Hace sesenta
años, la Revolución cubana definió el mundo moderno, pero ahora el liderazgo de
la isla está en un momento definitivo: continuar con un régimen autoritario o
cambiar y optar por la apertura democrática. Ese cambio sería verdaderamente
revolucionario.
Por JON LEE ANDERSON * / Tomado
de The New York
Times
Este es un ensayo de Revolución
60, una serie que conmemora el sexagésimo aniversario de la Revolución
cubana. La sección reunirá a escritores, intelectuales, artistas,
protagonistas, disidentes y partidarios de la Revolución para discutir su papel
en el desarrollo histórico de América Latina y sus relaciones con Estados
Unidos en los últimos sesenta años.
Se cumplen sesenta años de la Revolución cubana, que el
Partido Comunista celebró el martes 1 de enero, y la isla está estable. El país
logró superar amenazas existenciales, como la invasión de playa Girón en 1961,
la Crisis de los Misiles de 1962 y medio siglo de aislamiento diplomático y
sanciones económicas devastadoras impuestas por Estados Unidos.
Cuba también sobrevivió al colapso de la Unión Soviética, su
principal benefactor durante la Guerra Fría, y a una serie de disturbios
internos traumáticos, incluidos el éxodo del Mariel en 1980 y el éxodo de los
balseros en 1994. Por último, pero no menos importante, Cuba ha gestionado bien
sus primeras transiciones políticas importantes: la que se dio en 2016, después
de la muerte de su máximo líder, Fidel Castro, y la sucesión en 2018 de su
hermano menor, Raúl Castro, por Miguel Díaz-Canel Bermúdez,
un hombre de 58 años que ha sido un integrante fiel del Partido Comunista.
En otras palabras, por primera vez desde 1959 no hay un
Castro en el gobierno de Cuba y el país ha manejado la transición sin el drama
ni el derramamiento de sangre que muchos otros Estados revolucionarios han
experimentado después de la muerte de sus patriarcas.
El sistema comunista cubano no muestra signos de colapso. Sin
embargo, ya está muy avanzada la discusión interna sobre si debe haber más
democracia o continuará una dictadura, aunque no se usan esos términos.
La forma en la que esa disputa se resuelva determinará el
futuro de la nación. Aunque la retórica usada en buena parte del debate es casi
litúrgica por lo restrictiva, hay un espacio cada vez más amplio para los
puntos de vista divergentes. Cada vez es más evidente que la sociedad cubana ya
no es un bloque homogéneo —si alguna vez lo fue— de trabajadores
revolucionarios dispuestos simplemente a aplaudir o guardar silencio ante las
decisiones de sus líderes.
Una posible señal de cambio es que se hará un febrero
sobre el proyecto constitucional que remplazará a la carta magna de los tiempos
de la Guerra Fría. El anteproyecto ha tenido numerosas modificaciones para
incorporar las opiniones de los ciudadanos cubanos que fueron consultados sobre
las reformas propuestas. No todos los cambios son progresistas: a consecuencia
de una supuesta demanda pública generalizada, se eliminó una cláusula que
habría permitido de manera explícita el matrimonio igualitario; otra
modificación reinstauró el lenguaje que describe que el mayor objetivo político
de Cuba es “el avance hacia la sociedad comunista”.
También hubo un rechazo público contra un proyecto de ley que
prohibía la acumulación de propiedad privada. Al final, el gobierno cedió y
accedió a un acuerdo en el que reguladores estatales determinarán, caso por
caso, qué propiedades se pueden poseer. Otro decreto que
ha generado resistencia social es el que propone un sistema de aprobación
oficial previa para la realización de actividades culturales y de censura al
arte que, se considere, contenga contenido “vulgar y obsceno” o en el que se
haga mal uso de los símbolos patrios. El gobierno ya prometió que se revisarían
aspectos del decreto.
Estos desacuerdos ponen en evidencia la naturaleza cambiante
de la lucha por definir al Estado cubano. Algunas de las preocupaciones que se
han planteado en el proceso de consulta reflejan de manera clara la voluntad de
los cubanos de mayor edad, muchos de los cuales son socialmente conservadores,
han pasado la mayor parte de sus vidas en el régimen comunista y son un
porcentaje cada vez mayor de la población. Otras inquietudes dan cuenta de la
influencia y la incipiente confianza en sí mismos de los cubanos más jóvenes:
un porcentaje cada vez más grande de esta generación forma parte de la nueva
economía del país, conocida como “cuentapropismo” o autoempleo, que se autorizó
y expandió de manera significativa durante el mandato de Raúl Castro.
El cuentapropismo es el tipo de empleo de casi 600.000
personas (alrededor de un 13
por ciento de la fuerza laboral de Cuba) y se puede decir que
actualmente constituye la parte más vibrante, innovadora y lucrativa de la
economía del país. Sin embargo, la tendencia del gobierno ha sido tratar de
desacelerar su crecimiento mediante controles más estrictos. Recientemente, los
taxistas privados declararon una huelga informal —una
acción casi inaudita— después de que el gobierno anunció nuevas reglas que
limitaban su oficio y sus planes de aumentar la cantidad de transporte público.
Algunas de las principales preocupaciones del gobierno de
Cuba son cómo sostener una economía que tuvo una tasa muy baja de crecimiento
el año pasado —1,4 por ciento— y cómo equilibrar su presupuesto sin eliminar
sus sistemas de salud y educación gratuita y la seguridad alimentaria, de
empleo y de vivienda.
Sin embargo, aunque la mayoría de las noticias que llegan de
Cuba estos días tienen que ver con la economía, hay algunas novedades que
podríamos considerar de otro tiempo. En diciembre, por ejemplo, aparecieron
encabezados que describían cómo ahora los cubanos tendrán acceso a la
red 3G en sus celulares. Se trata de un acontecimiento anodino en la mayoría de
los países occidentales, pero de una enorme importancia en Cuba, donde los
ciudadanos ni siquiera tenían permitido usar un celular hasta
2008, cuando Raúl Castro lo autorizó mediante un decreto.
Otra noticia destacada a finales del año pasado fue que Cuba
alcanzó un nuevo récord de turistas: 4,75 millones. Es casi el doble del número
de visitantes que recibió la isla hace solo cuatro años, cuando el presidente
Barack Obama y Raúl Castro anunciaron sus avances diplomáticos, que
restablecieron las relaciones entre Estados Unidos y Cuba después de medio
siglo de ruptura.
En contraste con el gobierno de Obama, el de Donald Trump ha
adoptado una postura de hostilidad hacia Cuba y ha impuesto una serie de sanciones que
pretenden restringir la inversión o la asistencia financiera a empresas e
instituciones —incluyendo algunos hoteles y centros turísticos— vinculados con
las fuerzas armadas o los servicios de inteligencia cubanos.
Las relaciones entre ambos países también se han deteriorado
a consecuencia de los misteriosos “ataques
sónicos” que ocurrieron en la isla y afectaron a varias decenas de
diplomáticos estadounidenses y canadienses desde finales de 2016. Esto ha
provocado el cierre virtual de la presencia diplomática estadounidense en el
país. El Departamento de Estado de Estados Unidos trasladó sus servicios
consulares para cubanos a su embajada en Guyana, a más de 3000 kilómetros. En
noviembre de 2018, el asesor de seguridad nacional de Trump, John Bolton, dio
un discurso en el que reprendía a Cuba, Nicaragua y Venezuela por ser la “troika
de la tiranía” y prometió impulsar políticas que ayudaran a derrocar sus
gobiernos.
Aunque la relación oficial entre Cuba y Estados Unidos sigue
siendo precaria, el contacto entre ciudadanos cubanos y estadounidenses comunes
y corrientes, en general, se ha profundizado y ha mejorado. El hecho de que los
cubanos ahora puedan ser propietarios de negocios y viajar —algo que no podían
hacer sin un permiso oficial hace tan solo una década— significa que ya no
están tan aislados como solían estarlo y que tienen más libertades que en el
pasado.
Todos estos cambios son buen augurio para el futuro de Cuba,
aunque sus gobernantes todavía necesitan convencerse de que no hay que temer a
la libertad de expresión, asociación, arte, literatura y prensa. También
deberán seguir siendo astutos en sus negociaciones con Estados Unidos para
evitar que se repitan el tipo de políticas de contención que los aislaron
durante la Guerra Fría, y que ahora se están implementando para aislar al
régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.
En una época en la cual Estados Unidos ya no puede decir que
es el bastión democrático que alguna vez fue, Cuba tiene una oportunidad de
competir, aunque a una escala mucho menor. A pesar de todos sus defectos, buena
parte del mundo respeta a Cuba por haberse enfrentado al gigante estadounidense
durante la última mitad del siglo. También se admira y quiere a Cuba por su
programa de asistencia médica internacional, por su música, su danza y por sus
logros en el arte y el deporte. Sin embargo, estas virtudes y los logros del
pasado no son suficientes para que la isla siga adelante.
Para existir de una forma en la que la supervivencia no sea
la única aspiración, Cuba necesita reinventarse. Puede comenzar por no tomar
partido en el nuevo orden mundial tan polarizado.
De manera más inmediata, eso significa replantearse su
relación con Venezuela y Nicaragua. Ambos son países con los que Cuba tiene
lazos antiguos y mucha historia compartida, pero que se han vuelto cada vez más
represivos y ya no son amigos de los que pueda enorgullecerse. Para hacer lo
correcto, no es necesario que Cuba traicione a sus amigos: podría desplegar sus
considerables recursos políticos y diplomáticos para asumir un papel de
liderazgo en garantizar que las necesarias transiciones políticas en Venezuela
y Nicaragua sean pacíficas.
Los gobernantes de Cuba también necesitan continuar su ruta
de apertura. Así como lo hizo hace sesenta años con una revolución que —para
bien o para mal— contribuyó a definir el mundo moderno, Cuba puede una vez más
elegir su propio camino, y de nuevo ser un líder entre las naciones. Puede
elegir ser un país más democrático. Eso sí que sería
verdaderamente revolucionario.
*Jon Lee Anderson es reportero de The New Yorker y autor de
“Che Guevara: Una vida revolucionaria”.
