TOMADO DE
DOSSIER 33
Para el embajador Oscar Hernández la
actuación de la OEA frente al caso de Venezuela se enmarca en lo que él
denomina “la diplomacia preventiva”, que no es más que la posibilidad de
utilizar herramientas acordadas por un conjunto de países para alertar y
presionar, e incluso, suspender a un Estado del organismo, por el
incumplimiento de valores fundamentales.
El también politólogo estima que la
activación de la Carta Democrática Interamericana no obligará al gobierno a
cambiar de rumbo e insiste en acudir a los mecanismos internos para solventar
la crisis que vive el país. Para ello, apuesta a la presión social y el
diálogo.
Hernández explica que Almagro, como
Secretario General, considera que la membresía de la OEA debe tomar en cuenta
el escenario venezolano, donde se ha restringido la libertad de prensa; la
falta de dependencia del poder judicial es notoria, la autonomía del órgano
legislativo es cuestionada; no hay alternancia en el poder porque se cercenan
los recursos constitucionales como las elecciones; no hay rectificación por
parte del gobierno y la violación de derechos humanos y económicos es
reiterada.
Si nos basamos-dice- en un principio
neto de secuencias de códigos éticos establecidos propiamente en la carta, en
el marco filosófico, hay suficientes elementos para aprobarla, pero se
pregunta si puede ser realmente aprobada, basada en sus artículos 20 y 21.
Precisa Hernández que la respuesta depende de situaciones muy concretas: la
capacidad de los propios Estados para asumir el reto de aplicar la diplomacia
preventiva, de cuáles son las alianzas políticas, cómo están las negociaciones,
cómo actuarán los países del Alba y la fortaleza actual de Venezuela en el
Caribe.
Plazo y ultimátum
En referencia al lapso de 30 días para
que el gobierno convoque a unas elecciones generales e implemente otras
medidas, establecido por Almagro en su informe, Hernández apuntó que la
fijación de plazos no forma parte del rol del Secretario
General de la OEA. No obstante, indicó que la argumentación del vocero
del ente multilateral en cuanto a la vulnerabilidad del sistema democrático
venezolano, se fortalece en el documento con el análisis inicial de la situación
interna junto a nuevos elementos, como las acusaciones a altos
funcionarios por su presunta vinculación con el narcotráfico.
Advierte que hay “un vacío de
interpretación” con las recomendaciones contenidas en el documento, pues
no queda claro si las sugerencias competen al Secretario General o quedan a
cargo de los países cuando se reúnen en el Consejo Permanente y deciden
emprender una gestión diplomática.
Los artículos 20 y 21 son muy claros.
Efectivamente en el país hay una alteración del orden constitucional y la
actuación del Secretario General atendiendo al artículo 20 es debida y
legítima, pero es el Consejo Permanente el que decidirá si se llevan adelante
los buenos oficios para la normalización de la institucionalidad.
Una cosa es la activación de la Carta
Democrática y otra, la suspensión de Venezuela del Sistema Interamericano. No
veo ningún mérito en la suspensión, no le otorgaría beneficio alguno al país ni
garantizaría que el gobierno haga la debida lectura de la observancia que está
haciendo la comunidad internacional. No pareciera que para el gobierno
venezolano sería lo suficientemente importante arriesgarse a quedar fuera de la
OEA.
El especialista afirma que la activación
de la carta no es un mecanismo de presión porque no obligará al gobierno a
reaccionar, es un mecanismo de alerta temprana que deja claro que hay unas
solicitudes internas, en la búsqueda de una salida a la crisis, y toda
vez que ha fracasado el diálogo y los mecanismos institucionales, demuestra que
la vía es electoral. “Ese es el mensaje de la comunidad hemisférica (…) Siempre
existirá un intento diplomático para lograr que el país retome el hilo
democrático”, subraya.
Evitar mensajes errados
La activación o no de la carta, advierte
el embajador, está vinculada a un tema de ética y política internacional y no
se puede pretender con ella que pasará algo especial “y mañana tendremos pan en
todas las panaderías”.
Al venezolano no se le debe dar un mensaje
errado, hacerle creer que la solución a los problemas de hoy dependen de
la OEA, que con diplomacia preventiva trata de evitar que el gobierno
venezolano llegue a un situación todavía peor de confrontación interna, que
puede hasta derivar en una guerra civil.
Hernández apuesta a la presión social y
al diálogo, a los mecanismos internos para solventar la crisis. Aplaude el
esfuerzo de Almagro, sin embargo, alega que los políticos
nacionales deben manejar con prudencia las expectativas en torno a la
aplicación de la Carta Democrática, ya que ésta no es una especie de panacea
universal.
Por
Sofía Torres @soficarol21
