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Tenemos que convertir la barbarie en civilidad : Unión Patriótica


Revista Semana

Regresar y hacer campaña electoral luego de más de 20 años de exilio no es un asunto sencillo en Colombia. Mucho menos en regiones donde aún hay razones para el destierro. Sin embargo, un grupo de  sobrevivientes del exterminio de la Unión Patriótica decidió volver a apostarle a la política y reagrupar a simpatizantes y exmilitantes para revivir un partido de izquierda emblemático en la historia del conflicto armado.

No hay que irse muy lejos: en 1986 la UP alcanzó la más alta votación lograda por alguna coalición de izquierda hasta ese momento. Quedaron electos cinco senadores, nueve representantes a la Cámara, 14 diputados, 351 concejales y 23 alcaldes. Dicho protagonismo se mantuvo solo durante cuatro años hasta que empezara el exterminio que dejó como saldo más de 5.000 militantes asesinados.
Varios de los actuales candidatos han crecido en medio de la guerra, sus bisabuelos fueron partícipes de la guerra de los Mil Días y sus abuelos combatientes de la violencia bipartidista. Ninguno conoce la paz y cuando quisieron contribuir a que se apaciguara el horror, fueron amenazados, obligados a irse o a permanecer en el anonimato. 
El regreso de este partido está enmarcado en un tema popular pero casi inexistente hace dos décadas: el medio ambiente. “Si hay agua hay vida, y si hay vida, garantizamos el futuro”, se lee en uno de los documentos de campaña. A parte de ello, en las zonas más duras por el conflicto, ha decidido acoger el punto dos de La Habana para comenzar a preparar los territorios en una eventual desmovilización de la guerrilla, “acogemos el acuerdo para implementar la paz, pero con justicia social; es decir, con garantías reales y oportunidades de resocialización”.
Sin embargo, la pelea está difícil. Según el más reciente mapa de riesgo electoral, de la Misión de Observación Electoral (MOE), hay 204 municipios en riego y 59 en “riesgo extremo” por fraude electoral, la mayoría de ellos de departamentos donde el conflicto aún es latente (Chocó, Caquetá, Norte de Santander y Arauca). Regiones para las cuales el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos (CPDH), el pasado 13 de septiembre, emitió una “alerta temprana” por falta de garantías para los candidatos de la UP.
La lucha en el Urabá antioqueño
Antes de salir al exilio, en 1994, Carlos Andrés Pérez Berrio fue alcalde de Chigorodó,  Antioquia, y gobernó en una época en la cual la administración se la repartían los dos partidos tradicionales en una zona que, poco tiempo después, pasó a ser dominada por el paramilitarismo. Ser Alcalde significó echarse encima a la elite local y a los empresarios.
“Cuando irrumpió la UP en el municipio, el presupuesto se invirtió en la construcción de la primera plaza de mercado, en el primer colegio municipal y la terminal de transporte. No había una política de lo común, todo se quedaba en intereses particulares” aseguró Berrio.
Dos sombras lo persiguieron durante su exilio. Poco tiempo después de posesionarse como Alcalde, la Fiscalía ordenó una investigación por la supuesta participación en el asesinato de Gabriel Ortega Orozco (también candidato a la alcaldía del municipio) en mayo del 94. A su vez, lo trataron de incriminar con la masacre de ‘La Chinita’, en la cual guerrilleros del Bloque José María Córdoba de las Farc asesinaron a 35 personas, algunas de ellas del movimiento “Esperanza, Paz y Libertad” -creado luego de la desmovilización del EPL en 1991-.
Según Berrio, varios testigos aseguraron que en el despacho de la Alcaldía se había planeado la masacre y que un carro de la administración estuvo en la zona antes de que ocurrieran los hechos. Situación que luego de la investigación por parte de las autoridades, se aclaró demostrando la inocencia tanto de él como de los demás miembros de la administración implicados, varios de ellos del Partido Comunista.
Durante los 20 años de exilio siguió a diario las noticias del país. Regresó porque, según él, tras el regreso de la personería jurídica para la UP, vio un clima de apertura democrática.  Durante este tiempo en Chigorodó, se encontró con las mismas obras sociales construidas en  su administración, “el palacio municipal, el hospital y el colegio estaban sin una  sola remodelación. Lo cual indica que luego que cuando nos sacaron a ‘bala’ volvió la política privada y el detrimento de lo público”.
En el municipio los ‘viejos’ le creen, lo recuerdan y aportan a su campaña, pero las nuevas generaciones no lo conocen y se alimentan de la competencia política, quienes aseguran que es un extraño en la región y no ha hecho nada por el pueblo. Situación por la cual, dentro de sus ejes de campaña, ha propuesto reconstruir el tejido social, la historia y la memoria del municipio.
Algo similar sucede en Cesar, donde Imelda Daza, otra sobreviviente al exterminio político, aspira a la Gobernación del departamento luego de 25 años en el exilio en Suecia. El panorama no le favorece pues se encontró con un departamento permeado por el legado de los hombres de ‘Jorge 40’ y de una política corrupta.
“Me encontré con la misma inmoralidad, las mismas prácticas políticas.  Esa élite que nos ha gobernado por siempre, que se ha entronizado en el poder. Gobiernan para ellos y para sus intereses. Por eso, quizá, me convencí de que debía participar en la contienda”, dijo a VerdadAbierta.com.  
Para ambos, el temor no ha desaparecido, y la estigmatización y el señalamiento que la Unidad Nacional de Protección les brinde un esquema especial de seguridad. Sin embargo, dicen que el espíritu de la paz es lo que los motivó a regresar al país, “no puede haber reproducción de un genocidio político. Por el contrario, tenemos que convertir la barbarie en civilidad”, dicen los representantes de la UP.
En Guapi, Cauca, se hace campaña desde la cárcel

Marino Grueso es el candidato de la Marcha Patriótica en el Cauca, se inscribió por la UP pero el pasado 21 de agosto fue detenido y sindicado de los delitos de homicidio, rebelión y terrorismo. Tanto el movimiento social como el partido político denunciaron que, tras la detención, el Gobierno quiere impedir que gane la Alcaldía en las próximas elecciones.
Aunque durante muchos años dedicó su vida a prepararse como sacerdote, sus últimos años los dedicó a la política. Estudió filosofía y teología en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín,  para luego ser profesor de ambas cátedras en colegios religiosos de Bucaramanga y Manizales.
Regresó a Guapi para trabajar con la gente, fue el director de la casa de la cultura desde el 2006 hasta el 2011. Allí lo recuerdan por su trabajo social y por su empeño con las comunidades menos favorecidas. Varios habitantes consultados por VerdadAbierta.com, aseguraron que el pueblo lo reconoce como líder comunitario desde que  implementó la lectura y gestionó con la Embajada de Japón la donación de bibliotecas públicas y computadores para cada una de las 28 veredas de Guapi.
Sin embargo, tal activismo social le sirvió para convertirse en objetivo militar las bandas criminales. Jorge Valencia, campesino de la región, aseguró que fue a raíz de la  promoción de los paros pacíficos (2013-2014), que el Gobierno lo puso ‘entre ojos’: “desde 2012 empezaron a señalarlo de ser de la guerrilla de las Farc  y, ahora a principios de año, en la emisora- Marina Estéreo- anunciaron en repetidas ocasiones que él era el candidato de la guerrilla para la Alcaldía”.
Para el conjunto de la UP, el caso de Marino es la muestra fehaciente que el Gobierno no ha brindado las garantías suficientes para hacer política en regiones convulsas como Cauca. “No se puede negar que el paramilitarismo está vivo y en crecimiento, lo demuestra el intento de homicidio contra  Hugo Sánchez (candidato a la alcaldía de ‘Los Palmitos’ en Sucre.) Si no nos matan entonces nos encarcelan, así ¿cuál paz?”, dijo Aida Avella.
Por ahora el proceso contra Marino continúa. Por un lado, las autoridades lo señalan de ser el enlace urbano del Frente 29 de las Farc, vinculándolo con varias acciones delictivas que ha cometido el grupo guerrillero y, por el otro, las organizaciones sociales reclaman el debido proceso y las garantías para que  el candidato retome el curso de la campaña.
Los campesinos tras el poder local en Sumapaz


Luego del exterminio del partido, quienes no pudieron salir de país, tuvieron que  vivir en medio de la zozobra y hacer política corriendo el riesgo de pasar a integrar la suma de los más de 5.000 militantes asesinados. René Dimaté  fue uno de ellos, se quedó para seguir su legado familiar y continuar con la formación de los campesinos en esta localidad de Bogotá.  
El Sumapaz ha sido históricamente un punto geográfico disputado por los actores armados, pues conecta con los departamentos de Huila y Meta. Durante años fue el corredor de las Farc. Actualmente, hay cuatro bases militares y tres hombres de la fuerza pública por cada habitante.
René creció en el seno de una familia de tradición partidaria, su abuela fue combatiente de la guerra del 50 y sus padres campesinos militantes del Partido Comunista. No pudo acceder a la universidad por las condiciones del territorio y de oportunidades, aun así se forjó como líder comunitario y ahora aspira a ser concejal.
“Esta es la oportunidad para decir estamos vivos, no mataron a toda la UP y estamos dando la pelea para ser poder, para estar en las administraciones locales”, dijo.
Sumapaz ha sido, por tradición, un territorio de la izquierda. Sin embargo, Cambio Radical y el Centro Democrático han comenzado a hacer presencia y a levantar sospechas. A principios del mes de agosto, la UP denunció que en el corregimiento de Betania, cerca de 500 personas, provenientes de la localidad de Usme, inscribieron la cédula, superando el número de habitantes del territorio.
René habló, además, sobre una de las grandes disputas en la próxima administración: la lucha para que se constituya la Zona de Reserva Campesina del Sumpaz y frentear una posible llegada de los desmovilizados. “No nos da temor decir que acá los vamos recibir, porque vamos a preparar el territorio para la resocialización, ellos deben adaptarse al territorio y venir a construir país bajo nuestras reglas, las de campo”.
Al igual que los demás candidatos, es un convencido que ante la adversidad la UP va a ser poder local  y regional. Los tres están convencidos que si no se aplicara, como ellos llaman, la política de las ‘tres C’ (cemento, compra conciencias), la realidad política del país sería distinta, pero que como no lo es, deben acudir al trabajo y a la organización social para convocar a nueva gente que  se sienta atrapada por las propuestas de campaña y que respalde el proyecto político que  fue silenciado hace dos décadas.
Por ahora, como ellos, hay 285 aspirantes - en 25 municipios- a seis gobernaciones, 75 alcaldías, 113 concejos y 91 juntas administradoras locales. “La UP regresó para contribuir a la paz del país, a que la tolerancia sea un hecho y la resocialización una tarea de todos. Vamos con toda y vamos a gobernar con la gente, no la tenemos fácil y no nos la dejan fácil, pero hay que ser sinceros y el país necesita del partido y su gente para generar cambios”, concluyó Aída Avella.