A finales del primer
gobierno de Carlos Andrés Pérez se empezaron a escuchar críticas en los
cuadros militares por la disminución del poder adquisitivo de los
sueldos y denuncias de algunos hechos de corrupción. Las nuevas
expectativas, generadas por la elección del presidente Luis Herrera
Campins limitaron el crecimiento de ese permanente cuestionamiento. Al
poco tiempo de iniciarse su gobierno, se reanudaron las conversaciones
limítrofes con Colombia. En octubre de 1980, la comisión negociadora
presentó ante el gobierno nacional la “Hipótesis de Caraballeda”. El
presidente Herrera hizo pública su decisión de no ratificarla, si no
existía un consenso nacional. Se iniciaron las consultas con distintos
sectores de la sociedad venezolana, en medio de un acalorado debate. Uno
de los hechos más significativos fue la exposición de dicha hipótesis
por el canciller José Alberto Zambrano Velasco al personal militar de la
guarnición de Caracas. El rechazo fue tan firme e importante, que el
canciller Zambrano se retiró antes de terminar su exposición a
comunicarle lo delicado de la situación al presidente Herrera. La
negociación con Colombia quedó congelada nuevamente.
El esplendor económico
continuó. La producción petrolera, entre 1980 y 1981, se triplicó y el
precio del barril alcanzó los 30 dólares como consecuencia de la guerra
Irán-Irak. Lamentablemente, el desorden administrativo que caracterizó
ese gobierno condujo a que se incrementara la deuda pública hasta
treinta y ocho mil millones de dólares, creándose tal presión sobre el
bolívar que hubo que devaluarlo de 4:30 a 12 bolívares por dólar. El
impacto en la opinión pública fue inmenso. Nadie lograba explicar lo que
había ocurrido y las dificultades económicas crearon en los venezolanos
un sentimiento de frustración que empezó a comprometer la credibilidad
del régimen democrático. En el año de1982 surgió el fuerte rumor de la
existencia de una conspiración militar y se llegó a comentar que un
grupo de oficiales pensaba aprovechar el desfile militar del 5 de julio
de ese año para detener al presidente de la República y al Alto Mando
Militar. Esa acción no se realizó, pero los organismos de inteligencia
obtuvieron algunas evidencias que condujeron al envío al exterior, en
calidad de agregado militar, al presunto jefe de dicha conspiración.
La elección del
presidente Jaime Lusinchi, generó nuevamente grandes expectativas,
permitiendo que disminuyeran las tensiones en las Fuerzas Armadas. Jaime
Lusinchi orientó sus primeros años de gestión a reactivar la economía,
con un nuevo pero breve aumento de los precios petroleros consecuencia
de la guerra Irak-Iran., y el refinanciamiento de la deuda externa. En
sus dos últimos años de gobierno, interesado como estaba en que Acción
Democrática ganara las elecciones, incurrió en un exorbitante gasto
público, comprometiendo gravemente las reservas internacionales. Durante
su gobierno ocurrieron dos importantes hechos militares conocidos como:
la incursión de la Corbeta Caldas de la Armada Colombiana en el golfo
de Venezuela y la noche de los tanques. El primer caso resultó en un
rotundo éxito internacional para el presidente Lusinchi, el canciller
Simón Alberto Consalvi y las Fuerzas Armadas. El segundo caso consistió
en una curiosa actuación del mayor José Soler Zambrano, segundo
comandante del batallón Ayala, quien sin autorización tomó, con dos
compañías de vehículos blindados, el acceso y los alrededores del
ministerio del Interior, donde despachaba el doctor Simón A. Consalvi,
encargado de la presidencia de la República, así como la residencia
presidencial de “La Viñeta”. Lamentablemente, las investigaciones no
lograron clarificar los hechos con la suficiente exactitud.
Carlos Andrés Pérez
obtuvo un importante triunfo electoral en las elecciones de 1989. Los
venezolanos votaron mayoritariamente por él, en la creencia de que su
triunfo permitiría el regreso a la bonanza económica de su primer
gobierno. Eso era imposible. La compleja situación económica imperante,
la caída de los precios petroleros y en particular la grave disminución
en las reservas internacionales lo obligaron a implementar un programa
de medidas económicas, asesorado por un grupo de jóvenes formados en las
mejores universidades del mundo. Desafortunadamente, la falta de una
acertada campaña de propaganda que explicara la necesidad de dichas
medidas, le permitió a sectores radicales provocar un estallido
social de graves y delicadas consecuencias. Al sobrepasar los disturbios
la capacidad de las autoridades civiles, y la Guardia Nacional hubo
necesidad de emplear el Ejército. Lamentablemente, su utilización
produjo un número importante de bajas civiles, motivado a la falta de
equipos y entrenamiento para ese tipo de operaciones. Ese hecho ha sido
utilizado por el régimen chavista para atacar, de manera inclemente, a
los gobiernos democráticos y a los jefes militares, que inevitablemente
tuvieron que asumir esa responsabilidad. En definitiva, El 27 de febrero
de 1989 fue un doloroso accidente histórico.
Al acercarse las
primeras elecciones de gobernadores y alcaldes en diciembre de 1989
ocurrió un hecho de indiscutible gravedad que debió haber alertado al
presidente Pérez, a los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y a los
dirigentes políticos de los partidos democráticos. El 29 de noviembre de
1989, el general de división Carlos Julio Peñaloza, comandante general
del Ejército, recibió en su residencia, a través de una empresa de
distribución de correspondencia, un sobre que contenía una orden de
operaciones en la cual se misionaban importantes unidades del Ejército
con el fin de derrocar al gobierno constitucional. El general Peñaloza
llamó por teléfono al general Filmo López, ministro de la Defensa, con
la finalidad de solicitarle una reunión urgente para definir las medidas
que se deberían tomar. A dicha reunión asistimos los generales
Peñaloza, Heinz y mi persona. Al plantearle la delicada situación le
recomendamos al ministro López la detención de todos los oficiales
nombrados en dicha orden de operaciones para realizar la correspondiente
investigación. El general López aceptó la recomendación e informó lo
acontecido al doctor Alejandro Izaguirre, encargado de la presidencia de
la República.
El general Heinz realizó
consistentes esfuerzos durante la investigación, pero no logro
clarificar los hechos. El presidente Pérez se molestó al conocer la
información de la detención de los oficiales superiores. De inmediato
llamó al ministro López a Miraflores y le exigió pruebas que
justificaran la detención del grupo de mayores. Al terminar la
conversación le ordenó liberarlos de inmediato y reintegrarlos a sus
cargos. Tres personas influyeron en la errada percepción que tuvo el
presidente Pérez de los hechos: el general Herminio Fuenmayor, director
de Inteligencia Militar; el doctor Ramón Carmona, ministro de la
Secretaría y el general Arnoldo Rodríguez Ochoa, Secretario del Consejo
de Seguridad y Defensa. Los tres mantuvieron que el teniente coronel
Hugo Chávez era un excelente oficial de comprobada vocación democrática.
De manera insistente, el general Fuenmayor le planteó al presidente
Pérez que esa decisión era una injusticia que se originaba en
rivalidades entre los generales Peñaloza y Rodríguez. Sin embargo, el
general Peñaloza presentó una solicitud al presidente de la República de
someter a Consejo de Investigación al citado grupo de mayores. El
presidente Pérez no lo autorizó. Continuaremos…
Fernando Ochoa A. – @FOchoaAntich
