Agencia EFE / Tomado de yahoo.es
Atenas .- Ocho años después de la firma del primer rescate y
a punto de salir del tercero, Grecia registra por primera vez índices
macroeconómicos positivos, pero los monumentales estragos que dejó una
draconiana austeridad, sin precedentes en Europa, apuntan a que el proceso de
recuperación será muy largo.
En 2017, la economía registró un crecimiento real del 1,4 %,
gracias sobre todo al repunte de las exportaciones, y Grecia experimentó un
superávit primario (excluye el pago de intereses de la deuda) del 4,2 %, una
cifra récord que superó con creces los objetivos marcados con los acreedores
(1,75 %).
Además, generó un superávit presupuestario del 1,4 %, algo impensable
hasta hace poco, habida cuenta de que en el pico de la crisis, en 2011, el
déficit alcanzó el 9,1 %.
Nadie pone en duda que estos datos son buenos, pero partiendo
de la base de que en los ocho años de crisis Grecia perdió el 25 % de su
producto interior bruto (PIB), todavía hay mucho camino que recorrer hasta
lograr un crecimiento sostenible.
El coste social de los tres rescates no tiene parangón. El
desempleo se disparó desde el 12,7 % en 2010 hasta el 27,5 % tres años después.
Desde entonces los índices están experimentando una tímida recuperación (21,5 %
en 2017).
Miradas bajo el microscopio, las cifras sin embargo
demuestran que la mayor parte del empleo es precario: las contrataciones a
tiempo completo disminuyeron desde el 79 % del total en 2009 al 44 % en 2017,
mientras que los contratos "flexibles" aumentaron desde el 21 % al 56
%, señala a Efe Yorgos Aryitis, director del departamento de estudios del
Instituto de Trabajo perteneciente al sindicato del sector privado, GSEE.
"Todo esto, añadido a que la deuda se disparó del 127 %
del PIB al 180 %, demuestra que los programas de ajuste no lograron estabilizar
la economía, y sobre todo no consiguieron crear las condiciones para un
crecimiento económico sostenible", añade.
A su juicio, la clave para que la recuperación económica sea
duradera pasa por un sustancial alivio de la deuda, y sobre todo por echar el
freno a las políticas de austeridad.
"El aumento del empleo y de los ingresos disponibles
debe ser a partir de ahora el núcleo de la política económica", sostiene
este economista que duda de que esto vaya a ocurrir si se tiene en cuenta que
el Gobierno ya se ha comprometido con los acreedores a recortar nuevamente las
pensiones y a reducir el mínimo exento de impuestos en el periodo postrescate.
Los pensionistas, que durante la crisis se convirtieron en el
principal sustento de muchas familias en desempleo, están entre los principales
perdedores de la austeridad. El 74 % de los jubilados vive con menos de 1.000
euros al mes.
Con 250.000 empresas que han tenido que echar el cerrojo a lo
largo de los últimos ocho años, y el 90 % de los desempleados en situación de
paro prolongado, todos los analistas y actores económicos coinciden en que lo
que necesita el país ahora es un impulso económico fuerte, y sobre todo
inversiones.
"Lo que hace falta es una fuerte inyección de
crecimiento y un programa de reconstrucción productiva que lleve al país hacia
el crecimiento, pero hacia un crecimiento sostenible", explica a Efe
Yorgos Kavvathás, presidente de GSVEE, la asociación de pymes del sector de la
producción y la restauración.
Para Akis Skertsos, director general de SEV, la confederación
de la industria griega, Grecia ha logrado a día de hoy consolidar sus finanzas
públicas y mejorar su competitividad internacional, pero el coste ha sido
inmenso: desempleo y desinversión masiva, una enorme cartera de créditos
impagados, ahorro negativo y emigración.
Por ello -dice- lo primordial es cerrar el ciclo de
desinversión y acercarse a los promedios de la eurozona, lo que se traduce en
la necesidad de elevar las inversiones anuales a alrededor del 20 % del PIB, o
45.000 millones de euros, el doble a las efectuadas en 2017.
A juicio de Vassilis Korkides, presidente de la asociación de
pymes del comercio, ESEE, una de las herramientas fundamentales que debe
aplicar el Gobierno para impulsar las inversiones y la productividad debe ser
reducir la presión fiscal de las empresas y mejorar el acceso de las pymes al
crédito.
El Gobierno lo ha prometido y asegura que destinará los
excedentes que surjan del sobrecumplimiento de los objetivos del superávit
primario -espera que en 2022 incluso alcance el 5,1 % del PIB frente al 3,5 %
pactado- a bajar los impuestos y a ayudas sociales.
Ingrid Haack
