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El problema militar II


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FERNANDO OCHOA ANTICH
 
A finales del primer gobierno de Carlos Andrés Pérez se empezaron a escuchar críticas en los cuadros militares por la disminución del poder adquisitivo de los sueldos y denuncias de algunos hechos de corrupción. Las nuevas expectativas, generadas por la elección del presidente Luis Herrera Campins limitaron el crecimiento de ese permanente cuestionamiento. Al poco tiempo de iniciarse su gobierno, se reanudaron las conversaciones limítrofes con Colombia. En octubre de 1980, la comisión negociadora presentó ante el gobierno nacional la “Hipótesis de Caraballeda”. El presidente Herrera hizo pública su decisión de no ratificarla, si no existía un consenso nacional. Se iniciaron las consultas con distintos sectores de la sociedad venezolana, en medio de un acalorado debate. Uno de los hechos más significativos fue la exposición de dicha hipótesis por el canciller José Alberto Zambrano Velasco al personal militar de la guarnición de Caracas. El rechazo fue tan firme e importante, que el canciller Zambrano se retiró antes de terminar su exposición a comunicarle lo delicado de la situación al presidente Herrera. La negociación con Colombia quedó congelada nuevamente.


El esplendor económico continuó. La producción petrolera, entre 1980 y 1981, se triplicó y el precio del barril alcanzó los 30 dólares como consecuencia de la guerra Irán-Irak. Lamentablemente, el desorden administrativo que caracterizó ese gobierno condujo a que se incrementara la deuda pública hasta treinta y ocho mil millones de dólares, creándose tal presión sobre el bolívar que hubo que devaluarlo de 4:30 a 12 bolívares por dólar. El impacto en la opinión pública fue inmenso. Nadie lograba explicar lo que había ocurrido y las dificultades económicas crearon en los venezolanos un sentimiento de frustración que empezó a comprometer la credibilidad del régimen democrático. En el año de1982 surgió el fuerte rumor de la existencia de una conspiración militar y se llegó a comentar que un grupo de oficiales pensaba aprovechar el desfile militar del 5 de julio de ese año para detener al presidente de la República y al Alto Mando Militar. Esa acción no se realizó, pero los organismos de inteligencia obtuvieron algunas evidencias que condujeron al envío al exterior, en calidad de agregado militar, al presunto jefe de dicha conspiración.

La elección del presidente Jaime Lusinchi, generó nuevamente  grandes expectativas, permitiendo que disminuyeran las tensiones en las Fuerzas Armadas. Jaime Lusinchi orientó sus primeros años de gestión a reactivar la economía, con un nuevo pero breve aumento de los precios petroleros consecuencia de la guerra Irak-Iran., y el refinanciamiento de la deuda externa. En sus dos últimos años de gobierno, interesado como estaba en que Acción Democrática ganara las elecciones, incurrió en un exorbitante gasto público, comprometiendo gravemente las reservas internacionales. Durante su gobierno ocurrieron dos importantes hechos militares conocidos como: la incursión de la Corbeta Caldas de la Armada Colombiana en el golfo de Venezuela y la noche de los tanques. El primer caso resultó en un rotundo éxito internacional para el presidente Lusinchi, el canciller Simón Alberto Consalvi y las Fuerzas Armadas. El segundo caso consistió en una curiosa actuación del mayor José Soler Zambrano, segundo comandante del batallón Ayala, quien sin autorización tomó, con dos compañías de vehículos blindados, el acceso y los alrededores del ministerio del Interior, donde despachaba el doctor Simón A. Consalvi, encargado de la presidencia de la República, así como la residencia presidencial de “La Viñeta”. Lamentablemente, las investigaciones no lograron clarificar los hechos con la suficiente exactitud.

Carlos Andrés Pérez obtuvo un importante triunfo electoral en las elecciones de 1989. Los venezolanos votaron mayoritariamente por él, en la creencia de que su triunfo permitiría el regreso a la bonanza económica de su primer gobierno. Eso era imposible. La compleja situación económica imperante, la caída de los precios petroleros  y en particular la grave disminución en las reservas internacionales lo obligaron a implementar un programa de medidas económicas, asesorado por un grupo de jóvenes formados en las mejores universidades del mundo. Desafortunadamente, la falta de una acertada campaña de propaganda que explicara la necesidad de dichas medidas, le permitió a sectores radicales provocar un estallido social de graves y delicadas consecuencias. Al sobrepasar los disturbios la capacidad de las autoridades civiles, y la Guardia Nacional hubo necesidad de emplear el Ejército. Lamentablemente, su utilización produjo un número importante de bajas civiles, motivado a la falta de equipos y entrenamiento para ese tipo de operaciones. Ese hecho ha sido utilizado por el régimen chavista para atacar, de manera inclemente, a los gobiernos democráticos y a los jefes militares, que inevitablemente tuvieron que asumir esa responsabilidad. En definitiva, El 27 de febrero de 1989 fue un doloroso accidente histórico.

Al acercarse las primeras elecciones de gobernadores y alcaldes en diciembre de 1989 ocurrió un hecho de indiscutible gravedad que debió haber alertado al presidente Pérez, a los Altos Mandos de las Fuerzas Armadas y a los dirigentes políticos de los partidos democráticos. El 29 de noviembre de 1989, el general de división Carlos Julio Peñaloza, comandante general del Ejército, recibió en su residencia, a través de una empresa de distribución de correspondencia, un sobre que contenía una orden de operaciones en la cual se misionaban importantes unidades del Ejército con el fin de derrocar al gobierno constitucional. El general Peñaloza llamó por teléfono al general Filmo López, ministro de la Defensa, con la finalidad de solicitarle una reunión urgente para definir las medidas que se deberían tomar. A dicha reunión asistimos los generales Peñaloza, Heinz y mi persona. Al plantearle la delicada situación le recomendamos al ministro López la detención de todos los oficiales nombrados en dicha orden de operaciones para realizar la correspondiente investigación. El general López aceptó la recomendación e informó lo acontecido al doctor Alejandro Izaguirre, encargado de la presidencia de la República.    

El general Heinz realizó consistentes esfuerzos durante la investigación, pero no logro clarificar los hechos. El presidente Pérez se molestó al conocer la información de la detención de los oficiales superiores. De inmediato llamó al ministro López a Miraflores y le exigió pruebas que justificaran la detención del grupo de mayores. Al terminar la conversación le ordenó liberarlos de inmediato y reintegrarlos a sus cargos. Tres personas influyeron en la errada percepción que tuvo el presidente Pérez de los hechos: el general Herminio Fuenmayor, director de Inteligencia Militar; el doctor Ramón Carmona, ministro de la Secretaría y el general Arnoldo Rodríguez Ochoa, Secretario del Consejo de Seguridad y Defensa. Los tres mantuvieron que el teniente coronel Hugo Chávez era un excelente oficial de comprobada vocación democrática. De manera insistente, el general Fuenmayor le planteó al presidente Pérez que esa decisión era una injusticia que se originaba en rivalidades entre los generales Peñaloza y Rodríguez. Sin embargo, el general Peñaloza presentó una solicitud al presidente de la República de someter a Consejo de Investigación al citado grupo de mayores. El presidente Pérez no lo autorizó. Continuaremos…

Fernando Ochoa A.  –  @FOchoaAntich