Tomado de La Patilla.
Roberto Viciano Pastor y Rubén Martínez
Dalmau son profesores de Derecho Constitucional de la Universitat de
València y fueron asesores del proceso constituyente venezolano de 1999. Hoy
publican en el diario El País una
reflexión conjunta, donde expresan que “El presidente de Venezuela, Nicolás
Maduro, no puede convocar directamente una Asamblea Constituyente democrática
sin consultar al pueblo y ello debería ser denunciado por quienes se mantienen
leales a la memoria de Chávez”
Lean a continuación completa, la denuncia de los profesores Viciano y
Martínez
Una
Constituyente sin legitimidad
La Gaceta Oficial del 1º de mayo de 2017 pasará a la
historia negra de la política latinoamericana. En sus 16 páginas, el presidente
Nicolás Maduro convocó a una Asamblea Nacional Constituyente y creó una
comisión presidencial con el objeto de elaborar “una propuesta de bases
comiciales y sectoriales” para la conformación y funcionamiento de la citada
asamblea.
Es por todos conocida la profunda crisis social, económica y, por ende,
política que atraviesa Venezuela. Tras el fallecimiento de Hugo Chávez Frías,
quien fue nombrado como su sucesor, Nicolás Maduro, ganó las elecciones del 14
de abril de 2013. Inició con esa presidencia un régimen poschavista que ha
demostrado tener poco o nada que ver con el proceso de cambio iniciado en
diciembre de 1998, cuando la partidocracia sucumbió ante los empujes populares
que clamaban por un cambio del sistema político desde las raíces. En cuatro
años el régimen de Nicolás Maduro ha socavado los cimientos populares que
sustentaban con fuerza el proceso de cambio, ha violado los derechos humanos y
ha sumergido al país en una ola de represión y de dificultades. Mientras, la
corrupción ha campado a sus anchas. Una nueva aristocracia petrolera se ha
conformado bajo el paraguas de la renta del crudo, el clientelismo, las
comisiones por el manejo del mercado interior y la especulación de divisas en
un ineficiente mercado cambiario controlado por el Gobierno.
El madurismo, consciente de la erosión de legitimidad que no
pudo suplir con palabras vacías, alusiones permanentes e imágenes repetidas del
fallecido presidente Chávez, ha evitado en los últimos años cualquier
confrontación democrática en las urnas. Dificultó la convocatoria del referéndum
revocatorio presidencial previsto en la Constitución (artículo 72 de la
Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, CRBV), persiguió a
cuanto movimiento, interno o externo, se le oponía y postergó sine die las
elecciones a gobernadores y parlamentos de los Estados, incumpliendo la
Constitución de 1999 y actuando con pretensiones autoritarias. El intento en
abril de 2017 del Tribunal Supremo de finiquitar las competencias legislativas
de la Asamblea Nacional, mayoritariamente opositora, radicalizó el conflicto y
desnudó las verdaderas intenciones del madurismo.
La última sorpresa ha sido la convocatoria a una Asamblea Constituyente que
Maduro realizó el pasado 1 de mayo y que se tradujo en el citado decreto, norma
que requiere ser analizada desde dos puntos de vista: el de su oportunidad y el
de su constitucionalidad.
Desde el punto de vista de la oportunidad, el decreto está dividiendo aún
más a un país al borde de un definitivo conflicto violento. Se trata de una
huida hacia adelante que fácilmente puede ser leída como un intento de mantener
el poder a toda costa, a pesar de la imparable pérdida de popularidad y
legitimidad. La propuesta del Gobierno significa arrasar con los avances
democráticos de la Constitución de 1999 y redactar un texto constitucional que
responda a los intereses de quienes ahora gobiernan y quieren seguir
haciéndolo. El decreto no prevé un referéndum de activación del poder
constituyente, como el que convocó Hugo Chávez en 1999; se plantea la elección
de constituyentes representantes de los sectores sociales de incierta
procedencia y elección. Pero el asunto más grave es que se trata de una
convocatoria acomodada a los intereses del Gobierno y que desecha la idea de
integrar a todos los sectores sociales, incluidos aquellos que se posicionan
contra el madurismo. Por tanto, no se podría hablar de una Asamblea
Constituyente democrática.
Quienes crean que los sectores que confrontan al actual Gobierno venezolano
son exclusivamente la oposición golpista, aquella que siempre se ha posicionado
contra el proceso de cambio, están totalmente equivocados. Por supuesto,
también existen poderosos sectores de oposición no democrática. Pero en la
actualidad buena parte de los sectores contrarios al Gobierno están formados
por personas que participaron a favor del chavismo y que entienden que el
madurismo ha traicionado los fundamentos democráticos del proceso iniciado en
1998. Estos sectores no se han movido de la posición ideológica que mantuvieron
durante los últimos años y han reclamado en innumerables ocasiones una
rectificación por parte del Gobierno. Rectificación que nunca ha llegado.
Desde el prisma de la constitucionalidad, el decreto es inconstitucional.
Una lectura del artículo 347 de la CRBV (“El pueblo de Venezuela es el depositario
del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder puede convocar
una Asamblea Nacional Constituyente…”) y del artículo 348 CRBV (“La iniciativa
a la convocatoria a la Asamblea Nacional Constituyente podrán tomarla el
presidente o presidenta de la República en Consejo de Ministros…”) solo puede
tener una lectura democrática: la Constitución diferencia entre la decisión de
convocar la Asamblea Constituyente y la iniciativa para tomar tal decisión. La
iniciativa corresponde al presidente de la República, entre otros órganos; pero
la decisión compete en exclusiva al pueblo. Por tanto, es requisito necesario
el referéndum constituyente. En definitiva, Maduro tiene competencia para
preguntarle al pueblo si quiere activar un nuevo proceso constituyente, pero no
para convocarlo.
Consiguientemente, tanto desde la perspectiva de la oportunidad como desde
un análisis jurídico, el presidente Maduro no puede convocar legítima y
directamente una Asamblea Constituyente democrática. De consolidarse el decreto
del 1º de mayo, el resultado sería una farsa que tristemente confirmaría la
tendencia autoritaria del Gobierno.
Es por ello por lo que la convocatoria de una Asamblea Constituyente por
parte del presidente Maduro, si se produce sin consultar al pueblo, sería un
nuevo atentado a la voluntad democrática del mismo. Corresponde por tanto
denunciarlo, en particular por quienes, fieles a la memoria del presidente
Chávez, no pueden permitir que se acabe con el último vestigio del modelo
impulsado por el creador de lo que se ha dado en llamar chavismo: la
Constitución que Hugo Chávez Frías impulsó y que, bajo su Gobierno, permitió
generar en Venezuela un modelo democrático y unas políticas públicas que, por
primera vez en décadas, mejoraron el nivel de vida de las clases desfavorecidas
y generaron un sistema de atención médica, educativa y social como escasas
veces se ha dado en Latinoamérica.
Los argumentos anteriores no pueden descartar que en un futuro no deba
pensarse en un nuevo proceso constituyente que mejore y actualice la
Constitución de 1999. Pero este proceso debería ser democrático, fruto del
principio una persona, un voto, impulsado desde la ciudadanía, producto de un
auténtico diálogo social donde se incluya a los sectores opositores, y que huya
de la violencia y la confrontación.
