Gustavo Márquez Marín
La
expresión “falso positivo” se usó en Colombia durante el
gobierno de Álvaro Uribe en el contexto de la política de
“Seguridad Democrática” y del Plan Colombia. Se hizo común a
partir del hallazgo de 19 cadáveres de jóvenes, que habiendo
desaparecidos en Soacha y en la localidad de Ciudad Bolívar
(Bogotá), luego aparecieron en el Norte de Santander como
guerrilleros “dados de bajas” por el Ejército. La Fiscalía
General de la Nación determinó que se trataba de civiles inocentes
ejecutados extrajudicialmente, con el propósito de cobrar la
recompensa y cumplir las “metas” establecidas por el gobierno,
para mostrar su “eficacia” en el combate a la insurgencia armada.
Después de ese incidente surgieron otros en Antioquia, Boyacá,
Huila, Valle y Sucre, evidenciándose que no se trataba de un caso
aislado, sino de una práctica de exterminio, de violación
sistemática de los derechos humanos inducida por una política con
vocación genocida, que dejó un saldo de más de 3000 “falsos
positivos” conocidos.
La
masacre perpetrada por una unidad del Ejército en Barlovento de un
grupo de 13 trabajadores y campesinos inocentes luego de ser
torturados, detenidos sin orden judicial y escudándose en un
“operativo” de la OLP y, la masacre del Amparo, en la cual fueron
asesinados 14 pescadores por el comando policial-militar (CEJAP) en
el gobierno de Jaime Lusinchi (1988), presentados como “guerrilleros
colombianos”, siguen el mismo patrón del “falso positivo”. El
coronel colombiano Forero Besil, con una crudeza infrahumana
sintetizó en una instrucción a sus subalternos la lógica macabra
que está detrás de esa figura: “El ejército no necesita
capturas sino bajas”.
Son
diversas las voces que vienen exigiéndole al gobierno que revise su
política de seguridad ciudadana por sus magros resultados y porque
se limita a una acción represiva sin abordar la complejidad del
problema, con un enfoque militarista. Es urgente construir un
consenso nacional alrededor de la aplicación de una política de
Estado en materia de prevención y control social del delito en el
marco de la Constitución. El repudio unánime por la AN a la
masacre de Barlovento es una oportunidad para moverse en esa
dirección, a través de un gran debate nacional que arranque con el
castigo a los responsables, la reparación de las víctimas y la
revisión a fondo de la OLP.
