El Comité de
Derechos Humanos de la ONU ha acusado este miércoles al Estado paraguayo de ser
responsables de la intoxicación de personas, fuentes de agua, suelo y cultivos
por las labores de fumigación masiva con productos agroquímicos, por
lo que ha reclamado una investigación "efectiva y exhaustiva" e
indemnizaciones para las víctimas.
Estas
víctimas son trabajadores rurales de una misma familia dedicados a la
agricultura en el departamento de Canindeyú, una zona en la que ha aumentado el
cultivo de semillas de soja modificadas genéticamente.
Según el
Comité, que agrupa a 18 expertos, las fumigaciones masivas han tenido graves
consecuencias en la vida de estas personas, en su salud y en su subsistencia.
La
contaminación se ha saldado, "por ahora", con la muerte de una
persona y la intoxicación de otros 22 habitantes de la zona, ha advertido el
grupo. Las víctimas sufrieron síntomas como "náuseas, mareos, dolores de
cabeza, fiebre, dolor estomacal, vómito, diarrea, tos y lesiones en la
piel".
Además,
"contaminaron los recursos hídricos y acuíferos, impidiendo el uso de
arroyos y causaron la pérdida de árboles frutales, la muerte
de varios animales de cría, y la pérdida de cultivos", ha argumentado el
Comité de Derechos Humanos en un comunicado.
El Comité ha
señalado que existe una "relación innegable" entre la protección del
medio ambiente y el respeto de los Derechos Humanos, y ha acusado a Paraguay de
violar el derecho a la vida.
La Justicia
ya ha responsabilizado al Ministerio de Ambiente y el Servicio Nacional de
Calidad y Sanidad Vegetal y de Semillas de permitir estos daños, por lo que
entiende que "el Estado no ha cumplido con su obligación o deber de
proteger los derechos constitucionales a la salud, a la integridad física y
psíquica, a la calidad de vida, y a vivir en un ambiente saludable y
ecológicamente equilibrado".
El Comité de
Derechos Humanos ha lamentado que nunca se haya aplicado dicha decisión, en la
que ambas instituciones fueron exhortadas a "proteger los recursos
ambientales y garantizar que se cumpla la franja de protección entre
la zona de aplicación de productos fitosanitarios de uso agrícola y los
asentamientos humanos (...) y cursos de agua".
Así, las
fumigaciones han continuado sin ninguna medida de protección ambiental y los
productores de las plantaciones de soja cercanas a las viviendas de las
víctimas siguen aplicando "masivamente" agroquímicos sin licencias
ambientales, ha denunciado el grupo de expertos.
Una muestra
del agua del pozo doméstico de la vivienda evidencia la presencia de
químicos prohibidos y, más de ocho años después de los hechos,
"las investigaciones no han avanzado sustantivamente y no han permitido
establecer responsabilidades penales ni reparar a las víctimas por los daños
sufridos".
Por el
derecho a la vida, el Comité se refiere al "derecho a disfrutar de una
vida digna y a no ser objeto de acciones u omisiones que causen una muerte
prematura o no natural".
"Es un
dictamen histórico a favor del reconocimiento del vínculo entre los daños
severos al medio ambiente y el disfrute de derechos fundamentales, civiles y
políticos", ha destacado una de las integrantes del Comité, Hélène
Tigroudja. "Alentamos profundamente a los Estados a proteger el
derecho a la vida entendido como el derecho de disfrutar de una vida digna
frente a la contaminación ambiental", ha añadido.
Fuente:Econoticias.com
