El Carabobeño
El diputado de la Asamblea Nacional por la Causa R, Américo De Grazia, afirmó que hay evidencias que permiten deducir que la masacre de Tumeremo fue un acto premeditado.
El también presidente de la Comisión que evaluó el caso de
la desaparición de mineros en Tumeremo, estado Bolívar, presentó este jueves en
la Asamblea Nacional el informe final en el que se comprobó que sí hubo una masacre, días después de la creación de
la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de
Gas (Camimpeg) en el denominado “Arco Minero del Orinoco”, ante la mirada de
las autoridades, cuya investigación aún no ha esclarecido los hechos ocurridos
el pasado 4 de marzo en las Minas Las Claritas.
De Grazia, quien compartió la instancia legislativa
conjuntamente con los diputados Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José
Hernández, reveló que luego de reunirse con familiares de los mineros
asesinados y visitar la zona "se comprobó que la masacre de Tumeremo fue
un acto premeditado”.
El parlamentario añadió que la Comisión determinó que se
rescataron los cadáveres de al menos 17 víctimas y el ministerio de Interior y
Justicia corroboró la participación material en los hechos de Jamilton Andrés
Suárez Ulloa, alias “El Topo” y sus secuaces, cuyas órdenes de captura ya han sido emitidas con el resultado de algunas
detenciones.
Denunció que en el documento se deja evidencia que en las áreas mineras del estado Bolívar se
violan los Derechos Humanos de manera sistemática. “Estos hechos se
producen además en el contexto de la concesión a la Empresa Gold Reserve. Los
mineros artesanales venezolanos son
sometidos a la violencia, al miedo, a la extorsión, a la criminalización de
su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria
con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental. Es inconcebible
este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad
directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional”, aseguró.
La Comisión concluye que el ciudadano Rangel Gómez en su
calidad de gobernador del estado Bolívar,
actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma
categórica los hechos denunciados, lo que contribuyó a que tanto las
autoridades policiales y la Fuerza Armada incumplieron con sus obligaciones de
brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se desarrollasen las
labores de rescate, así como facilitar el escape del autor material debido a la
no actuación de una forma rápida.
Los parlamentarios investigadores del caso de Tumeremo
exhortan a que el informe final sea remitido a la Fiscalía General de la República
con el propósito de que se establezcan las responsabilidades de todos los
involucrados, y se logre la captura y condena de los autores materiales e
intelectuales del caso.
El diputado de la Asamblea Nacional por la Causa R, Américo De Grazia, afirmó que hay evidencias que permiten deducir que la masacre de Tumeremo fue un acto premeditado.
El también presidente de la Comisión que evaluó el caso de la desaparición de mineros en Tumeremo, estado Bolívar, presentó este jueves en la Asamblea Nacional el informe final en el que se comprobó que sí hubo una masacre, días después de la creación de la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) en el denominado “Arco Minero del Orinoco”, ante la mirada de las autoridades, cuya investigación aún no ha esclarecido los hechos ocurridos el pasado 4 de marzo en las Minas Las Claritas.
De Grazia, quien compartió la instancia legislativa conjuntamente con los diputados Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, reveló que luego de reunirse con familiares de los mineros asesinados y visitar la zona "se comprobó que la masacre de Tumeremo fue un acto premeditado”.
El parlamentario añadió que la Comisión determinó que se rescataron los cadáveres de al menos 17 víctimas y el ministerio de Interior y Justicia corroboró la participación material en los hechos de Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias “El Topo” y sus secuaces, cuyas órdenes de captura ya han sido emitidas con el resultado de algunas detenciones.
Denunció que en el documento se deja evidencia que en las áreas mineras del estado Bolívar se violan los Derechos Humanos de manera sistemática. “Estos hechos se producen además en el contexto de la concesión a la Empresa Gold Reserve. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional”, aseguró.
La Comisión concluye que el ciudadano Rangel Gómez en su calidad de gobernador del estado Bolívar, actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos denunciados, lo que contribuyó a que tanto las autoridades policiales y la Fuerza Armada incumplieron con sus obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se desarrollasen las labores de rescate, así como facilitar el escape del autor material debido a la no actuación de una forma rápida.
Los parlamentarios investigadores del caso de Tumeremo exhortan a que el informe final sea remitido a la Fiscalía General de la República con el propósito de que se establezcan las responsabilidades de todos los involucrados, y se logre la captura y condena de los autores materiales e intelectuales del caso.
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De Grazia, quien compartió la instancia legislativa conjuntamente con los diputados Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, reveló que luego de reunirse con familiares de los mineros asesinados y visitar la zona "se comprobó que la masacre de Tumeremo fue un acto premeditado”.
El parlamentario añadió que la Comisión determinó que se rescataron los cadáveres de al menos 17 víctimas y el ministerio de Interior y Justicia corroboró la participación material en los hechos de Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias “El Topo” y sus secuaces, cuyas órdenes de captura ya han sido emitidas con el resultado de algunas detenciones.
Denunció que en el documento se deja evidencia que en las áreas mineras del estado Bolívar se violan los Derechos Humanos de manera sistemática. “Estos hechos se producen además en el contexto de la concesión a la Empresa Gold Reserve. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional”, aseguró.
La Comisión concluye que el ciudadano Rangel Gómez en su calidad de gobernador del estado Bolívar, actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos denunciados, lo que contribuyó a que tanto las autoridades policiales y la Fuerza Armada incumplieron con sus obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se desarrollasen las labores de rescate, así como facilitar el escape del autor material debido a la no actuación de una forma rápida.
Los parlamentarios investigadores del caso de Tumeremo exhortan a que el informe final sea remitido a la Fiscalía General de la República con el propósito de que se establezcan las responsabilidades de todos los involucrados, y se logre la captura y condena de los autores materiales e intelectuales del caso.
El diputado de la Asamblea Nacional por la Causa R, Américo De Grazia, afirmó que hay evidencias que permiten deducir que la masacre de Tumeremo fue un acto premeditado.
El también presidente de la Comisión que evaluó el caso de la desaparición de mineros en Tumeremo, estado Bolívar, presentó este jueves en la Asamblea Nacional el informe final en el que se comprobó que sí hubo una masacre, días después de la creación de la empresa Compañía Anónima Militar de Industrias Mineras, Petrolíferas y de Gas (Camimpeg) en el denominado “Arco Minero del Orinoco”, ante la mirada de las autoridades, cuya investigación aún no ha esclarecido los hechos ocurridos el pasado 4 de marzo en las Minas Las Claritas.
De Grazia, quien compartió la instancia legislativa conjuntamente con los diputados Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, reveló que luego de reunirse con familiares de los mineros asesinados y visitar la zona "se comprobó que la masacre de Tumeremo fue un acto premeditado”.
El parlamentario añadió que la Comisión determinó que se rescataron los cadáveres de al menos 17 víctimas y el ministerio de Interior y Justicia corroboró la participación material en los hechos de Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias “El Topo” y sus secuaces, cuyas órdenes de captura ya han sido emitidas con el resultado de algunas detenciones.
Denunció que en el documento se deja evidencia que en las áreas mineras del estado Bolívar se violan los Derechos Humanos de manera sistemática. “Estos hechos se producen además en el contexto de la concesión a la Empresa Gold Reserve. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional”, aseguró.
La Comisión concluye que el ciudadano Rangel Gómez en su calidad de gobernador del estado Bolívar, actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos denunciados, lo que contribuyó a que tanto las autoridades policiales y la Fuerza Armada incumplieron con sus obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se desarrollasen las labores de rescate, así como facilitar el escape del autor material debido a la no actuación de una forma rápida.
Los parlamentarios investigadores del caso de Tumeremo exhortan a que el informe final sea remitido a la Fiscalía General de la República con el propósito de que se establezcan las responsabilidades de todos los involucrados, y se logre la captura y condena de los autores materiales e intelectuales del caso.
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De Grazia, quien compartió la instancia legislativa conjuntamente con los diputados Luis Silva, Olivia Lozano, Rachid Yasbek y José Hernández, reveló que luego de reunirse con familiares de los mineros asesinados y visitar la zona "se comprobó que la masacre de Tumeremo fue un acto premeditado”.
El parlamentario añadió que la Comisión determinó que se rescataron los cadáveres de al menos 17 víctimas y el ministerio de Interior y Justicia corroboró la participación material en los hechos de Jamilton Andrés Suárez Ulloa, alias “El Topo” y sus secuaces, cuyas órdenes de captura ya han sido emitidas con el resultado de algunas detenciones.
Denunció que en el documento se deja evidencia que en las áreas mineras del estado Bolívar se violan los Derechos Humanos de manera sistemática. “Estos hechos se producen además en el contexto de la concesión a la Empresa Gold Reserve. Los mineros artesanales venezolanos son sometidos a la violencia, al miedo, a la extorsión, a la criminalización de su trabajo, con ánimo de inducirlos a la clandestinidad y al tráfico de miseria con consecuencias nocivas en lo social, económico y ambiental. Es inconcebible este estado de cosas en una zona totalmente militarizada sin la complicidad directa de algunos altos mandos de la Fuerza Armada Nacional”, aseguró.
La Comisión concluye que el ciudadano Rangel Gómez en su calidad de gobernador del estado Bolívar, actuó de manera negligente desde los primeros momentos al negar de forma categórica los hechos denunciados, lo que contribuyó a que tanto las autoridades policiales y la Fuerza Armada incumplieron con sus obligaciones de brindar colaboración inmediata a los denunciantes y se desarrollasen las labores de rescate, así como facilitar el escape del autor material debido a la no actuación de una forma rápida.
Los parlamentarios investigadores del caso de Tumeremo exhortan a que el informe final sea remitido a la Fiscalía General de la República con el propósito de que se establezcan las responsabilidades de todos los involucrados, y se logre la captura y condena de los autores materiales e intelectuales del caso.
