El
esfuerzo pudiera comenzar por la reforma de la que en la actualidad rige al
Área Metropolitana de Caracas, la cual ha estado sometida desde el 2000 a dos
leyes distintas pero igualmente ineficaces.
AUTOR
Marco Negrón
La
Asamblea Legislativa que asumirá en enero próximo tendrá, sin lugar a dudas,
innumerables tareas que abordar con urgencia. Esto es consecuencia no sólo de
ese desatino que es el llamado socialismo del siglo XXI sino también de la
desidia e irresponsabilidad de la Asamblea saliente: amén de no haber cumplido
con sus responsabilidades de vigilancia y control, esta, como es sabido, se
caracterizó por declinar el mandato recibido del voto popular para entregarle
la potestad legislativa, a través de aberrantes leyes habilitantes y durante
períodos inusitadamente largos, al Ejecutivo Nacional.(...)
Ya
antes del 6 de diciembre tanto observadores políticos como representantes de la
MUD adelantaron un abanico de prioridades que van desde la reforma del
reglamento de debates hasta una ley de amnistía, pasando por otras de orden
económico destinadas a corregir el pandemónium provocado por el “pensamiento”
económico chavista. Sin embargo, como en otras ocasiones se ha sostenido desde
esta misma columna, debe recordarse que vivimos en el país con el más alto
índice de urbanización de la región, y que las ciudades no son simple
consecuencia de la llamada estructura económica sino que, sobre todo a partir
de cierto punto, pasan a ser, cuando menos, fuertes condicionantes de las
dinámicas económica y social.
En
más de una ocasión hemos argumentado cómo es que el profundo deterioro de la
infraesructura de nuestras ciudades, su atraso tecnológico, las obsoletas
estructuras de gobierno y el caos institucional inciden en el rezago económico,
el agravamiento de perniciosas desigualdades sociales y el deterioro de la vida
democrática. De allí que atractivas propuestas de orden económico puedan
tropezar con malformaciones territoriales que terminen anulándolas.
El
caótico mare magnum legal creado en estos dieciséis años, incluido el
restringido campo que interesa a esta columna, exige distinguir muy bien qué
abordar primero para no perderse en el laberinto y atacar a tiempo las
distorsiones más peligrosas. Para contribuir a ese esfuerzo se señalan a
continuación las que a nuestro juicio constituyen las tres principales
prioridades.
En
primer lugar es necesario devolver autonomía a las ciudades y regiones mediante
la aprobación de un cuerpo legal que supere las limitaciones y deformaciones de
las leyes precedentes, en particular aunque no sólo las trasnochadas tendencias
centralistas del modelo chavista.
Reconociendo
que hoy Venezuela es sobre todo un país de metrópolis, es urgente un sistema de
leyes y normas que ordenen esa realidad. El esfuerzo pudiera comenzar por la
reforma de la que en la actualidad rige al Área Metropolitana de Caracas, la
cual ha estado sometida desde el 2000 a dos leyes distintas pero igualmente
ineficaces. Tanto la importancia de la capital de la República como el hecho de
que ya se haya experimentado sobre ella recomiendan tomarla como punto de
partida.
La
elevada incidencia de los barrios informales sobre nuestras ciudades (50% de la
población urbana contra una ya alta media del 30% en la región) recomienda
rescatar el abandonado Programa de Habilitación de Barrios que impulsara el
Conavi en 1999. El objeto sería establecer una suerte de ley-marco de
desarrollo urbano que estimule el ordenamiento y la urbanización de los barrios
informales existentes y evite la formación de otros nuevos mediante la creación
de áreas de recepción dirigida.
Esos tres
sistemas de leyes deberían nacer de un amplio debate que incorpore a la academia,
los profesionales y sus gremios, las autoridades y legisladores de distintos
ámbitos y la sociedad organizada. La mejor garantía de su éxito sería que lo
promovieran las universidades.
