Opinión
Por Sadio Garavini
El Universal
Por Sadio Garavini
El Universal
El 16 de diciembre el saliente Secretario
General de la ONU publicó un comunicado sobre la controversia entre Venezuela y
Guyana por el territorio Esequibo, en el cual se afirma que el Proceso de los
Buenos Oficios, iniciado en 1990, para tratar de buscar una solución a la
controversia “continuará por un último año, hasta el fin de 2017, con un
mandato reforzado de mediación”. Ban Ki-moon, agrega que ” también ha llegado a
la conclusión de que, si hacia fines de 2017, el Secretario General concluyera
que no se ha logrado un avance significativo hacia un acuerdo completo para la
solución de la controversia, elegirá la Corte Internacional de Justicia como el
próximo medio de solución, a menos que los Gobiernos de Guyana y Venezuela, en
forma conjunta, solicitaran que se abstenga de hacerlo”.
El Gobierno de Nicolás Maduro ha insistido en
seguir con el proceso de los Buenos Oficios, que no es otra cosa que una
negociación bilateral asistida, en cambio la entonces Canciller guyanesa
Carolyn Rodriguez, ya a fines del 2014 manifestaba que habían pasado más de dos
décadas y dado que los Buenos Oficios no habían dado ningún resultado había que
explorar otras opciones, mencionando la Corte Internacional de Justicia (CIJ).
El nuevo gobierno del Presidente David Granger, a partir del 2015 inició una
activa y decidida estrategia diplomática, para convencer al Secretario General
que la Corte era el medio de solución adecuado para resolver de una vez la
controversia. Al mismo tiempo empezó a prepararse para enfrentar el complejo
proceso que implica defender su posición ante la CIJ, para lo cual ya ha
contratado al experto jurista internacional iraní-canadiense el Dr. Payam
Akhavan y al muy respetado exCanciller de Guyana y exSecretario General del
Commonweath, Sir Sridath Ramphall. Recordemos también que en la Secretaría
General de Ban Ki-moon trabajaron en estos años dos altas funcionarias
guyanesas: Valerie Moss, Sub Secretaria General para Asuntos Humanitarios y
Catherine Pollard, Secretaria General Asistente para la Asamblea General.
Mientras tanto ¿qué hacía el gobierno de Venezuela? Ni siquiera nombró un
negociador a tiempo completo apoyado por un equipo de funcionarios. El
encargado oficial, el Embajador Roy Chaderton tuvo por años cinco cargos
que ejercer y aun cuando ha dejado algunos, le han dado otros como formar parte
del equipo negociador en el llamado “diálogo” con la oposición. Y en cuanto a
la asesoría, extraoficialmente me han informado que los asesores internos son
unos respetables profesores de Derecho Penal y más recientemente he escuchado
que han contratado a juristas internacionales que han estado involucrados en la
defensa de la posición nicaragüense en el caso de la delimitación marítima
frente a Colombia en la CIJ. Al respecto, el gobierno debería haber informado al
país.
El Acuerdo de Ginebra de 1966 es el tratado que
rige la reclamación venezolana sobre el Esequibo y en su Art. I se lee que hay
que buscar soluciones satisfactorias para el arreglo práctico de la
controversia, surgida como consecuencia de la contención venezolana de que el
Laudo Arbitral de 1899 sobre la frontera entre Venezuela y Guayana Británica es
nulo e írrito. Guyana afirma que el objeto del Acuerdo es establecer la
validez o nulidad del Laudo, mientras Venezuela, por su parte, sostiene que no
tiene sentido proponer una solución “práctica y mutuamente satisfactoria” a una
controversia estrictamente jurídica. El Acuerdo de Ginebra establece que el
Secretario General, si las partes no llegan a concordar ningún arreglo, podrá
decidir cuál de los medios de solución pacífica de controversias previstos en
el Art. 33 de la Carta de la ONU debe utilizarse para la controversia. La
decisión de Ban es obvia y absolutamente favorable a Guyana. Lo único que debe
hacer Guyana es dejar pasar un año más sin acordar ningún arreglo y logrará su
objetivo. Hay juristas nacionales que afirman que estamos obligados por el
Acuerdo a someter el caso a la Corte, otros que sostienen que someterse a la
jurisdicción de la CIJ, para Venezuela, siempre es voluntaria. De todas
maneras, no respetar la decisión del Secretario General tendría costos
políticos para Venezuela, que sería acusada, con razón o sin razón, de violar
un tratado internacional. El gobierno guyanés debería también entender que una
solución definitiva de la controversia, sostenible en el tiempo,
difícilmente pasará por una decisión suma-cero, totalmente favorable a una de
las partes. Ojalá en el 2017 el nuevo Buen Oficiante “con mandato reforzado de
mediación”, que todavía no ha sido nombrado, pueda encontrar un imaginativo
medio de solución, aceptable para las partes, quizás, por ejemplo, una
mediación combinada con un arbitraje “ex aequo et bono” (con árbitros que
fallan como amigables componedores).
