Simón Rodríguez Porras*
Desde el reconocimiento de la RASD por parte del gobierno de
Herrera Campins, la posición ofi cial del Estado venezolano en los
organismos internacionales ha consistido en una defensa del derecho a la
autodeterminación de independencia del pueblo saharaui. En el año 1982, la RASD
fue reconocida y abrió una embajada en nuestro país. En los últimos años
la relación bilateral cobró mayor relieve, con la fi rma de Acuerdos de
Cooperación Bilateral en octubre de 2004. En virtud de estos acuerdos,
jóvenes saharauis realizan estudios universitarios en nuestro país. A
partir del año 2006, el Grupo Parlamentario Venezolano en el Parlamento
Latinoamericano también impulsó acciones de solidaridad con el pueblo
saharaui; el mismo año, el presidente Chávez participó en una reunión con
su homólogo saharahui, Mohamed Abdelaziz en Caracas, al cabo de la cual
ratificó su compromiso con la exigencia a Marruecos de que descolonice el
territorio saharaui (Ahmed, 2006).(...)
Como parte de la cooperación educativa con Cuba y Venezuela,
fue creada la Escuela Secundaria Básica “Simón Bolívar” en el mayor
campamento de refugiados saharauis en Argelia, cercano a la Wilaya de
Smara. La primera etapa del proyecto ha entrado en funcionamiento, con
una matrícula de 360 alumnos; en la segunda etapa se incorporarán 300
alumnos más. Esta escuela permite que los niños avancen en su educación en los
campamentos, sin tener que procurarse por la formación en el exterior a
temprana edad. En el 2009, Venezuela se convirtió en el primer país
latinoamericano que colabora con la Escuela de Cine del Sahara, mediante
la donación de equipos tecnológicos por parte del Ministerio de Cultura a
fin de apoyar la realización de un Curso Audiovisual Introductorio, en el
que participaron profesionales venezolanos en las disciplinas de guion,
dirección, cámara-sonido y edición. La Dirección General del Laboratorio Nacional Hidráulica
(LNH) del Ministerio del Ambiente y el Instituto Hidráulico Saharaui
desarrollan un proyecto relacionado con la administración de
aguas subterráneas, que incluye la capacitación en hidrogeología y
perforación para técnicos saharauis.
Desde 2009, la monarquía marroquí no tiene embajada en
Venezuela. Al cerrarla, alegó que el gobierno venezolano apoyaba el
“separatismo”. No obstante, las relaciones diplomáticas continuaron,
cumpliendo las funciones de embajador concurrente el embajador marroquí ante
República Dominicana (Reyes, 2011).
El
boicot al saqueo colonial
Parodiando a Clausewitz, podemos decir que la economía es la
continuación de la guerra por otros medios. El saqueo de los recursos
naturales por parte de la monarquía marroquí, en alianza con capitales
transnacionales, es un aspecto crucial del régimen colonial, ya que
descarga sobre los trabajadores saharauis y sobre el territorio la manutención
de su propio sojuzgamiento. En virtud del saqueo, Marruecos es el
principal exportador de roca fosfática del mundo, con una producción anual
de más de tres millones de toneladas, lo que representa más de trescientos
millones de euros al año. Esto supone una tasa de agotamiento del recurso que
se estima en un 2% anual (WSRW, 2012). La depredación de los bancos pesqueros
ubicados en el mar territorial saharaui aporta a los capitales saqueadores
ganancias superiores al millardo de euros anuales. Se calcula que
aproximadamente novecientas mil toneladas de pescado obtenidas por los
países de la Unión Europea proceden de las costas del Sahara Occidental
(Afapredesa, 2005).
En materia petrolera, también ha sido denunciado el
involucramiento de la transnacional francesa Total, en proyectos de
extracción petrolera en el mar territorial saharaui (WSRW, 2012). Empresas
francesas y marroquíes desarrollan proyectos agrícolas en Dajla y otras
zonas del sur del Sahara Occidental (WSRW, 2011). La lucha contra el
saqueo marroquí y transnacional de los recursos saharauis es por lo tanto una
tarea de primera importancia. Pese a las expresiones de apoyo a la causa
saharaui por parte del gobierno venezolano, Venezuela no se escapa de la red
económica tejida con los recursos expoliados al pueblo saharaui.
Actualmente, la petroquímica estatal venezolana Pequiven y FMC Foret (filial española
de la transnacional estadounidense FMC Corporation) son copropietarias de la
empresa mixta Tripoliven, que procesa el fosfato de calcio presente en la
roca fosfática procedente del Sahara Occidental (Ver: http://www.tripoliven.com/empresa.htm).
FMC Foret es una de las principales transnacionales involucradas en la
explotación ilegal de los recursos naturales en territorio saharaui, tal
como refl ejan los informes de Western Sahara Resource Watch (2007) y Venezuela
es uno de los destinos de los fosfatos explotados ilegalmente (WSRW,
2012). Esta actividad económica realizada por la potencia ocupante, cuya
soberanía sobre el Sahara Occidental no ha sido reconocida por ningún país del
mundo, financia la permanencia de las tropas invasoras, las dota de
armamento, sostiene el muro de la vergüenza de más de 2.720 kilómetros que
divide el territorio saharaui y permite el funcionamiento de todo el
aparato represivo y administrativo colonial, al tiempo que compra el apoyo
incondicional de potencias con derecho a veto en el Consejo de Seguridad
de las Naciones Unidas, como lo son Francia y los EEUU.
La política exterior venezolana tiene su marco legal y
doctrinario sintetizado en el artículo 152 de la Constitución de la
República Bolivariana de Venezuela, el cual establece como uno de sus
principios la “solidaridad entre los pueblos en la lucha por su
emancipación”. (Ver: http://www.tsj.gov.ve/legislacion/constitucion1999.htm).
El comercio exterior, en tanto concreción material de las relaciones exteriores
de la República, no puede atentar en contra de dicho principio. El boicot
al pillaje marroquí y transnacional es consustancial a una auténtica
política de solidaridad con la emancipación del pueblo saharaui. Derrotar
al colonialismo exige romperle el espinazo económico.
*Simón Rodríguez Porras es miembro
de la Asociación Venezolana de Solidaridad con el Sáhara (Asovessa) y candidato
a diputado en el estado Mérida por el Partido Socialismo y Libertad (PSL).
