El caso de Odebrecht en Venezuela duerme el sueño eterno, no se concluyeron las investigaciones, no hay detenidos, no hay presos, no hay lista de los que recibieron comisiones
Denuncias van, denuncias vienen,
investigaciones van, investigaciones vienen, detenidos y presos van, detenidos
y presos vienen, listas de cobradores de camisones van y vienen, todo
relacionado con los casos de corrupción de la empresa Odebrecht en américa
Latina, eso sí, el gran pero, pero menos en Venezuela.
El caso de Odebrecht en Venezuela
duerme el sueño eterno, no se concluyeron las investigaciones, no hay
detenidos, no hay presos, no hay lista de los que recibieron comisiones, en
conclusión en el país de Latinoamérica donde se manejó más dinero por parte de
Odebrecht, no hubo corrupción.
Texto tomado de Costa del Sol
La acusación de un constructor
brasileño sacude la política en Chile, Bolivia y Perú
El expresidente del grupo OAS, preso
por Lava Jato, menciona sobornos a decenas de políticos latinoamericanos, entre
ellos Michelle Bachelet, Evo Morales y Ollanta Humala
La homologación por la Corte Suprema
de Brasil del acuerdo de colaboración del empresario Léo Pinheiro, expresidente
de la constructora OAS, sacude la política en varios países de América Latina.
En su confesión, el empresario, encarcelado en 2016 por la Operación Lava Jato
tras ser acusado de participar de una trama de sobornos con la petrolera
Petrobras, acusa a una treintena de políticos brasileños y menciona a al menos
a tres líderes latinoamericanos: Evo Morales (presidente de Bolivia, por un
acuerdo para presuntamente favorecer la obra de una carretera), Michelle
Bachelet (expresidenta de Chile, por supuestamente recibir un pago que
financiaba parte de su campaña) y Ollanta Humala (expresidente de Perú, por un
presunto abono a un publicista que trabajó con él).
La homologación es la última etapa
jurídica antes que el relato se utilice para respaldar investigaciones
judiciales. El acuerdo de colaboración de Pinheiro —autor de un testimonio
clave en la condena judicial al expresidente brasileño Lula da Silva y que
salió este martes de la cárcel para pasar a prisión domiciliaria— se firmó a
finales del año pasado, pero estuvo retenido durante meses, sin explicación, en
la Fiscalía Nacional. Pasó finalmente a la Suprema Corte a principios de
septiembre, cuando a la fiscal Raquel Dodge —hasta hace poco fiscal general del
Estado— le quedaban solo dos semanas antes de dejar el cargo.
Algunos episodios relatados por
Pinheiro ya se habían filtrado a la prensa y se estaban utilizando en procesos
judiciales en Brasil y en otros países. El expresidente de OAS ya había
detallado todos los presuntos crímenes a los fiscales, en unas declaraciones
que se grabaron en vídeo. Pero la semana pasada una buena parte de los crímenes
que dice que cometió se convirtieron oficialmente en el punto de mira de la
justicia.
El lunes, Folha de S. Paulo y The
Intercept anticiparon algunos fragmentos del acuerdo. EL PAÍS, que también tuvo
acceso al acuerdo de Pinheiro por las conversaciones de los fiscales de Lava
Jato en Telegram filtradas a Intercept, confirmó que en la delación homologada
por la Corte el empresario sostiene que el presidente boliviano, Evo Morales,
participó de maniobras que favorecían a OAS. Según Pinheiro, el expresidente
Luiz Inácio Lula da Silva (Partido de los Trabajadores, PT) le pidió que asumiera
las obras de un tramo de la carretera Tarija-Potosí, en Bolivia, y dijo que
Morales “estaría dispuesto a compensar económicamente a la empresa” con otro
contrato: la construcción de la carretera de Villa Tunari. Según Pinheiro, era
una manera de evitar que se produjese un desgaste en las relaciones
diplomáticas entre ambos países. La concesión la tenía otra constructora
brasileña, Queiroz Galvão, que no estaba cumpliendo las condiciones del
acuerdo.
El ejecutivo también declaró que Lula
prometió que le concedería un crédito del Banco Nacional de Desarrollo
Económico y Social (Bndes) para asumir el proyecto. Según Pinheiro, a través de
un acuerdo entre Lula y Morales, Bolivia retiró las sanciones que había
impuesto a Queiroz Galvão y autorizó que OAS asumiera las obras de la carretera
Tarija-Potosí. Como compensación, la constructora habría obtenido el contrato
de Villa Tunari. Sin embargo, según Pinheiro, OAS acabó perdiendo el contrato
por dos motivos: conflictos sociales en la región y el retraso en la concesión
del crédito por parte del Bndes.
Repercusión en Bolivia
Las declaraciones del empresario
brasileño tuvieron repercusión en la política boliviana, con la oposición a
Morales pidiendo explicaciones. El ministro de Comunicaciones, Manuel Canelas,
sin embargo, rebatió las menciones al país andino y exigió “pruebas” de las
acusaciones, según informa el diario La Razón, de La Paz. El embajador
boliviano en Brasil, José Kinn, afirmó al citado periódico que si Pinheiro
efectivamente relató esas informaciones, “son declaraciones en el marco de un
acuerdo judicial de delación sobre algo que nunca existió: que el presidente
Morales haya actuado, a petición de Lula, para entregar una obra sin
licitación”.
Bachelet, Lagos y Humala
El expresidente de OAS también
menciona en su declaración supuestos pagos de la constructora a Michelle
Bachelet, presidenta de Chile en los periodos 2006-2010 y 2014-2018. Según
Pinheiro, la constructora temía perder la adjudicación de la construcción del
Puente Chacao, en un consorcio con la coreana Hyundai, si Bachelet se imponía
en las elecciones de 2013. Por este motivo, la presidenta chilena —siempre
según ese testimonio— le habría pedido ayuda a Lula, a lo que él respondió que
hablaría con el expresidente chileno Ricardo Lagos y/o con Bachelet para que no
perjudicaran a OAS.
Según Pinheiro, Lula le pidió dinero
para la campaña de Bachelet. El primer pago se realizaría el 6 de junio de
2014, con Bachelet ya en la presidencia. Entonces, según Pinheiro, se pagaron
101,6 millones de pesos chilenos (unos 142.000 dólares), por medio de un
contrato ficticio con la empresa Martelli y Asociados, que pertenecía al
chileno Nicolás Martelli Montes.
Bachelet, que hoy ocupa el cargo de
alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, ha negado la versión de
Pinheiro: afirma que nunca se ha relacionado con él y que considera extraño que
hubiera hablado sobre el asunto en un acuerdo de colaboración que sale a la luz
ahora. “Mi verdad es la misma de siempre: yo no he tenido nunca vínculos con
OAS ni con ninguna otra empresa”, señaló Bachelet este martes en una entrevista
con la televisión pública chilena 24 horas. Lagos también rechazó la versión
del brasileño: “Nunca he hablado de plata con Lula. Es todo lo que le puedo
decir. Y menos en 2013, cuando yo ya no era presidente. Esto es lo más insólito
que me ha pasado”.
Otro exmandatario latinoamericano
mencionado en las conversaciones es Ollanta Humala, presidente de Perú entre
2011 y 2016. Tanto el político como su esposa, Nadine Heredia, ya estuvieron en
prisión por supuestamente participar de lavado de dinero en una trama con la
constructora brasileña Odebrecht, según las investigaciones de la Fiscalía
peruana. En el caso de OAS, Pinheiro dice que la empresa se gastó unos 859.000
reales (210.000 dólares) con la empresa del publicista brasileño Valdemir
Garreta, que trabajó en la campaña de Humala en 2011. También alega que pagó
por los servicios de comunicación que Garreta prestó a Susana Villarán,
entonces alcaldesa de Lima.
La defensa de Humala en Brasil rebate
las acusaciones de Pinheiro. “Esa alegación de Leo Pinheiro es mentirosa”,
afirma Leonardo Massud, el abogado que representa al expresidente peruano en el
gigante sudamericano. “Sé que hubo un contrato con Valdemir Garreta para su
campaña, pero esa declaración [de que dinero de la OAS pagó la campaña] no es
cierta”.
Garreta, a su vez, llegó a un acuerdo
de delación con el ministerio público de Perú y dio la misma versión de
Pinheiro a los fiscales peruanos, de que recibió pagos de la OAS para financiar
la campaña de Humala. Garreta, por su parte, dio la misma versión de Pinheiro
cuando declaró el lunes en la fiscalía de Curitiba, en un proceso en que es reo
por Lava Jato. “La OAS financió nuestro trabajo”, dejó caer el publicista. El
letrado de Humala, sin embargo, minimiza las acusaciones a su cliente: “Hay
varios casos en que una persona dice que recibió dinero por alguna razón, pero
recibió por otra, o igual retuvieron esos recursos, dado que en esas
operaciones había poco control, era todo a la base de la confianza”.
El tríplex de Lula da Silva
En su acuerdo de colaboración, el
expresidente de OAS revela unas presuntas negociaciones comprometedoras con
Lula da Silva, que incluyen la polémica reserva y reforma de un apartamento
tríplex en la costa del Estado de São Paulo, un caso por el que el exmandatario
ha sido condenado. Pinheiro ya había declarado sobre el tríplex en el juicio
contra Lula, y la información que proporcionó fue decisiva para enviarle a la
cárcel en 2018.
Cuando empezó a negociar con la
Fiscalía, en 2016, Pinheiro negaba que la reforma del tríplex hubiera sido una
forma de pagarle una comisión ilegal al expresidente brasileño, pero más tarde
asumió ante la justicia que el valor salió de la cuota de comisiones ilegales a
las que el PT tenía derecho por los contratos que OAS tenía con la estatal
Petrobras. Tras ser condenado, Pinheiro mantuvo esa versión en el acuerdo de
colaboración. La defensa de Lula ya ha alegado que la declaración de Pinheiro
es falsa y que forma parte de una persecución política contra el expresidente.
En una entrevista con EL PAÍS, Lula mencionó la declaración de Pinheiro: “Léo,
que estaba detenido aquí [en Curitiba] y me denunció, se pasó tres años
diciendo una cosa y luego cambió el discurso. Mi abogado le preguntó por qué lo
hacía y él respondió: ‘sigo las orientaciones de mi abogado”.
Un reportaje de The Intercept y Folha
de S. Paulo, publicado en julio, reveló detalles de conversaciones entre los
fiscales de Lava Jato, en que opinaban que el acuerdo de Pinheiro era “muy
malo”, porque inicialmente negaba que el tríplex fuera fruto de comisiones
ilegales. Cambió la versión un año después, como muestran los mensajes
intercambiados entre el equipo de investigación y analizados por The Intercept
y Folha de S. Paulo. Cuando estaba detenido en Curitiba, sin embargo, Pinheiro
envió una carta para refutar a los periódicos y asegurar que no cambió su
versión.
Después de tres años en negociación,
la delación de Leo Pinheiro quedó marcada por una serie de polémicas. A la
demora en alcanzar un acuerdo se suma el supuesto cambio de versiones para
acusar a Lula. Otro episodio también demuestra la falta de consenso sobre las
declaraciones de Pinheiro. La fiscal Dodge, que había pedido que se archivaran
sumariamente algunas de las acusaciones realizadas por el empresario. Entre
ellas, una que implicaba al presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia.
Seis fiscales del equipo de Dodge pidieron su dimisión de forma colectiva
porque discrepaban sobre la omisión de informaciones determinado por la jefa.
El Supremo, sin embargo, aceptó la petición de Dodge y suprimió esos fragmentos
de la delación. El acuerdo de Pinheiro llega en un momento en que la Operación
Lava Jato está siendo objeto de críticas por su supuesta imparcialidad después
que el sitio web The Intercept revelase diferencias en función del color
político.
El País