Luis
Fuenmayor Toro
Las
numerosísimas filas de gente alrededor de abastos, farmacias y otros negocios
expendedores de mercancías de uso corriente, presentes en varias de las grandes
ciudades del país, han desatado la furia del Gobierno empeñado en negar lo que
es más que evidente para todos los venezolanos: la angustiante escasez de
muchos productos básicos, cuya obtención se ha vuelto una pesadilla para el
pueblo pobre y menos pobre de Venezuela. Como para el Gobierno, todo lo malo
que ocurre en el país nunca es culpa suya, sino de la oposición polarizada,
Uribe y el gobierno de Obama, los consumidores demandantes de mercancías de uso
cotidiano se transforman en enemigos y desestabilizadores, agentes del mal,
conspiradores y hasta traidores a la patria. Delincuentes, en una palabra, y
como tales están comenzando a ser tratados.(...)
Como resultado
de las quejas de la gente ante el desabastecimiento y el alto costo de la vida,
dos nuevos “delitos” graves han aparecido en los últimos días: las protestas de
quienes se encuentran en las filas en espera de su turno para comprar, las
cuales se producen en los espacios públicos donde estas esperas se realizan, y
el hecho de tomar fotografías de las multitudes en fila y de las protestas que
se producen en las inmediaciones de los supermercados. Estos dos nuevos
delitos, que no aparecen en el Código Penal Venezolano ni en ninguna normativa,
ordenanza o reglamento, lo que significa que no son actividades delictivas,
están siendo tratados por las policías con la detención de quienes protestan y
de quienes toman fotos, lo cual es una violación del artículo 44 de la
Constitución, que dice que sólo se puede ser detenido por orden judicial o si es
hallado en situación de flagrancia, es decir, cometiendo el acto delictivo.
La
protesta pacífica no es ningún delito en Venezuela. Tampoco lo es tomar
fotografías. Es inaceptable y condenable que el Gobierno actúe de esta
abominable manera. No sabíamos que a este tipo de acciones policiales se
refería el vicepresidente Arreaza, cuando dijo que en Ramo Verde había
suficientes calabozos. Protestar y tomar fotos, lejos de ser delitos, son ejercicios
esenciales de las libertades de expresión e información en un país de gobierno
democrático, por lo que la represión de estas actividades significa la
presencia de conductas dictatoriales por parte del Gobierno de Nicolás Maduro,
condenables y denunciables. Se trata de una de las arbitrariedades más
peligrosas que le hemos visto al Ejecutivo Nacional, pues se ejerce contra el
pueblo llano y hay que exigir una inmediata cesación de la misma.
El
Gobierno cada vez se muestra más incoherente, inquieto y temeroso ante los
efectos directos de sus errores y perversiones. Ya no le basta con negar la
existencia de la crisis, ya no le basta con culpar a otros de sus errores,
ahora quiere acabar mediante el terror con la insatisfacción de la gente. Mal
sendero…
