La inesperada decisión del CNE
de exigir paridad de género en las postulaciones para las parlamentarias de
2015 revela, una vez más, la voluntad del oficialismo de contribuir con una atmósfera
de incertidumbres y malestares que perturben las importantes elecciones que
tendrán lugar el próximo 6 de diciembre.
Es imposible no estar de
acuerdo, como mujer, con regulaciones que permitan remontar la tremenda
inequidad de género o que combatan el machismo, la violencia y el militarismo
que hoy caracterizan la esfera política venezolana y que medidas como éstas
podrían contribuir a mitigar. Medidas de acción afirmativa podrían ser
beneficiosas en un país de tantas exclusiones como la Venezuela de hoy, no sólo
para las mujeres, pero ciertamente para nosotras por ser la mitad de la población
votante. Si se hacen con profesionalismo y acotados en el tiempo, la
experiencia en otras latitudes muestra que puede ser un instrumento valioso.
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El problema, sin embargo, no
son las medidas mismas. Esa regulación, anunciada como una conquista feminista,
es apenas la retórica maquilladora que usa el CNE para perturbar un proceso
electoral que a todas luces aparece desfavorable al Gobierno.
El anuncio se hace sin consulta
a las organizaciones con fines políticos, después de que se fijaron y se han
desarrollado procesos de selección de candidatos a través de mecanismos de
primarias entre todos los actores políticos, así como de construcciones difíciles
de consensos. Estos procedimientos están reñidos con estas nuevas regulaciones
simplemente porque no estaban vigentes cuando se adelantaron, siendo procesos
en sus momentos apoyados por el mismo CNE.
Este nuevo criterio, además,
viola lo que taxativamente exige la Constitución en su Artículo 298. La fecha
de las elecciones se fijó el 6 de diciembre y la Constitución de la República
Bolivariana de Venezuela indica con claridad que había tiempo para modificar
las reglas del juego de este proceso hasta el 6 de junio. El viernes, cuando se
anunció este reglamento, la fecha límite había expirado veinte días antes.
Es tramposa la justificación
que hace el ente electoral apelando al Artículo 21 de la Constitución que prohíbe
cualquier discriminación. Ese artículo tiene el mismo rango del Artículo 298,
que prohíbe modificar la ley en los seis meses anteriores a la fecha de las
elecciones. Si el CNE hubiera querido ceñirse a la CRBV, hubiera aprobado esta
resolución dentro de los tiempos que la letra y el espíritu de la Constitución
señalan. Por lo que no era propósito del CNE ajustarse al Estado de Derecho,
sino continuar echando leña a una fogata que se caldea día a día.
Con las primarias ya realizadas
por las fuerzas opositoras, y muy adelantado su proceso de selección por
consensos de los restantes candidatos, el CNE pareciera buscar azuzar tensiones
internas y ayudar así a la parcialidad política que, sin rubor, hoy profesan
las rectoras. Por cierto, ¿por qué no se aplican ellas ese criterio en la
composición del ente? Ahí hay claramente discriminación de género. ¿Será que lo
que buscan es dividir a la oposición para inclinar la cancha de juego un poco más
a favor del oficialismo? Aunque estos también han adelantado ya bastante el
proceso de escogencia de sus candidatos, seguramente sabrían de esa jugada y,
por sus propias características, les resultará menos traumático acatar
decisiones que se toman desde arriba.
Alterar las reglas de juego es
claramente una falta seria del ente que debe garantizar la equidad,
transparencia y éxito democrático de un proceso electoral. Y no ajustarse al
Estado de Derecho es una más grave aún, que no justifica una medida que tomada
de otra manera, y dentro de tiempos no reñidos con la CRBV, todos lo hubiéramos
celebrado.