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URGENCIAS LEGISLATIVAS


El esfuerzo pudiera comenzar por la reforma de la que en la actualidad rige al Área Metropolitana de Caracas, la cual ha estado sometida desde el 2000 a dos leyes distintas pero igualmente ineficaces.
 AUTOR 
Marco Negrón
La Asamblea Legislativa que asumirá en enero próximo tendrá, sin lugar a dudas, innumerables tareas que abordar con urgencia. Esto es consecuencia no sólo de ese desatino que es el llamado socialismo del siglo XXI sino también de la desidia e irresponsabilidad de la Asamblea saliente: amén de no haber cumplido con sus responsabilidades de vigilancia y control, esta, como es sabido, se caracterizó por declinar el mandato recibido del voto popular para entregarle la potestad legislativa, a través de aberrantes leyes habilitantes y durante períodos inusitadamente largos, al Ejecutivo Nacional.(...)

Ya antes del 6 de diciembre tanto observadores políticos como representantes de la MUD adelantaron un abanico de prioridades que van desde la reforma del reglamento de debates hasta una ley de amnistía, pasando por otras de orden económico destinadas a corregir el pandemónium provocado por el “pensamiento” económico chavista. Sin embargo, como en otras ocasiones se ha sostenido desde esta misma columna, debe recordarse que vivimos en el país con el más alto índice de urbanización de la región, y que las ciudades no son simple consecuencia de la llamada estructura económica sino que, sobre todo a partir de cierto punto, pasan a ser, cuando menos, fuertes condicionantes de las dinámicas económica y social.
En más de una ocasión hemos argumentado cómo es que el profundo deterioro de la infraesructura de nuestras ciudades, su atraso tecnológico, las obsoletas estructuras de gobierno y el caos institucional inciden en el rezago económico, el agravamiento de perniciosas desigualdades sociales y el deterioro de la vida democrática. De allí que atractivas propuestas de orden económico puedan tropezar con malformaciones territoriales que terminen anulándolas.
El caótico mare magnum legal creado en estos dieciséis años, incluido el restringido campo que interesa a esta columna, exige distinguir muy bien qué abordar primero para no perderse en el laberinto y atacar a tiempo las distorsiones más peligrosas. Para contribuir a ese esfuerzo se señalan a continuación las que a nuestro juicio constituyen las tres principales prioridades.
En primer lugar es necesario devolver autonomía a las ciudades y regiones mediante la aprobación de un cuerpo legal que supere las limitaciones y deformaciones de las leyes precedentes, en particular aunque no sólo las trasnochadas tendencias centralistas del modelo chavista.
Reconociendo que hoy Venezuela es sobre todo un país de metrópolis, es urgente un sistema de leyes y normas que ordenen esa realidad. El esfuerzo pudiera comenzar por la reforma de la que en la actualidad rige al Área Metropolitana de Caracas, la cual ha estado sometida desde el 2000 a dos leyes distintas pero igualmente ineficaces. Tanto la importancia de la capital de la República como el hecho de que ya se haya experimentado sobre ella recomiendan tomarla como punto de partida.
La elevada incidencia de los barrios informales sobre nuestras ciudades (50% de la población urbana contra una ya alta media del 30% en la región) recomienda rescatar el abandonado Programa de Habilitación de Barrios que impulsara el Conavi en 1999. El objeto sería establecer una suerte de ley-marco de desarrollo urbano que estimule el ordenamiento y la urbanización de los barrios informales existentes y evite la formación de otros nuevos mediante la creación de áreas de recepción dirigida.
Esos tres sistemas de leyes deberían nacer de un amplio debate que incorpore a la academia, los profesionales y sus gremios, las autoridades y legisladores de distintos ámbitos y la sociedad organizada. La mejor garantía de su éxito sería que lo promovieran las universidades.