Tomado de
WTC
El Gobierno estadounidense fue el que puso sobre aviso a la
Fiscalía Anticorrupción (España) de los presuntos delitos cometidos por Duro
Felguera en Venezuela, informaron a Europa Press en fuentes conocedoras de la
investigación.
La denuncia estadounidense está en el origen de la querella
presentada por el brazo del Ministerio Fiscal contra la compañía, su
presidente, Ángel Antonio del Valle Suárez, y su consejero delegado, Juan
Carlos Torres Inclán, por presuntos delitos de corrupción internacional y
blanqueo de capitales.
En concreto, la Embajada estadounidense en Venezuela
transmitió a Anticorrupción toda la información que obraba en su poder,
incluyendo los indicios y pruebas de que disponía, sobre las supuestas
actividades ilícitas cometidas por los directivos de Duro Felguera, como
sobornos a políticos venezolanos, como medio para conseguir contratos en el
país.
El proceso deriva de la investigación a la Banca Privada de
Andorra (BPA) y a su filial Banco Madrid en 2015. La Financial Crime
Enforcement Networks (FinCEN), la red de control del crimen financiero
dependiente del Tesoro de Estados Unidos, acusó a la dueña del Banco Madrid de
realizar blanqueo de capitales con organizaciones criminales y le cortó las
líneas de financiación, lo que derivó en la caída de Banco Madrid.
Entre la documentación revisada en Banco Madrid aparecían una
serie de pagos en cuentas de dirigentes venezolanos vinculados a los nombres de
Antonio del Valle y Juan Carlos Torres.
Tras contrastar los informes recibidos y ante la gravedad de
las acusaciones, la Fiscalía Anticorrupción ha decidido querellarse contra la
ingeniería y sus dos principales directivos por presuntos delitos de corrupción
y blanqueo, tras detectar pagos por comisiones y sobornos a políticos
venezolanos.
Asimismo, un informe del Servicio de Prevención de Blanqueo
de Capitales (Sepblac), dependiente del Ministerio de Economía, detectó
“indicios de criminalidad” por pagos en una cuenta del Banco Madrid, del que
eran clientes los políticos sobornados.
En el texto de la querella, el Ministerio Fiscal acusa a
Torres y a Del Valle de haber firmado una serie de contratos con entidades y
personalidades venezolanas relacionadas con el Gobierno del país entre 2008 y
2011, cuyo objetivo era encubrir el pago de comisiones o sobornos a funcionarios
públicos venezolanos para favorecer los intereses de la empresa.
LOS DÍAS CONTADOS
Fuentes financieras consultadas por Europa Press creen que
este asunto derivará en la salida del actual presidente de Duro Felguera una
vez se capitalice la compañía y se asegure su viabilidad.
De hecho, el mismo directivo se habría comprometido con los
bancos acreedores (Santander, Popular, Caixabank, Sabadell, Bankia y BBVA) a
dejar el cargo en cuanto la compañía esquive la quiebra y logre su
supervivencia.
La banca acreedora de Duro Felguera ha acordado con la
dirección de la compañía prorrogar el acuerdo de espera (‘standstill’), que
inicialmente expiraba el 30 de septiembre, hasta el 31 de enero de 2018, al
objeto de dar oxígeno a la firma para poder sortear la inviabilidad.
Los bancos han puesto encima de la mesa 31 millones en avales
para que la firma asturiana pueda seguir con su actividad y el cobro de las
nóminas por parte de los empleados esté garantizado.
Este nuevo plazo de espera daría más tiempo a la compañía
para impulsar los proyectos en marcha y negociar con posibles interesados en su
adquisición. Ingenierías como Elecnor o TSK figuran en las quinielas para
hacerse con Duro Felguera, además del gigante chino de la construcción China
State Construction Engineering (CSCEC) o el fondo de inversión británico
Bybrook.
La exposición total de la banca a Duro Felguera, incluidos
avales, asciende a 1.068 millones. El banco que preside Ana Botín es el líder
indiscutible del ‘pool’ bancario, al acumular un 54% del riesgo financiero de
la empresa.
FUENTE: EUROPA PRESS
