Por Margarita López Maya /
Tomado de PRODAVINCI
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El gobierno de Nicolás Maduro viene haciendo todos sus esfuerzos por
consolidar lo que, a falta de un concepto mejor, podemos definir como una dictadura
del siglo XXI. Esto es así desde 2013 cuando ganó las elecciones presidenciales
con escaso margen. Para entender sus maniobras podemos recurrir al imaginario
de una partida de ajedrez, donde el gobierno juega contra la mayoría del país.
La más reciente jugada del gobierno en marzo fue notablemente audaz. Sin
embargo, un imprevisto en sus piezas lo ha obligado a retroceder
momentáneamente. Su juego, empero, sigue bien montado; el retroceso no fue tan
grande como algunos quisieran creer. El gobierno quedó todavía bien posicionado
en el tablero e, incluso, con una situación ventajosa para seguir avanzando.
Como sabemos, el ajedrez es un juego complejo, que implica un pensamiento
estratégico de cierta sofisticación. Para comprender bien el juego que hoy se
desarrolla en Venezuela y evaluar el significado de las sentencias recientes
del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), debemos recordar algunas jugadas
previas y, también, dejar más clara la finalidad del juego.
El gobierno de Maduro, desde sus
inicios, ha escogido estabilizarse a través de la construcción de un régimen
autoritario, dirigido por una cúpula militar y civil que se dice heredera del
legado del Hugo Chávez, su comandante eterno.
Esta cúpula, gobierna patrimonialmente hoy
a la república, es decir, por encima de la ley y como si territorios, bienes y
personas fueran de su propiedad. Chávez, con su legitimidad carismática, dejó,
entre otros muchos males, la absurda manera de manejar la economía del gobierno
“socialista”, que ha llevado a la catástrofe económica y social que vive hoy el
país. Así mismo, fue su dedito el que ungió directamente a Maduro para dirigir
los menesteres de gobierno. Él busca afanosamente darle un jaque mate a las
instituciones democráticas para consolidar este régimen de desigualdad,
servidumbre y represión.
Lo sucedido la última semana de
marzo, con las dos sentencias dictadas por el TSJ, espurio y desvergonzado que
se remozó en diciembre de 2015 para servir a propósitos como estos, fue un
zarpazo más a la Constitución y las leyes, de la larga lista, que viene
sucediéndose desde que Chávez inventara en 2005 lo del Socialismo del siglo XXI, que, recordemos también, fue
rechazado por el voto popular y que hoy su gente no sabe qué es y muchos han
dejado de creer en él. Si bien el discurso sigue ahí, es más que nada un trapo
rojo –una ficción ideológica de acuerdo a Hannah Arendt– para engañar en
instancias internacionales o mantener los apoyos de izquierdistas despistados o
fanáticos, pero, hace rato que ese proyecto fracasó. Dos de los pilares que lo
sostenían ya no existen: el carisma de Chávez y la botija de los petrodólares.
Chávez, como sabemos, murió y los precios promedios anuales de la cesta
venezolana desde 2013 no sube la barrera de los $40, secando la otrora nutrida botija.
El objetivo gubernamental tropezó con un obstáculo desde diciembre de 2015,
cuando las fuerzas opositoras de la MUD obtuvieron las mayorías de la Asamblea
Nacional (AN), liberando, después de diez años, ese poder público de su
subordinación a los dictámenes del chavismo. Las jugadas para avanzar en el
modelo dictatorial se aceleraron desde entonces, buscando neutralizar la
dinámica de ese poder público sustraído del control de Maduro y su cúpula.
Destacan dos de ese mismo diciembre de 2015. Una, la designación irregular de
un número importante de magistrados (13) y suplentes (20) del TSJ, para
reforzar el control sobre el Poder Judicial. La otra fue la sentencia dictada
por ese remozado TSJ de declarar sospechas de fraude en las elecciones parlamentarias
en el estado remoto indígena de Amazonas. Con ello despojaron a los partidos
opositores de tres diputados allí obtenidos, con lo cual perdieron la mayoría
de dos terceras partes en la AN, necesarios para decidir nombramientos de
nuevas autoridades en los otros poderes públicos, cuando los períodos de
algunas autoridades se vencieran en este periodo parlamentario.
En 2016 continuaron avanzando, con los atropellos de un Consejo Nacional
Electoral (CNE), también controlado por la cúpula chavista, que suspendió
irregular y abruptamente un referendo revocatorio presidencial en curso,
después de que sus promotores habían satisfecho los rocambolescos requisitos
inicialmente exigidos. La causa que esgrimieron fueron unas sentencias dictadas
en tribunales estadales de primera instancia, que carecen de competencias
electorales, según las cuales hubo un fraude electoral en la recogida en esos
estados del requisito del 1% de firmas para avalar a la MUD como promotor del
referendo. Como premio a sus servicios, dos de las rectoras fueron ratificadas
en sus cargos por el TSJ para el siguiente período electoral. Igualmente
suspendieron las elecciones de gobernadores, pautadas constitucionalmente para
ese año, sin que a la fecha se les vea voluntad alguna de establecer el nuevo
cronograma electoral.
Otra de las grandes jugadas para avanzar en este jaque mate a la democracia
fue el Decreto de Estado de Excepción y Emergencia Económica, que Maduro hizo
aprobar en el TSJ. Gracias a este recurso y, como es evidente, controlando a
sus anchas el TSJ, el chavismo fue despojando a la Asamblea de todas sus
funciones contraloras y legislativas. El TSJ ha dictado no menos de sesenta
sentencias para obstaculizar medidas aprobadas en la AN, derogar leyes o
paralizar sus iniciativas.
Así que las dos sentencias emitidas en marzo, son un paso más en el
desmantelamiento definitivo de las institucionales democráticas del país. La N°
155 le da al Ejecutivo potestad para legislar en toda materia penal, e incluso le
ordena gobernar conforme al Estado de Excepción y Emergencia Económica, o como
afirma Allan Brewer Carías, le dio permiso para gobernar “como le da la gana”.
Aprovecha la sentencia para quitarle la inmunidad parlamentaria a los diputados
opositores, basándose el TSJ en un desacato de la Asamblea dictado por el mismo
Tribunal, porque formalmente no ha retirado a los diputados de Amazonas. La
otra sentencia, la 156, interpreta el artículo 33 de la Ley de Hidrocarburos,
dándole a Maduro la potestad de crear empresas mixtas y realizar otras
actividades en materia de hidrocarburos sin autorización de la AN,
contrariamente a lo establecido en la referida normativa. Y la Sala
Constitucional del TSJ aprovechó ahí para decidir que ella, o quien ella
disponga, asumirá las competencias de la AN mientras dure el supuesto
desacato. Como vemos, este TSJ compite con ventaja en los anales de la
ignominia judicial.
Lo que ha sucedido después de estas sentencias aún no ha culminado para
tener claro los saldos. Por lo pronto, lo más significativo fueron las
declaraciones de la Fiscal, quien sorprendentemente en su acto público de
presentación de Memoria y Cuenta, afirmó que las sentencias significaban una
“ruptura del orden Constitucional” y desconocían el Estado consagrado en la
CRBV. Estas declaraciones de una de las autoridades del Poder Ciudadano, un
poder hasta ahora subordinado a las directrices de Maduro, puso en carrera al
gobierno, quien utilizó para retractarse parcialmente de algunos contenidos de
las sentencias el recurso de la convocatoria a un Consejo de la Defensa
Nacional, que no tiene competencia para sugerirle nada al TSJ.
Como resultado, algunas de las materias que se asentaron en esas sentencias
fueron eliminadas atendiendo al inefable Consejo, como el tema de la inmunidad
despojada a los diputados y el traspaso de las funciones legislativas al TSJ.
Para esa parcial rectificación se recurrió al absurdo recurso de unas
sentencias llamadas “aclaratorias”, que no están contempladas en ninguna parte.
Sin embargo, quedaron vigentes otros temas que, junto a las sesenta y tantas
sentencias previas, han castrado a la AN de sus competencias y al país de su
democracia.
La muy grave potestad concedida a Maduro para crear empresas mixtas,
endeudarse y realizar todo tipo de actividades financieras y económicas, sin
necesidad de que sean aprobadas por el Legislativo, no fue tocada. De esta
manera, Maduro puede continuar sin control alguno, haciendo lo que “le da la
gana” para conseguir dinero, y proseguir en su desquiciada, corrupta e inviable
economía socialista.
Por otra parte, en el ámbito internacional, el gobierno corrió peor suerte.
En la OEA, los improperios de la canciller y del embajador venezolano ante ese
organismo tuvieron el efecto de precipitar una severa resolución de la mayoría
de los países, llamando al gobierno de Maduro a volver a la Constitución y al
Estado de Derecho. Mercosur también se pronunció por el regreso al Estado de
Derecho, al respeto a los derechos humanos y en particular, a la separación de
los poderes públicos. Otras instancias de la comunidad interamericana e
internacional siguieron. Así pues, finalmente, el vecindario y la comunidad
internacional comienzan a expresar disposición a presionar por la búsqueda de
una salida a la crisis humanitaria y política venezolana. Sin embargo, sus
buenos oficios sólo tendrán efecto si, y sólo si, las fuerzas políticas y
sociales pro democráticas nacionales logran unirse tras unos objetivos claros y
una estrategia inteligente, para conformar un gran movimiento social y político
que rescate a la nación de las manos de la cúpula militar y civil inepta y
corrupta presidida por Maduro.
Desafortunadamente, ese movimiento se ve incipiente y el juego de ajedrez
sigue favoreciendo al gobierno. Avanzó audazmente y un mal cálculo lo ha
obligado a retroceder sólo de manera parcial. No es suficiente para cambiar el
juego. Sin embargo, el hecho de que se vio forzado a rectificar y quedaron al
aire fisuras en el hasta ahora compacto bloque en el poder, da un respiro y nuevos
bríos. Las recientes actuaciones de los partidos y los diputados opositores
también. Pero, sigue siendo un reto de las fuerzas opositoras entender que el
principal y primer objetivo para comenzar la difícil sanación de la nación
comienza por deponer intereses particulares para enfrentar a un gobierno que
parece agonizar, pero todavía puede seguir haciendo estragos.
