Marruecos negocia en secreto vuelta al Sáhara de personal de la ONU expulsado

EFE

El gobierno marroquí negocia en secreto el regreso de los 73 empleados civiles de la Misión de la ONU en el Sáhara Occidental expulsados el pasado mes de marzo en protesta por la actitud del Secretario General, Ban Ki-moon, sobre el conflicto, considerada parcial contra el país magrebí.

Fuentes diplomáticas marroquíes citadas hoy por el diario Asabah señalan que el gobierno de Rabat quiere imponer varias condiciones para el regreso de estos funcionarios, cuyo trabajo es considerado indispensable en la ONU para el correcto funcionamiento de la misión y de su componente militar, que sigue en su puesto.

Estas condiciones impuestas a la Minurso consisten en concentrarse únicamente sobre las tareas de vigilancia del alto el fuego entre Marruecos y el Frente Polisario (vigente desde 1991), dejando de lado la razón de su nacimiento y que está incluso en su nombre: la organización del referéndum de autodeterminación.

Marruecos quiere obligar a los miembros de la Minurso a "ser imparciales" y no hacer ninguna declaración sobre el conflicto del Sáhara, algo que ya sucede en los hechos, pues la Minurso jamás contesta a los periodistas, no hace público ningún informe ni contactan con la sociedad civil saharaui.

En el mismo sentido, Marruecos se reservaría el derecho de rechazar la presencia de ciertos miembros de la Minurso a los que considera "espías que trabajan por cuenta de países que defienden la causa separatista", según el diario.

Las fuentes añaden que el personal de Minurso deberá "respetar los usos y costumbres saharauis", en referencia a algunos casos aislados de escándalos sexuales en los que se han visto implicados algunos miembros de la misión, siempre conforme a las fuentes.

Todas estas condiciones estarían negociándose de forma confidencial y con la intervención de intermediarios, y en caso de llegarse a un acuerdo, no se haría público.

En la última votación de finales del mes de abril para renovar el mandato de la Minurso, el Consejo expresó la "necesidad urgente de que la Minurso vuelva a funcionar a plena capacidad", y dio al Secretario General un plazo de 90 días para informar al Consejo de sus gestiones en este sentido.

Aunque aquella resolución no incluyó críticas directas a Marruecos, los observadores coincidieron en que al país magrebí no le quedaba otra opción sino la de permitir el retorno de los expulsados, llenándolo de condiciones para dar la impresión de que no había tenido que volver sobre sus pasos.