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22 julio, 2019

Nicolás Maduro debe liberar sin condiciones a la jueza Afiuni y a todos los presos políticos



El 5 de julio, Día de la Independencia de Venezuela, llegó con una gran noticia para todos aquellos que esperan lo mejor para el futuro del país: Michelle Bachelet, la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, anunció que la jueza María Lourdes Afiuni había sido liberada del régimen de presentación después de casi diez años de confinamiento. Sin embargo, su liberación llegó con condiciones: el juez a cargo de su caso estableció restricciones que le impiden viajar al extranjero y limitan su libertad de expresión. La jueza Afiuni fue liberada junto con un periodista, Braulio Jatar, y otros veinte presos políticos. De este modo, uno de los actos más arbitrarios de Hugo Chávez ha sido por fin revertido.
Afiuni había permanecido encarcelada sin un juicio durante más de un año. Su crimen había sido otorgar la libertad condicional supervisada a un banquero, Eligio Cedeño, quien por su parte había estado en prisión durante más de un año sin ser enjuiciado; la corte le exigió el pasaporte al banquero y que se reportara cada semana con la jueza. Pero en vez de hacer esto, el banquero huyó del país y la jueza fue acusada de “corrupción propia, abuso de autoridad, favorecimiento para la evasión y asociación para delinquir”. En la cárcel de mujeres donde estaba encerrada sufrió abusos sexuales y psicológicos (como amenazas de muerte de reclusas a las que les había dictado sentencia), y su salud e integridad física fueron puestas en serio peligro.

Como parte de una gran cantidad de personas que buscaron la libertad de Afiuni, nosotros llevamos a cabo negociaciones directas con el gobierno de Chávez con el fin de presionar y conseguir su liberación. Cuando la salud de la jueza llegó a un punto de alto riesgo, le fue otorgado arresto domiciliario. Al final, fue dejada en libertad condicional con régimen de presentación, pero durante años no fue posible que una sentencia definitiva terminara con la pesadilla que tuvo que soportar. Por lo tanto, recibimos la noticia de su liberación con sentimientos encontrados, pues, aunque es un paso en la dirección correcta, tardó demasiado en llegar y es aún un proceso incompleto. El sufrimiento extremo de una mujer valiente y resistente, dedicada a hacer cumplir la ley, nunca debió haber ocurrido.
Tras años de una larga confrontación política en Venezuela, la liberación incondicional de María Lourdes Afiuni sería sin lugar a dudas un paso importante. Sin embargo, se calcula que siguen detenidas 590 personas en su misma situación: sin juicio, por razones políticas y bajo circunstancias hostiles.
Todo parece indicar que este es el momento adecuado para que Nicolás Maduro libere a todos los presos políticos. Venezuela está enfrentando el colapso humanitario más grave en la historia reciente de América Latina debido a años de un deterioro político constante, un colapso económico acompañado del aislamiento internacional casi total y abrumadoras sanciones económicas impuestas por Estados Unidos. Como resultado, cuatro millones de venezolanos han huido de su país, lo que ha creado tensiones y caos en países vecinos como Colombia, Ecuador, Brasil y Perú.
La liberación de presos fue una decisión fundamental para que se resolviera el conflicto en Irlanda del Norte, el cual duró décadas y destruyó el tejido social en esa parte del mundo. Tal decisión llevó al reconocimiento de la naturaleza política del conflicto, independientemente de la cantidad de sangre derramada, y al final abrió la oportunidad de llegar a un acuerdo de paz y a la normalización de la situación política. Pareciera que Maduro se encuentra en un momento crítico similar, en el cual podría actuar con firmeza y salir del punto muerto en que han caído intentos anteriores por alcanzar soluciones políticas en Venezuela.
El papel que ha asumido la alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos en la evaluación de la situación de los derechos humanos en Venezuela puede ser una oportunidad para lograr una solución negociada después de los intentos fallidos por promover el diálogo político entre el gobierno de Maduro y la oposición. Las reuniones recientes en Noruega, Suecia y Barbados podrían ofrecer una vía hacia unas elecciones libres y justas que resolverían el estancamiento político del país. La pelota ha comenzado a rodar y, para quienes trabajamos en el caso de Afiuni, queda claro que la mejor solución posible sería un acuerdo político que lleve a un periodo de transición durante el cual sea posible recuperar las instituciones democráticas, poner fin a la crisis humanitaria y revertir la crisis económica, de manera que Venezuela pueda de nuevo ponerse en pie.
La liberación de Afiuni es algo para celebrar y lo hacemos de todo corazón. No obstante, también podría conducir a un camino más sólido que permita encontrar una solución política en Venezuela. Exhortamos a Maduro a liberar a todos los presos políticos, tanto militares como civiles. Esa decisión le demostraría al mundo que él y los demás dirigentes de su gobierno están dispuestos a avanzar en la restauración de la nación venezolana. Dentro de Venezuela, representaría un salto enorme que podría animar a los líderes de la oposición, que hoy se encuentran escépticos, a buscar una solución negociada entre todos los venezolanos. Podría ser un momento crucial para llevar a cabo unas elecciones libres y justas que resuelvan uno de los nudos políticos más complejos del continente americano de los últimos tiempos.
Nota editorial:
Al comienzo del proceso de detención de la jueza María Lourdes Afiuni, Boris Muñoz —quien ahora es el editor de Opinión de The New York Times en Español— fue un cuarto participante, junto con los autores de este ensayo, en los esfuerzos por liberarla. Desde que se unió al Times no ha tomado parte en ese esfuerzo y no tuvo ningún papel en escribir o editar este ensayo.
*Leonardo Vivas es profesor de política internacional en el Emerson College; Noam Chomsky es profesor en la Universidad de Arizona y profesor emérito del Instituto de Tecnología de Massachusetts, y Charlie Clements es exdirector ejecutivo del Centro Carr para los Derechos Humanos en la Escuela Kennedy de Harvard.

Tomado de The New York Times en Español