Opinión
Por Eric Nepomuceno
Página 12 - Argentina
En un diálogo filtrado a la prensa, uno de los hombres de confianza de Temer deja claro que derrumbar a Rousseff era esencial para “frenar la sangría” que amenaza a un sinfín de políticos investigados por el esquema de corrupción de Petrobras. Ese hombre es Jucá, quien ayer se tomó licencia de la cartera de Planificación.
Once días: ese el tiempo
necesario para el primer gran escándalo del gobierno interino del
vicepresidente en ejercicio Michel Temer. Mientras el gobierno trata de
lograr legitimidad y deshacer la imagen de que lo que ocurre en Brasil
es un golpe institucional bajo una farsa jurídica, uno de sus hombres de
confianza, Romero Jucá, ministro de Planificación, aparece en una
grabación detallando precisamente los pasos de ese golpe. Y más: deja
claro a su interlocutor que derrumbar a Dilma Rousseff y poner a Michel
Temer en su lugar era esencial para “frenar la sangría” que amenaza a un
sinfín de políticos, es decir, detener las investigaciones de la
Operación Lava Jato (Lavado Rápido) sobre el esquema de corrupción en la
Petrobras.
Si había
alguna duda sobre lo que efectivamente ocurre, lo que se supo ayer
elimina cualquier resquicio. Jucá confiesa que la idea era librarse de
la presidenta y, con el respaldo de ministros del Supremo Tribunal
Federal, y el visto bueno de “algunos generales y comandantes
importantes” de las Fuerzas Armadas, instalar a Michel Temer en la
presidencia.
La verdad es que el anunciado “gobierno de salvación nacional”
nació de la necesidad de salvar a un puñado de políticos de la justicia.
Ocho de los 24 ministros nombrados por el vicepresidente en ejercicio
están enredados con la ley. El mismo Temer es investigado. Además, el
golpe institucional sirvió para regalar al PSDB lo que las urnas
electorales negaron en los últimos 13 años: parcelas del poder.
Al anochecer de ayer
Jucá anunció en una conferencia de prensa que había “un pedido de
licencia”. El vicepresidente en ejercicio, a su vez, agradeció “la
dedicación y el trabajo competente” de su auxiliar.
Jucá fue
ministro por escasos días, y no llevó a cabo trabajo alguno. Lo más
probable es que el agradecimiento de Temer esté relacionado a la intensa
labor que Jucá tuvo en la organización del golpe institucional que
logró alejar a una mandataria elegida por 54 millones 500 mil votos.
El contenido de las conversaciones ocurridas en marzo entre el
entonces senador Romero Jucá y Sergio Machado, quien por diez años
(hasta 2015) presidió la Baspetro, brazo logístico de Petrobras, es
escalofriante. Machado, investigado por Lava Jato, fue indicado para el
puesto por el actual presidente del Senado, Renan Calheiros. Era, por lo
tanto, de la cota del PMDB. Denunciado por corrupción, se mantuvo al
abrigo del foro privilegiado de otros investigados en el mismo caso, es
decir, senadores y diputados.
Asustado por la posibilidad de ser despachado directamente para
las manos del juez de primera instancia Sergio Moro, recurrió a sus
padrinos. Al mismo tiempo, negociaba con la Procuraduría General de la
Unión un acuerdo de “delación premiada”, que asegura penas blandas a
quien revele lo que sabe.
Como prueba de lo mucho que puede revelar, grabó, de manera
clandestina, conversaciones telefónicas con Romero Jucá y otras, que
tuvo personalmente, con el expresidente José Sarney, así como con su
padrino principal, Renan Calheiros, que preside el Senado.
El
contenido de sus grabaciones con Sarney y Calheiros no ha sido
divulgado. Sin embargo, fuentes de la Procuraduría y de la Policía
Federal ya hicieron llegar a la prensa el comentario de que, comparadas a
las de los dos, las grabaciones de Jucá “no son nada”. Es decir, bombas
aún más poderosas explotarán a cualquier momento.
En un claro gesto de que
estaría dispuesto a interferir en la Justicia, Romero Jucá dice, a
cierta altura, que sería necesaria una “acción política” para impedir
que la denuncia contra Machado fuese enviada al juez Sergio Moro. Esa
acción política sería la llegada de Temer al poder. Así se abriría la
posibilidad de establecerse un “pacto nacional” que abarcaría el Supremo
Tribunal Federal, y “todo sería estancado, delimitado” en el punto en
que se encuentra. En otras palabras, la causa “Lava Jato” no avanzaría
un milímetro más, librando varios cuellos de la guillotina, entre los
cuales estarían los de Machado, de Jucá y otros poderosos políticos.
En una de las conversaciones grabadas, Jucá asegura a Machado que
venía manteniendo encuentros con “varios ministros del Supremo Tribunal
Federal”, sin mencionar nombres. Sus interlocutores en la instancia
máxima de la justicia dejaron claro, acorde a Jucá, que sin Dilma
Rousseff en la presidencia la presión de los medios hegemónicos de
comunicación y otros sectores para la continuidad de la “Lava Jato”
bajaría sensiblemente.
A otra altura, Machado advierte a Jucá: “Romero, ellos (el Supremo
Tribunal Federal) nos quieren atrapar a todos”. Agrega que eso incluye
el PSDB, y pregunta si “ellos se han dado cuenta”. Jucá contesta que sí,
y nombra específicamente a Aécio Neves (derrotado por Dilma en 2014) y
José Serra (ministro interino de Relaciones Exteriores), entre otros.
Comenta que “están todos en una bandeja, listos para ser comidos”, al
que Machado contesta que “el primero a ser comido será Aécio”.
Jucá, al
comentar sus contactos con “altos jefes” militares, asegura haber sido
informado de que las Fuerzas Armadas “están monitoreando el MST”, en
alusión a los Sin Tierra.
La
transcripción de una hora y quince minutos de varias llamadas
telefónicas dejan claro que Machado conducía las conversaciones de
manera tal que Jucá se incriminase. Igualmente muestran que Jucá no
imaginaba, ni por un momento, que su interlocutor estaba preparando
material para negociar con los tribunales.
Si para
Michel Temer ya era ingrata la tarea de alcanzar legitimidad y dejar
claro que todo lo que pasa obedeció rígidamente a la Constitución, y que
hablar de golpe institucional es absurdo, ahora se hizo una tarea
hercúlea.
Un detalle:
por mucho menos el entonces senador Delcidio Amaral fue detenido y su
mandato cancelado. Desde marzo la justicia tenía en manos la
transcripción de las conversaciones entre Jucá y Machado.
De haberlas divulgado antes, Dilma Rousseff seguiría en la
presidencia. Por qué solamente ahora llegan a la opinión pública es algo
que las autoridades judiciales tienen por obligación justificar.
