nuevo gobierno tendría
que sincerar las tarifas de los servicios públicos de electricidad, agua, gas y
telecomunicaciones, lo cual no sería bien recibido en un país castigado por una
prolongada escasez y voraz hiperinflación. Por si fuera poco, también tendría
que sincerar el precio de la gasolina.
Macri heredó
del kirchnerismo unas tarifas de los servicios públicos tan bajas que su
recaudación no permitía cubrir los costos de mantenimiento. Para corregir el
déficit fiscal y aliviar las presiones inflacionarias, tomó la decisión de
sincerar las tarifas de los servicios públicos, pero la clase media urbana, las
pymes y los trabajadores sintieron que sobre sus espaldas recaía el mayor peso
del ajuste. El creciente descontento social se expresó en un costo
político-electoral que abortó las reformas económicas y llevó al reemplazo del
gobierno que impulsó las mismas.
En Ecuador, la reducción del
subsidio a la gasolina -con su impacto en las tarifas de transporte público-,
se anunció luego de aprobar una ley que ofreció generosas exoneraciones de
impuestos a las grandes inversiones de capital. En Chile, el aumento en las
tarifas del Metro fue la gota que rebosó el vaso y dejó al descubierto el
enorme descontento social acumulado a lo largo de varios años.
La viabilidad
de una transición política en Venezuela, sin marchas y contramarchas, tiene que
mirarse en el espejo de estos países. Los problemas económicos heredados después
de largos períodos de gobiernos populistas no
pueden corregirse cargando el costo del ajuste sobre la población más
vulnerable. El creciente descontento que se genera terminará restaurando al
viejo orden que ya se creía definitivamente superado.
Hasta ahora,
la atención nacional ha estado muy enfocada en el debate político y no se está
prestando suficiente atención a la viabilidad económica y social de la
transición política. A fin de facilitar este proceso, es necesario elevar el
conocimiento económico en la sociedad venezolana para que pueda comprender las
causas de la escasez, hiperinflación, desempleo, pobreza y demás problemas económicos
que los azotan y, sobre esta base, identificar y apoyar las alternativas de
política económica más convenientes para mejorar su calidad de vida y grado de
bienestar.
Quienes
aspiran a gobernar el país están emplazados a fortalecer la conciencia económica
de la sociedad venezolana a fin de facilitar la viabilidad social,
económica y política de las reformas económicas que el país necesita. Así será
posible crear el consenso y apoyo necesario en torno a las medidas correctas,
el orden lógico en el que deben ser aplicadas, así como la velocidad adecuada
para asegurar la buena marcha del programa de reformas.
La lección está clara: quienes en
Venezuela predican que sin cambios políticos no habrá cambios económicos y
aspiran gobernar al país para darle un viraje al modelo rentista y populista,
plagado de subsidios y gratuidades indebidas que se pagan con el impuesto
inflacionario, tendrán que prestar más interés y atención a la distribución de
los costos que generan los ajustes macroeconómicos. Si no se prevén las debidas
compensaciones, y si las medidas no se comunican y explican bien, el rechazo de
los sectores afectados puede dar al traste con el programa de reformas
económicas.
Tomado de Debate
Económico
