El Cooperante
Según detalló la ONG Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) en su informe anual, hay un retroceso en derechos humanos desde 1989, año en que el estallido social de El Caracazo dejó al menos 250 muertos, de acuerdo con cifras oficiales.
La emergencia humanitaria compleja, la violencia institucional y la inseguridad han convertido el derecho a la vida en el derecho más violentado. La salud de los venezolanos se deteriora ante la mirada vil del Gobierno de Nicolás Maduro que intenta tapar el sol con un dedo.
El informe indica que los derechos económicos -que incluyen adecuada alimentación y sanidad- y civiles y políticos de los venezolanos se vieron vulnerados durante 2017 en el país suramericano, al tiempo que instó al Gobierno de Nicolás Maduro a “garantizar” los derechos constitucionales. “Durante este ciclo de protesta más de 5.000 personas fueron arrestadas arbitrariamente, incluyendo numerosas detenciones colectivas. Igualmente, durante este período de protestas, fueron recibidas más de 101 denuncias de tortura”, añade el informe, titulado “De la rebelión popular al fraude electoral”.
Siendo la única respuesta del gobierno: asumir una actitud indolente ante el sufrimiento, ordenar a sus fuerzas militares y policiales recurrir al uso excesivo de la fuerza ante la protesta social, y afianzar su dictadura imponiendo por vía fraudulenta una asamblea nacional constituyente que desconoce la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela de 1999.
El trabajo deja constancia de la cada vez más deteriorada situación de Venezuela al recoger que 16,2 % de los niños del país padeció durante el 2017 algún tipo de desnutrición, en el marco de la grave crisis económica que azota a la nación caribeña. 9 de cada 10 venezolanos no puede pagar su alimentación diaria; 8 de cada 10 venezolanos declararon haber comido menos por no contar con suficiente alimento en el hogar o por la escasez; aproximadamente 8,2 millones de venezolanos ingieren dos o menos comidas al día.
