Rafael
Uzcátegui (*)
Hay
injusticias, con nombre y apellido, que dan rostro a males padecidos por
muchos. El de Rodney Alvarez es uno de ellos.
El
9 de junio de 2011 un hecho confuso dentro de la empresa Ferrominera terminó
con el trabajador Renny Rojas asesinado de un disparo. Ese día se elegía la
Comisión Electoral que organizaría las elecciones del sindicato
SintraFerrominera.
Rubén
González, quien había estado preso y enfrentaba un juicio por acompañar una
huelga de trabajadores era su Secretario General y se lanzaba a la reelección.
El
oficialismo quería propinarle un golpe político derrotándolo con la candidatura
del dirigente del PSUV Alfredo Spooner, quien en ese momento contaba con el
apoyo de Radwan Sabbagh, presidente de la empresa.(...)
Durante
la jornada se elegirían tres de los miembros de la Comisión Electoral que
organizaría posteriormente las elecciones. Y si alguien tenía intenciones de
manipularlas, tendría más posibilidad si controlaba también el equipo que las
promocionaría.
La
asistencia fue masiva, pero durante la mañana el clima fue enturbiándose debido
a la presunta votación de personas no relacionadas con la compañía. Comenzaron
los forcejeos, que derivaron en la detonación de disparos.
Varios
testigos, incluyendo al propio González, declararon que vieron a Hector Maicán,
en ese momento secretario de finanzas del sindicato y partidario de Spooner,
realizar los disparos. Maicán fue detenido y su arma fue la única que se
decomisó en el momento. Sin embargo, apenas duró 24 horas preso.
Sin
ningún tipo de evidencia que lo respalde, se detuvo a la persona que después de
Maicán más se parecía al retrato hablado realizado tras la declaración de
quienes estaban en el sitio: El trabajador Rodney Antonio Álvarez Rodríguez.
Hoy se encuentra, a la espera del inicio del juicio en su contra, en la cárcel
de El Rodeo. Desde aquella jornada varias cosas han pasado.
González
fue reelecto como Secretario General del sindicato y Radwan Sabbagh fue
detenido por actos de corrupción dentro de Ferrominera. Los trabajadores han
incluido la libertad de Álvarez dentro de sus consignas en las movilizaciones
por condiciones dignas y un emprendimiento político de izquierda de la zona,
Núcleo Proletario Clasista, han iniciado una campaña para denunciar la
injusticia en el caso.
Yaritza
Rodríguez, madre de Rodney hizo un llamado a la progenitora del trabajador
asesinado: “Luchemos juntas para que se haga justicia. Ya que con plata ellos
creen que pueden comprar todas las conciencias. Pero el dolor de una madre
nadie nos lo podrá comprar”. Rodney es parte de las estadísticas del retardo
procesal en el país: Después de tres años aún no se inicia el juicio.
Organizaciones
que velan por los derechos de los privados de libertad han diagnosticado que el
retardo procesal es una constante en las prisiones del país, especialmente en
las personas de pocos recursos que no tienen influencias ni recursos económicos
para acelerar los procesos o comprar las sentencias.
Cualquier
persona que haya tenido que ver en los últimos años con el sistema de
administración de justicia conoce sus irregularidades. Jueces provisionales,
designados a dedo desde las alturas, siguen otros dictados diferentes a la
justicia y la verdad de los hechos. Mientras el “pranato” organiza la vida
dentro de las cárceles en el país, un fenómeno que hubiera hecho las delicias
de pensadores como Michael Foucault, extramuros jueces y fiscales deciden, bajo
referentes distintos al de la probidad, el destino del resto de los mortales.
La
madre de Rodney ha denunciado maltratos físicos por parte de los funcionarios.
A pesar de la reciente aprobación de una ley de prevención de la tortura, los
funcionarios policiales y militares del país continúan aplicando métodos de
coerción y castigo reñidos con los derechos humanos.
De
nuevo los tratos inhumanos, crueles y degradantes tienen perspectiva de clase y
se ensañan contra los que menos, o sencillamente nada, tienen. El 26 de agosto
pasado debía realizarse una audiencia de presentación, que fue una vez más
suspendida.
Los
guayaneses conocen perfectamente la dilación de los tribunales en casos
emblemáticos de la entidad, como por ejemplo el Secretario General de
Ferrominera Rubén González. La familia de Rodney debe asumir el traslado hasta
Caracas para ser testigos en primera fila de la ineficiencia de los juzgados.
¿Quién
asumirá las reparaciones materiales y a su dignidad cuando se corroboren lo que
dicen los testigos, que Rodney no tuvo nada que ver con el asesinato de Rojas?
Lejos de su familia, de sus seres queridos, dejando de ser un aporte para el
sustento familiar sino una carga.
El
Núcleo Proletario Clasista tiene razón cuando afirma que Rodney es un ejemplo
de las irregularidades del sistema de administración de justicia y de abuso de
poder, y que su caso pudiera ser el de cualquier hijo de una familia humilde
del país. El Frente Clasista Argimiro Gabaldón de Barquisimeto repitió una
consigna que hoy nos parece doblemente pertinente: Sin justicia no hay
revolución.
(*)
Coordinador de Investigación de Provea
