Las Academias Nacionales, de acuerdo a su carácter y
naturaleza, deben estar atentas a asuntos relativos al bienestar del
gremio científico y académico en particular y la ciudadanía en general,
entre ellos, la defensa de derechos humanos y civiles exigida por
la sociedad moderna. En consecuencia, es su deber expresar su
preocupación por informaciones generadas en el Foro Penal, autoridad en
materia penal reconocida así por la colectividad internacional, sobre la
detención de miembros de la comunidad universitaria, sin seguir los
procedimientos estipulados en la Constitución y leyes de la República. Ya
el pasado 10/10/2017 nos pronunciamos al respecto de 8 profesores
universitarios detenidos en esas condiciones.
Hoy nos referimos a los universitarios y profesionales en
ciencias de la salud José Alberto Marulanda Bedoya y Williams Alberto Aguado
Sequera, recluidos en Ramo Verde y presentados ante tribunales militares a
pesar de su condición civil, quienes habrían manifestado haber sido
víctimas de torturas, como también lo habrían sido estudiantes y otros
ciudadanos detenidos en condiciones similares.
En el muy reciente “Informe de la Secretaría General de la
Organización de Estados Americanos y del Panel de expertos internacionales
independientes sobre la posible comisión de crímenes de lesa humanidad
en Venezuela”, en declaraciones de abogados defensores y organizaciones de
gran prestigio en el ámbito de la promoción y defensa de los derechos
humanos en nuestro país, se da cuenta repetidamente de la utilización de métodos
de tortura extrema en ciudadanos detenidos sin procedimientos ajustados a la
ley, inconsistentes con la vigencia del Estatuto de Roma, documento que se
especializa en la vigilancia y penalización de genocidios y crímenes
atroces y del cual es signataria la República Bolivariana de Venezuela.
La tortura se
considera un crimen en el Derecho Constitucional e Internacional, destruye
la personalidad de la víctima, degrada su dignidad, deja secuelas que se
prolongan en tiempo y espacio y es un método opresivo de intimidación y
control, expresamente prohibido en la Declaración Universal de los DDHH.
En tal sentido, las Academias Nacionales hacen un llamado a
las autoridades gubernamentales para que revisen las denuncias que habrían
presentado las víctimas y de ser este el caso, detengan la utilización de
cualquier método de tortura, oficien con urgencia la atención médica de
los casos hasta hoy denunciados y liberen a los presos de conciencia, a los
efectos de cumplir con las leyes nacionales y los acuerdos internacionales en
la materia.
En Caracas, a los 18 días del mes de junio de 2018.
Horacio Biord Castillo
Presidente de la Academia Venezolana de la Lengua
Inés Quintero Montiel
Directora de la Academia Nacional de la Historia
Leopoldo Briceño-Iragorry Calcaño
Presidente de la Academia Nacional de Medicina
Gabriel Ruan Santos
Presidente de la Academia de Ciencias Políticas y
Sociales
Gioconda Cunto de San Blas
Presidenta de la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y
Naturales
Humberto García Larralde
Presidente de las Academia Nacional de Ciencias
Económicas
Gonzalo Morales
Presidente de la Academia Nacional de Ingeniería y el Hábitat
