La Alta
Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos acusa a Maduro de graves
violaciones a los DD.HH. y exigió medidas para detener y remediar la situación
en Venezuela. También denuncia una situación crítica de pobreza y acceso a la
salud.
Un día antes
de lo previsto, la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos
Humanos, Michelle Bachelet, dio a conocer su informe tras su visita de tres días a
Venezuela, que se llevó a cabo entre el 19 y el 21 de junio. En un documento de
18 páginas y basado en 558 entrevistas a víctimas, testigos y otras fuentes,
incluyendo abogados y abogadas, profesionales de la salud y de los medios de
comunicación, defensores y defensoras de los derechos humanos, y ex militares y
oficiales de seguridad, la exmandataria toma una posición muy crítica respecto
del régimen de Nicolás Maduro y denuncia que en Venezuela se violan “los
derechos económicos y sociales de los venezolanos”. El informe abarca
el período de enero de 2018 a mayo de 2019.
En un primer
punto el informe “confirma violaciones al derecho a la alimentación, incluida
la obligación del Estado para garantizar que la población no padezca hambre”.
“Las personas entrevistadas constantemente refirieron una falta de acceso a
alimentos, debido tanto a la escasez como a los precios inasequibles. La
disponibilidad de suficiente comida de calidad es deficiente, y los
entrevistados dijeron que comían una vez, o como mucho dos veces, al día y que
consumían pocas proteínas o vitaminas”, señala.
A su vez, “en
cuanto al derecho a la salud en Venezuela, la situación es grave. Las personas
entrevistadas describieron consistentemente una infraestructura de la atención
a la salud que lleva años deteriorándose y que se caracteriza por el éxodo de
doctores/as y personal de enfermería, así como por graves carencias en la
atención médica básica y de medicamentos”. Incluso advierte que “hay falta de
acceso a todos los tipos de anticonceptivos, con algunas ciudades enfrentando
una escasez del 100 por ciento”. Según el documento, las “violaciones
al derecho a la salud son resultado del incumplimiento del Gobierno de sus
obligaciones fundamentales, las cuales son irrenunciables, aún por motivos
económicos”.
Si bien el
informe de Bachelet reconoce que durante dos décadas el gobierno de Hugo Chávez
“promovió políticas sociales a través de las “Misiones Bolivarianas, las cuales
eran programas destinados a luchar contra la pobreza y la exclusión social, así
como a reducir la brecha de desigualdad de género. Hoy en día, las y los
venezolanos/as dependen cada vez más de los programas sociales para acceder a
niveles mínimos de ingresos y alimentos”. También sostiene que “el gobierno
ha atribuido la culpa de la crisis económica a las sanciones impuestas a Venezuela,
argumentando que, debido al “over-compliance”, las transacciones
bancarias han sido retrasadas o rechazadas y los activos congelados, lo cual
dificulta la habilidad del Estado para importar alimentos y medicinas”.
Uno de los
puntos más críticos tiene que ver con las violaciones a los derechos políticos
de los venezolanos. “En los últimos años el Gobierno ha tratado de imponer una
hegemonía comunicacional imponiendo su propia versión de los hechos y creando
un ambiente que restringe los medios de comunicación independientes”,
apunta. “Durante al menos una década, el Gobierno, así como las
instituciones controladas por el Gobierno han aplicado leyes y políticas que
han acelerado la erosión del estado de derecho y el desmantelamiento de las
instituciones democráticas, incluyendo la Asamblea Nacional”, indica.
Simulacros de
tortura
En cuanto a
la oposición, el informe de Bachelet explica que las políticas del régimen “van
acompañadas de una retórica pública, utilizada también por autoridades de alto
rango, que desacredita y ataca de manera constante a quienes critican al
Gobierno o se oponen a él. La oposición política, los/as activistas
de derechos humanos y los/as periodistas, entre otros/as, son con frecuencia
blanco de discursos que los tildan de “traidores” y “agentes desestabilizadores”.
Los medios de comunicación progubernamentales difunden ampliamente esta
retórica, por ejemplo, a través del programa televisivo semanal “Con el mazo
dando,” presentado por el Presidente de la Asamblea Nacional Constituyente
(ANC)”.
Sobre los
presos políticos, El ACNUDH pudo documentar información detallada de 135 casos
de personas (23 mujeres y 112 hombres) privadas arbitrariamente de la libertad
entre 2014 y 2019. De ellas, 23 fueron detenidas en 2018 y 8 en 2019. Es
precisamente en este último punto en el que Bachelet lanza durísimos
dardos contra Maduro. Al hablar de las torturas, sostiene que “en la
mayoría de estos casos, se sometió a las mujeres y los hombres detenidos a una
o más formas de tortura o trato o pena cruel, inhumana o degradante, como
la aplicación de corriente eléctrica, asfixia con bolsas de plástico,
simulacros de ahogamiento, palizas, violencias sexuales, privación de agua y
comida, posturas forzadas y exposición a temperaturas extremas”. “Las
fuerzas de seguridad y los servicios de inteligencia, especialmente el SEBIN y
la DGCIM, recurrieron de manera habitual a esas medidas para extraer
información y confesiones, intimidar y sancionar a las personas detenidas”,
agrega.
El informe
sostiene también que “según el Gobierno, la implementación de operaciones
de seguridad ciudadana ha llevado a un descenso constante de la
delincuencia en el país, especialmente del delito de homicidio”. Al mismo
tiempo, “las autoridades clasifican las muertes violentas resultantes de las
operaciones de seguridad como “resistencia a la autoridad”.
Y sobre
la migración de los venezolanos, el documento afirma que “el número
de personas que se han visto obligadas a dejar Venezuela ha aumentado
dramáticamente desde 2018, alcanzando más de 4 millones para el 6 de junio de
2019. Colombia acoge la mayor cantidad de personas, seguida por Perú, Chile, la
Argentina, Ecuador y el Brasil. Violaciones de los derechos a la alimentación y
la salud son los factores principales. Muchas personas buscan protección de su
derecho a vivir con dignidad. Otros factores son la violencia y la inseguridad,
el colapso de los servicios básicos y el deterioro del sistema de educación”.
A modo de
conclusión, el informe apunta: “El ACNUDH considera que existen motivos
razonables para creer que se han cometido graves violaciones de los
derechos económicos y sociales, incluidos los derechos a la alimentación y la
salud, en Venezuela. El Gobierno se negó a reconocer la magnitud de la
crisis hasta hace poco y no adoptó las medidas apropiadas. Conforme se
agudizaba la crisis económica, las autoridades empezaron a utilizar los
programas sociales de forma discriminatoria, por motivos políticos, y como
instrumento de control social. Las recientes sanciones económicas están
agravando la crisis económica, lo que en último término aumentará el impacto
negativo en el disfrute por la población de los derechos económicos y
sociales”.
Recomendaciones
Tras el duro
diagnóstico de la situación en Venezuela, Bachele insta al gobierno de Maduro a
que “adopte todas las medidas necesarias para garantizar la
disponibilidad y la accesibilidad de alimentos, agua, medicamentos esenciales y
servicios de atención de la salud, incluidos programas amplios de atención de
la salud preventiva, prestando especial atención a los servicios maternos e
infantiles, incluida la atención de la salud sexual y reproductiva”.
Al mismo
tiempo, exige que “adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir
las violaciones de los derechos humanos, en particular las violaciones graves,
como la tortura y las ejecuciones extrajudiciales; lleve a cabo
investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y
transparentes de las violaciones de los derechos humanos, incluidas las muertes
de indígenas, y lleve a los responsables ante la justicia; ponga en libertad a
todas las personas privadas arbitrariamente de su libertad; detenga, condene
públicamente, castigue y prevenga todos los actos de persecución y
represión selectiva por motivos políticos, incluidas la retórica
estigmatizadora y las campañas de desprestigio; adopte medidas efectivas para
proteger a las personas defensoras de los derechos humanos y a las personas
profesionales de los medios de comunicación y cese toda intimidación y ataques
contra los pueblos indígenas, incluidos/as sus líderes y lideresas, y garantice
su protección y adopte todas las medidas necesarias para proteger sus derechos
individuales y colectivos, incluido su derecho a la tierra”.
Por otro lado
recomienda que el gobierno “detenga y prevenga el uso excesivo de la
fuerza durante las manifestaciones; disuelva las FAES y establezca un
mecanismo nacional imparcial e independiente, con apoyo de la comunidad
internacional, para investigar las ejecuciones extrajudiciales llevadas a cabo
en el curso de operaciones de seguridad, asegurar que sus responsables rindan
cuentas, así como que las víctimas sean reparadas; garantice que todos los
programas sociales se implementen de manera transparente, no politizada y no
discriminatoria, con la aplicación de medidas eficaces de supervisión y rendición
de cuentas y aumente la cobertura de la vacunación contra enfermedades
evitables y adopte medidas adecuadas para controlar los brotes de enfermedades
transmisibles”.
