Luis Fuenmayor Toro.-/ Quisiera
puntualizar algunas cosas sobre la actual legitimación de partidos políticos,
para evitar el engaño al que se somete a los venezolanos.
Es cierto que la ley que obliga a la legitimación es
adeco copeyana, lo que ha usado el Gobierno como excusa contra las quejas por
su aplicación. La verdad es que los reglamentos de esta ley son del período
actual y son ellos los que han creado disposiciones que dificultan el proceso:
1) la obligación de los electores de trasladarse a donde fije el CNE, 2) la
limitación a dos días de los trámites y 3) la restricción del número de capta
huellas.
Además, hay que decir que la ley vigente es pre
constitucional y que no se entiende por qué el Gobierno de la democracia
“participativa y protagónica” no promulgó otra ley, ajustada a la Constitución,
en estos 18 años y en cambio aplica en forma estricta la ley de la odiada
“cuarta república”.
Es claro que el CNE ha favorecido a ciertos partidos,
al convocarlos a legitimarse junto con partidos políticos que no participarían.
Avanzada Progresista gozó de esta facilidad y tuvo las capta huellas sólo para
el uso de sus partidarios. Un Nuevo Tiempo también disfrutará de estar solo en
el proceso, lo que reafirma la cortesía que le brinda el Gobierno.
A Voluntad Popular pensé, y así lo dije, que se le
pondrían las mayores dificultades, pues se lo ha calificado de terrorista,
tienen preso a su máximo líder y a otros de sus dirigentes y el Gobierno ha
pensado ilegalizarlo. Sin embargo, también le toca legitimarse sin
competidores, por lo que debe haber alguna razón, presión internacional o
acuerdo del diálogo secreto entre los polarizados, para que se proceda de esta
manera.
Tan cierta es esta apreciación, que el CNE, que había
colocado a Primero Justicia y a Acción Democrática el mismo día, decidió
separarlos para facilitarles el proceso. Esta decisión no fue porque a las
rectoras las iluminó un rayo democrático, ni tampoco porque las presiones de
calle de la MUD las acorralaron. Fue el resultado de conversaciones y acuerdos
MUD-Gobierno, con la aquiescencia de los mediadores (Rodríguez Zapatero estuvo
de improviso en el país hace poco), para garantizar la existencia de por lo
menos estos cinco partidos de la Mesa.
La Constitución “revolucionaria” eliminó la
reivindicación democrática del pasado del financiamiento estatal de los
partidos, por lo que los nuevos reglamentos han profundizado la
mercantilización de la política, tal y como ocurre en los países del llamado
“cochino” capitalismo. Sólo quienes tengan recursos financieros, provenientes
del sector privado nacional o del extranjero o del robo de los fondos públicos,
pueden legitimarse y participar en elecciones. Hasta en esto el retroceso es
más que evidente.
Con los partidos del Polo “Patriótico”, pudiera
aparecer una sentencia algo tardía del TSJ o una decisión resolviendo el caso
de algunos de ellos.
El resto de los partidos queda de su cuenta en esta
competencia capitalista.
