Una opinión desde Costa Rica. Terror a 286 km de San José

Costa Rica no puede quedarse quieto viendo cómo, a 286 kilómetros de San José, termina de erigirse una dictadura que aplasta la libertad de expresión y toda oposición política mediante encarcelamientos y represión armada. Un país defensor de la democracia debe promover presión internacional sobre el régimen. Por cercanía física, el riesgo de consecuencias económicas también es evidente. Por los hechos ocurridos en Managua, diciembre del 2018 fue un mes triste para la democracia en la región y un augurio para el 2019. -El 15 de diciembre, sin orden judicial, la Policía de Nicaragua ocupó la sede del diario independiente Confidencial y agredió a periodistas, al tiempo que allanó cinco ONGs a las cuales el Congreso les retiró la personería jurídica. -El 19 de diciembre, el gobierno de Daniel Ortega expulsó del país a los organismos de derechos humanos dos días antes de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes expusiera los resultados de su investigación sobre la represión a las protestas que empezaron en abril.  El Grupo concluyó que, en Nicaragua, ocurrieron crímenes de lesa humanidad, es decir,  confirmó que hubo un ataque generalizado o sistemático contra una población, en este caso, por parte del propio Estado. -El 21 de diciembre, la Policía de Nicaragua irrumpió en las oficinas del canal independiente 100% Noticias y cortó la señal de la televisora. A la vez, detuvo al dueño del canal, Miguel Mora, y a la periodista costarricense-nicaragüense, Lucía Pineda Ubao. Ambos fueron encarcelados bajo cargos de terrorismo, de incitación al odio y de discriminación contra sandinistas. Fueron apresados con base en una ley sobre terrorismo promovida por Ortega después de las protestas de abril, la cual fue calificada como herramienta para reprimir legalmente a la oposición. Según el expediente judicial de Pineda, al cual pudo acceder La Nación, la acusa con base en denuncias de personas afines al Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), el partido de Ortega. Hasta la fecha, ni siquiera hay certeza sobre en qué cárcel está ella. El Consulado costarricense no ha podido tener acceso. Reacción costarricense. El gobierno de Carlos Alvarado reaccionó de inmediato, primero exigiendo acceso a Lucía Pineda, por su condición de costarricense, y luego deplorando la escalada de represión contra la prensa. La Casa Amarilla también promovió una reunión de emergencia en los últimos días de diciembre en la sede de la Organización de Estados Americanos (OEA) y lo logró. En consecuencia, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, solicitó activar el proceso para aplicar la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua, lo que podría acarrearle una suspensión del organismo y el cierre de financiamientos. El gobierno costarricense no se guardó palabras ante los hechos y reclamó más apoyo internacional contra la represión. Su estrategia diplomática pudo ser mejor, como lo señaló el exembajador ante La Haya, Sergio Ugalde, en entrevista con La Nación, pero lo cierto es que el gobierno se ha tomado en serio el tema pese a las críticas internas. Y el tema apenas empieza. No es cosa menor.  Esteban Oviedo, editor de la sección Política del diario La Nación de San José de Costa Rica.