Los directivos del Foro Cambio Democrático, Ricardo Ríos, Pedro Romero, Rafael Mac Quhae y Enrique Ochoa Antich anunciaron que esa ong, asistida por Álex Fergusson, experto y catedrático de la UCV en la materia, se solidariza con la demanda interpuesta por ante el TSJ por la Plataforma por la Nulidad del Decreto 40.855 mediante que crea la zona de explotación minera del llamado Arco Minero en el Orinoco. Esa demanda fue suscrita entre otros por Gustavo Márquez, Ana Elisa Osorio, Héctor Navarro y Clíver Alcalá Cordones.
Aquí algunos extractos del documento que rechaza la exploración y extracción de minerales en el llamado Arco Minero que comprende una extensión de más de 112.000 Km2 al norte y al sur del estado Bolívar, es decir, cerca del 12 % del territorio nacional donde se espera extraer diamante, coltán, bauxita, oro, cobre, caolín, y dolomita.
Entre los impactos ambientales y socioculturales del proyecto, se puede mencionar los siguientes:
*Pérdida y alteración de hábitat y biodiversidad en sistemas acuáticos y terrestres
*Contaminación de los ríos Cuchivero, Aro, Cuyuní, Icabarú, Caroní y Orinoco.
*Gran aporte de sedimentos del río Icabarú al río Caroní y de este al embalse el Guri reduciendo la vida útil del embalse.
*Distorsión de valores que promueven violencia, delincuencia, insalubridad, prostitución, consumo de drogas y otros.
Aunque la actividad minera se caracteriza por tener impactos localizados, la gran escala del proyecto tendrá impactos globales que no han sido evaluados adecuadamente.
La minería utiliza tecnología a la cual no es posible aplicar criterios de sustentabilidad; tampoco tenemos suficiente conocimiento acerca de los Planes de Recuperación y/o Restauración de los hábitats. En el caso particular del oro, la promesa de sustitución del uso del mercurio por cianuro no constituye ningún alivio, en vista de la experiencia existente. El proceso de lixiviación con cianuro produce daños ambientales a corto y a largo plazo. A corto plazo debido a accidentes que pueden producirse durante las operaciones o derrames que pueden filtrarse a cauces de agua con efectos impredecibles. A largo plazo debido a los desechos cianurados inyectados en las escombreras, la movilización de metales pesados o la generación de drenajes ácidos.
Si el propósito del proyecto es activar la economía, la realización de un Estudio de Impactos Ambientales y Socioculturales (EIASC), es obligatoria como establece la Constitución y la Ley Orgánica del Ambiente, sino también ambiental, social, cultural y económicamente imprescindible.
Por todo ello:
Exigimos la realización del Estudio de Impactos Ambientales y Socioculturales del Proyecto por parte de los profesionales calificados de las Universidades del país.
Demandamos que se den a conocer los Planes de Recuperación y/o Restauración de las áreas a intervenir.
Reclamamos que se informe acerca de los indicadores socioculturales y económicos de los beneficios que se espera lograr con el proyecto (empleo local, salud pública, calidad de vida, ingresos a la nación, etc. no solo en el corto plazo).
Requerimos una verdadera Consulta Pública del proyecto.
