El Grupo de Pensamiento Universitario (GPU) es un escenario de reflexión, discusión y producción de conocimientos acerca de los temas relacionados con la universidad y el país, conforme al espíritu y letra de la Ley de Universidades, que le asigna a las instituciones universitarias el ser portavoz y rector de los valores democráticos y republicanos, así como también ser conciencia crítica de la sociedad y espacio para la defensa de los valores de la libertad, la justicia social y la defensa de los derechos de ciudadanía.
Por estas razones y ante los recientes hechos ocurridos en la región carabobeña como es la detención de los profesores de la Universidad de Carabobo Julio García y Rosmary Di Pietro, quiénes han sido señalados como presuntos responsables de los delitos de traición a la patria y asociación para delinquir, entre otros, queremos manifestar lo siguiente:
1.- Nuestra absoluta convicción de estar en presencia de imputaciones muy alejadas de la trayectoria y prácticas de ciudadanía de los profesores Julio García y Rosmary Di Prieto, que no se corresponden en absoluto con la honorabilidad que reconoce la comunidad académica en ellos. Se trata de dos ilustres profesores de trayectoria académica prístina y transparente, dignos representantes de la academia ucista, con responsabilidades gremiales perfectamente equilibradas en sus roles de defensa de los derechos laborales y que han desarrollado en todo momento acciones dirigidas al mejoramiento continuo de sus agremiados, tarea perfectamente tipificada y protegida en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
2.- Nuestra gran preocupación ante acciones de desconocimiento de los derechos civiles contemplados en la carta magna, totalmente distantes de los principios de sana convivencia democrática y del derecho a demandar de los órganos del estado, el respeto al marco legal y a la institucionalidad democrática.
3.- Nuestro rechazo en relación al sometimiento de dichos profesores a procedimientos judiciales de naturaleza militar en desmedro de los derechos legítimos que tienen a ser juzgados en libertad y a través de los órganos judiciales naturales, dada su condición de civilidad y en uso pleno de sus derechos de acuerdo con los preceptos constitucionales correspondientes.
En virtud de ello exigimos las garantías constitucionales previstas en la carta magna y referidas a la presunción de inocencia, el respeto al debido proceso, el derecho a ser enjuiciados por tribunales de naturaleza civil, en libertad.
Valencia, 15 agosto 2017.
