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Ésta es la carta abierta emitida por la Academia Nacional de Ciencias Económicas, donde se pronuncia en relación con la situación económica de Venezuela y sugiere al gobierno nacional algunas medidas para superarla “en un plazo relativamente corto”.
Academia Nacional de Ciencias Económicas
Carta Abierta a la Nación
La Academia Nacional de
Ciencias Económicas (ANCE), en cumplimiento del mandato que le confiere
la ley que la rige, se dirige a la Nación preocupada por el
agravamiento de la situación económica que hoy padecen los venezolanos.
El país se enfrenta al empobrecimiento creciente de su población a causa
del aceleramiento de la inflación, el desabastecimiento extendido de
alimentos, medicamentos y otros bienes, el deterioro de los servicios
públicos y la caída sostenida de la actividad productiva. Ello ha
generado un profundo deterioro de la calidad de vida de los ciudadanos,
que soportan enormes colas, aguantando horas a la intemperie frente a
establecimientos comerciales con la esperanza de poder comprar los
productos que necesitan, y sufren secuelas graves cuando no consiguen
los remedios requeridos o no pueden operarse por falta de material
quirúrgico, sin mencionar los efectos del hambre y de la malnutrición en
los sectores más vulnerables de la población: niños, ancianos y madres
solteras de escasos recursos.
La ANCE, en uso de sus
atribuciones, se siente en el deber de transmitirle a la Nación,
incluyendo al Gobierno Nacional, que la situación descrita no se debe a
ninguna fatalidad y que puede superarse en un plazo relativamente corto,
si se toman las medidas apropiadas.
— Debe abatirse cuanto antes el alza
desmedida de los precios. En tal contexto, no hay forma de sostener el
poder adquisitivo de los trabajadores decretando recurrentes alzas
salariales. Ello, más bien, alimenta una senda hiperinflacionaria que
terminará de arruinar al país. La inflación se derrota reduciendo
radicalmente el déficit público, que arroja a la circulación ingentes
sumas de dinero sin contrapartida alguna en bienes y servicios. Es
necesario desprenderse de aquellas empresas ineficientes que constituyen
un lamentable desaguadero de dineros para no comprometer el gasto
social en salud, educación y asistencia social y poder dedicarle
recursos también a la mejora de otros servicios públicos.
Adicionalmente, la inflación no se puede derrotar si el Banco Central de
Venezuela continúa financiando el gasto público con emisión de dinero
sin respaldo, contrariando el artículo 320 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela. Esta práctica debe cesar
perentoriamente.
— Es menester unificar el tipo de cambio y
lograr su estabilización en torno a valores que equilibren el poder de
compra interno y externo del bolívar, en un régimen de libre
concurrencia. Sólo así podrá superarse la severa restricción externa que
tiene maniatada a la economía. El racionamiento actual de la divisa a
la tasa de cambio protegido (DiPro), sobrevaluada y muy inferior a la
demanda que de ella se tiene, ha desatado su alza en el llamado mercado
paralelo, superando cien veces esa tasa oficial. Gran parte de las
compras externas no tienen más opción que recurrir al dólar “paralelo”,
encareciéndolas en forma desmedida.
— La disminución del precio internacional
del petróleo hace que los ingresos por exportación no alcancen para
cubrir el pago de las importaciones, el servicio de la deuda financiera y
lo adeudado a los proveedores extranjeros. Debido a esta estrechez de
divisas, muchas empresas no han podido importar los insumos y/o equipos y
repuestos que requieren sus actividades productivas. Por tanto, es
necesario iniciar negociaciones cuanto antes con organismos financieros
internacionales para concertar un importante financiamiento externo que
permita cubrir, junto con los ingresos por exportación, los compromisos
externos de la nación antes descritos. Sin ello no podrá estabilizarse
el precio de la divisa en un nivel que exprese su poder de compra
comparativo. Un generoso crédito externo permitirá, a su vez,
refinanciar la deuda externa, con lo que podrá aliviarse el pago por
este concepto durante los próximos años y evitar que los costos los
asuma la población menos favorecida económicamente.
— Es necesario liberar la iniciativa
empresarial para que pueda responder a las oportunidades que ofrecerán
las medidas antes mencionadas, levantando los excesivos controles que
actualmente asfixian las actividades económicas de la nación. La
derogación de la Ley Orgánica de Precios Justosy de otras
normas punitivas, y la promoción de la competencia, en un escenario de
precios estables y de garantías jurídicas, redundará en la reactivación
inmediata del aparato productivo, dada la enorme capacidad ociosa con
que hoy opera. Esto permitirá proveer muchos de los bienes y servicios
hoy desabastecidos, abaratar costos, sustituir importaciones para
ahorrar divisas y generar empleos productivos. Un ambiente en el que se
restablezcan las garantías y libertades económicas será un gran
atractivo para las inversiones extranjeras y nacionales. Constituirá,
además, una plataforma favorable para incrementar la producción y para
promover exportaciones, dadas las potencialidades del país en numerosos
campos. En particular, permitirá fortalecer la competitividad de la
Industria Petrolera Nacional.
La posibilidad de
reactivar la economía venezolana depende del restablecimiento de la
confianza de parte de empresarios, trabajadores, consumidores e
inversionistas. El clima de confianza requerido para aprovechar las
potencialidades del desarrollo nacional requiere de la observación
absoluta del Estado de Derecho que establece nuestra Constitución, con
sus derechos económicos, civiles y humanos, y sus garantías jurídicas.
Debe entenderse que la economía funciona a base de incentivos. Los
responsables de la política económica no deben continuar invocando
supuestas guerras para endilgarle la culpa a otros de las carencias que
hoy agobian a millones de venezolanos. Es necesario salir al encuentro
de soluciones, como las aquí presentadas, que permitan superar las
penurias que angustian hoy a la población, y rescatar las perspectivas
de creciente prosperidad y bienestar futuro. En procura de que ello
pueda fructificar, es vital que el Ejecutivo y el Tribunal Supremo de
Justicia cesen su enfrentamiento con la Asamblea Nacional en aras de una
mayor cooperación entre los poderes públicos, y de éstos con la
economía privada y con la sociedad civil.
La Academia Nacional
de Ciencias Económicas reitera, una vez más, su disposición a aportar
sus conocimientos para la prosecución de estos propósitos.
Humberto García Larralde Sary Levy-Carciente
Presidente Secretaria
