Opinión
Por Óscar Pérez
Por Óscar Pérez
Apenas habían transcurrido dos semanas de aquel sangriento 04 de febrero de 1992 cuando ya dirigentes de la izquierda venezolana y defensores de los derechos humanos, hoy en el poder, comenzaban a proponer en la prensa nacional una amplia amnistía a favor de todos los militares implicados en la intentona golpista que dejó más de 200 muertos y centenares de heridos, en su mayoría personas que no guardaban relación con este evento, con el cual se pretendió derrocar el legítimo y constitucional gobierno del Presidente Carlos Andrés Pérez.
El 30 de marzo del mismo
año un grupo de Diputados de izquierda, junto a Darío Vivas y Tarek William
Saab, anunciaban al país la presentación de un proyecto de Ley de Amnistía ante
el Congreso Nacional. Tan solo tres días después, el 2 de abril, a menos de dos
meses de la fallida y sangrienta intentona golpista, se realizó la llamada
“Marcha del Silencio”, con la cual se exigía en las calles de Caracas la
libertad de los militares alzados contra la democracia y además pedían la
renuncia del Presidente Carlos Andrés Pérez.
El 13 de julio de 1993 Hugo
Chávez se dirigió a través de una carta a la Conferencia Episcopal Venezolana,
mediante la cual en referencia a la amnistía propuesta, entre otras cosas
expresaba: “con la libertad de quienes nos encontramos en cada una de las
Cárceles de la Dignidad, como se ha
hecho conocer ante el pueblo venezolano; es una fórmula para buscar la
reconciliación, tranquilidad y paz social, y así poder frenar la grave crisis
política que hoy atraviesa el país, con el deseo de encaminar hacia la
confianza colectiva y la normalidad de Venezuela”. Hoy cuando la CEV en su
búsqueda por la paz nacional y una pronta salida a la grave crisis que sacude al
país ha decidido respaldar el proyecto de Ley de Amnistía presentado por
Diputados de la MUD junto al Foro Penal Venezolano, ha sido víctima de los más
despiadados ataques de diversos voceros del oficialismo, que una vez más
olvidan tendenciosamente que en su momento muchos de sus líderes fueron
beneficiados por una gracia legislativa similar.
En la carta Hugo Chávez
culmina manifestando “…que la acción emprendida por usted y la de otros
sectores de la vida nacional, ejercerá la presión necesaria para que mediante
los mecanismos legales establecidos, se apruebe la Ley de Amnistía o
sobreseimiento que es una aspiración general de todos los venezolanos, en este
tiempo de crisis que vive la Nación”. Crisis que sin duda alguna en 2016
podemos aseverar es muchísimo más grave a la que en 1992 llevó a un grupo de
militares alzados en armas, con Hugo Chávez a la cabeza, a intentar derrocar
con violencia al gobierno legitima y constitucionalmente constituido del ex –
Presidente Carlos Andrés Pérez.
Junto a otros militares
golpistas, Hugo Chávez salió de la cárcel el 26 de marzo de 1994, luego que el
Presidente Rafael Caldera argumentando razones de interés nacional, como la
reunificación de las Fuerzas Armadas y la paz de la nación, decidiera decretar
el sobreseimiento de las causas seguidas a raíz de las violentas y sangrientas
intentonas golpistas del 04 de febrero y 27 de noviembre de 1992.
En Gaceta Oficial del 17 de
abril de 2000 fue publicada la Ley de Amnistía aprobada por la Comisión
Legislativa de la Asamblea Nacional Constituyente con la aprobación, entre
otros, de Elías Jaua y Elvis Amoroso, que benefició de manera directa a otro
importante grupo de militares golpistas del 4F y 27N que además de haber
irrumpido en contra de un gobierno legítimamente constituido, violaron de
manera grave los derechos humanos de muchos ciudadanos que resultaron muertos o
heridos en medio de estos hechos violentos.
Después de haber realizado
estos relatos que forman parte de la historia política reciente de nuestro país
y analizando de manera objetiva los alcances obtenidos, no encuentro
justificación lógica a la insólita campaña de satanización que en contra del
Proyecto de Ley de Amnistía presentado por la MUD ante la Asamblea Nacional han
iniciado algunos personeros del Gobierno Nacional y dirigentes del PSUV, que
incluso en su momento y a pesar de haber cometido gravísimos delitos de
violación a los derechos humanos fueron beneficiados con gracias similares.
Permitiéndoles posteriormente incorporarse a la vida política e incluso ahora
ser parte activa del equipo que ostenta el poder en Venezuela.
No he visto a Antonio
Ledezma empuñando un fusil apuntando hacia Miraflores, tampoco a Leopoldo López
disparando a mansalva contra la residencia presidencial de La Casona, menos a
Manuel Rosales a bordo de una tanqueta intentando derribar puertas del palacio
presidencial, ni a Daniel Ceballos piloteando un avión bombardeando la sede de
PoliSucre o el SEBIN. Sin embargo embriagados de poder quienes protagonizaron
escenas como estas y fueron beneficiados por amnistías o sobreseimientos que
les permitieron recuperar su libertad, luego de estar solo dos años en prisión,
se niegan a que ciudadanos inocentes se reencuentren con sus familiares y seres
queridos argumentando motivaciones políticas como estandartes de odio y
revanchismo que en definitiva debemos vencer y erradicar.
Con ocasión de cumplirse el
18° aniversario de la salida de Hugo Chávez de la cárcel de Yare, la Diputada
Cilla Flores expresó que fue el pueblo venezolano quien presionó al entonces
Jefe de Estado, Rafael Caldera, para que le otorgara el
sobreseimiento de la causa por los sucesos del 4-F al Comandante Hugo Chávez
Frías. Por lo que ahora me permito aseverar que el pasado 06 de diciembre ese
mismo pueblo venezolano votó mayoritariamente por una nueva Asamblea Nacional
cuyos Diputados en campaña izaron el estandarte de la libertad de los Presos
Políticos y Exiliados como principal propuesta electoral. Mandato que debe
materializarse con la aprobación de la Ley de Amnistía que permita la
liberación de todos los que están tras las rejas o en el difícil destierro solo
por pensar distinto.
En 2016 hay quienes tratando de
barrer la historia pretenden imponer que la Amnistía pase, del cielo al
infierno
