Abran la
puerta, es el Sebin
El organismo de inteligencia se
ha convertido en uno de los principales brazos utilizados por el gobierno para
neutralizar la ola de protestas que ha arropado al país en los últimos tres
meses. Detenciones sin órdenes judiciales, interrogatorios no autorizados por
jueces, operaciones de vigilancia y hostigamiento han sido cuestionados por
quienes han sido objetivos de la institución. Sus críticos, sin embargo, señalan
que todo esto demuestra las dificultades que tienen para procesar información y
controlar una situación que los desbordó
FABIOLA
ZERPA (...)
Una llamada es recibida
por una dirigente estudiantil desde un teléfono desconocido a través del cual
le dicen, como prueba de que está bien vigilada, cuál es el menú que acaba de
ordenar; un activista de un partido es perseguido en la autopista, interceptado
en el estacionamiento de su edificio y requisado por dos hombres que le
advierten: “Sabemos quién eres y qué haces”; un periodista independiente es
interrogado por tres individuos que le obligan a mantener la cabeza entre las
piernas mientras le dan un paseo en una camioneta por puntos desconocidos de la
ciudad; unos jóvenes son encerrados en una celda muy pequeña iluminada por un
bombillo que no les permite adivinar si es de tarde, mañana o noche; unos
universitarios, alojados en un hotel, son sorprendidos por golpes en la puerta
de la habitación y por gritos desde afuera con una orden: “¡Abran! ¡Es el
Sebin!”.
Interrogatorios que no
constan en actas judiciales; operaciones de intimidación y hostigamiento;
construcción de pruebas para la justicia penal con informantes anónimos
–denominados “patriotas cooperantes”–; detenciones sin órdenes judiciales; y
reclusiones en condiciones precarias. La enumeración recoge apenas una parte de
las denuncias más frecuentes de los manifestantes, activistas, dirigentes y
abogados que han visto de cerca el rostro más oscuro del Servicio Bolivariano
de Inteligencia Nacional en los últimos 100 días, una faceta que tuvo su peor
revelación el pasado 12 de febrero cuando funcionarios del organismo fueron
grabados mientras disparaban contra manifestantes desarmados en los sucesos que
causaron las 2 primeras de las 45 muertes que han enlutado al país desde la
marcha por el Día de la Juventud. El episodio, según el presidente Nicolás
Maduro, ocurrió por la desobediencia a las órdenes de acuartelamiento. Después
de la detención de 8 involucrados en los hechos no han seguido anuncios sobre
si se investiga a algún autor intelectual.
El Sebin ha sido uno de
los brazos usados por el gobierno para neutralizar, en una carrera
contrarreloj, la ola de protestas que tomó las calles venezolanas en forma de
bloqueos de vías, marchas, asambleas, concentraciones y campamentos. Más allá
del alegato sobre el incumplimiento de instrucciones el 12-F, nadie ha
respondido las acusaciones presentadas contra la institución, que desde
diciembre de 2012 fue adscrita a la Vicepresidencia de la República, ocupada
entonces por Maduro y hoy por Jorge Arreaza, a quien se le solicitó una
entrevista, sin éxito, para el presente trabajo. Exfuncionarios y analistas
consultados coincidieron en que las manifestaciones desbordaron la capacidad de
la organización para generar inteligencia de manera oportuna y fidedigna, lo
que debería ser su foco. “Están actuando de manera reactiva más que preventiva
y eso es señal de que no recogen ni procesan apropiadamente información para
anticiparse a las hechos y tomar decisiones”, dice un comisario retirado. En el
punto coincide un colega jubilado de la misma jerarquía.
La institución, en cambio,
ha intensificado las acciones de vigilancia, amedrentamiento y de apoyo a los
órganos represivos -sostienen los consultados-, lo que ha dejado a muchos
opositores la sensación de que viven en un Estado policial. “La función de
control de orden público se ha solapado con la de inteligencia”, afirma Rocío
San Miguel, directora de la ONG Control Ciudadano. Hay coincidencia, además, en
que al Sebin no lo emplean como un órgano al servicio del Estado, sino para la
supervivencia de la llamada revolución bolivariana. Un retrato a partir de los
testimonios de quienes han sido objetivos de esas operaciones del organismo
revela qué le pasa a un gato cuando, de pronto, debe perseguir cientos de
ratones.
Sin orden, sin
formato. José Aguilar, Leandro Flores, Willander
Peñaloza, Manuel Quiroz, Jesús Ibarra y Carol Monasterios fueron detenidos bajo
engaño por funcionarios del Sebin que nunca le presentaron una orden de
aprehensión. Todos son universitarios tachirenses que viajaron a Caracas a una
reunión nacional del movimiento estudiantil y se alojaron en el hotel Savoy, en
Sabana Grande. Los invitaron al Helicoide a rendir una declaración escrita y
allí les informaron que quedarían detenidos. Permanecieron en el lugar 66
horas: 18 más que el tiempo legal para presentar a un ciudadano ante un
tribunal.
“Esto es un procedimiento
de investigación”, fue la explicación que le dijeron a los universitarios
cuando los abordaron en sus habitaciones el viernes 5 de marzo. Ninguno se
opuso a la requisa minuciosa que incluyó closets, gavetas, baños, camas,
espejos, muebles, bolsos y teléfonos celulares, los cuales fueron
incautados para la revisión de fotos, mensajes y llamadas. Fueron interrogados
individualmente. “¿Qué hacen ustedes en Caracas? ¿Quién es su líder? ¿Ustedes
son los guarimberos que tienen loco al gobernador del Táchira (José Gregorio
Vielma Mora)?”. Por separado les lanzaban anzuelos: “Nos decían: ‘Confiesa
todo, que te acaban de delatar”, recuerdan Aguilar y Flores.
Al cabo de casi cuatro
horas llegó una confesión, pero de los agentes. El comisario Carlos Calderón,
una de las cabezas del organismo, se presentó en el sitio: “Nos dijo que no había
delito, pero que necesitaba una declaración escrita y así nos llevaron”.
Permanecieron incomunicados hasta que el diputado Miguel Pizarro accedió al
Helicoide y les prestó su teléfono celular. Los cinco hombres del grupo fueron
encerrados en una diminuta celda, sin iluminación natural y con una colchoneta
sucia. Los acompañaban dos acusados de narcotráfico, dos supuestos
paramilitares y dos presuntos agresores del actor y dirigente Winston
Vallenilla. Una fiscal los acusó de rebelión, agavillamiento y asociación para
delinquir, pero el tribunal les dio finalmente la libertad plena. El día de su
detención, sin embargo, Maduro habló de la captura de un grupo de
desestabilizadores colombianos. Hasta la fecha, hay 35 estudiantes apresados en
el Helicoide, sede del Sebin, según información de Gaby Arellano, dirigente de
la Universidad de los Andes y del partido Voluntad Popular.
Enfriamiento y
seguimiento. Un periodista independiente, cuyo nombre se
mantiene en reserva, vivió en carne propia un interrogatorio atemorizante que
no quedó asentado en expediente alguno. Salía de su casa, a plena luz del día,
cuando un hombre parado al lado de una camioneta negra lo llamó con
cordialidad. “¿No te acuerdas de mí, vale? Ven, que tengo que decirte algo”. Al
acercarse, el desconocido se identificó como miembro del Sebin y le comunicó
sobre una supuesta averiguación por delitos informáticos. Primero le pidió que
le acompañara a responder unas preguntas, pero luego le obligó a subir al
vehículo.
Fue entonces cuando comenzó
un largo paseo en el que lo obligaron a mantener la cabeza entre las piernas
mientras le formulaban las preguntas: “¿Por qué te la pasas en las protestas?
¿Por qué cuelgas esas fotos en las redes sociales? ¿Quiénes son los financistas
de las guarimbas?”. Un momento será inolvidable: el vehículo se detuvo y pasó
media hora sin que le preguntaran algo: “Pensé en muchas cosas”. La
característica del procedimiento hace pensar en el propósito a los comisarios
consultados: “Son acciones encubiertas para ‘enfriar’ a personas que por alguna
razón son molestas. Son ilegales, aunque organismos de inteligencia las
ejecutan más para contención que para procesar información”.
Otros consultados
coinciden en que lo publicado en redes sociales se ha convertido en un asunto
de gran sensibilidad para los oficiales, que suelen incluir preguntas sobre por
qué se han publicado determinadas imágenes de efectivos del organismo o de
civiles armados acusados de reprimir a opositores. La sede de la página web
Reporte Confidencial –que han hecho una detallada crónica audiovisual de las
protestas– fue allanada por el Sebin. La incautación masiva de teléfonos
celulares de los manifestantes no solo ha servido para nutrir sobre las
relaciones que los conectan –como lo admitió Miguel Rodríguez Torres, ministro
de Relaciones Interiores, Justicia y Paz–, sino para verificar qué imágenes han
captado.
Blancos de vigilancia.
El seguimiento de líderes del movimiento estudiantil se aplica de manera
permanente. Universitarios y políticos llaman “zamuros” a los funcionarios que
los vigilan. “Ocurre a diario y a todas partes que voy. En una ocasión me senté
en una pollera a comer. Al rato sonó el celular y escuché a alguien que me
dijo: ‘¿Cómo está el pollo? Que te caiga bien. Estamos afuera”, relata Gaby
Arellano, cuya casa en Mérida fue vigilada y allanada. José Patete,
secretario general de Estudiantes de Juventud Activa Venezuela Unida (JAVU) en
Anzoátegui, denunció estas prácticas como una forma de hostigamiento. El uso de
vehículos sin placas alrededor de domicilios, centros de trabajo y otros puntos
ha sido reportado.
El Sebin ha desplegado una
estrecha vigilancia a los cuadros de Voluntad Popular, considerado un
movimiento involucrado en un golpe de Estado contra Maduro. Freddy
Guevara, uno de los directores nacionales del partido, calcula que más de
un centenar de compañeros han sido hostigados por el organismo de inteligencia
y otras instituciones de seguridad. “Una noche me persiguieron hasta el
estacionamiento de mi casa y me llamaron por mi nombre. Fue como una amenaza”,
cuenta un activista del interior. El 17 de febrero, cuando aún Leopoldo López,
líder del grupo, no se había entregado a la justicia, un violento procedimiento
de allanamiento fue realizado por desconocidos a la sede de este partido y
quedó registrado por las cámaras de seguridad. Muchos le atribuyeron esta
acción al Sebin.
Darío Ramírez, concejal de
la cámara municipal de Sucre, en Caracas, por Voluntad Popular, fue uno de los
objetivos más recientes del Sebin. Fue citado el 2 de mayo a declarar ante la
Dirección de Investigaciones Estratégicas. Su madre recibió el oficio: los
funcionarios le advirtieron que el dirigente debía acudir al llamado sin
abogados y que si no se presentaba, ella iría presa. Rosmitt Montilla, también
miembro de la organización, permanece detenido en el Helicoide luego de un
allanamiento a su residencia en Caricuao. Los compañeros insisten en que le
implantaron pruebas para incriminarlo: varios sobres con dinero.
Defensa de un proyecto.
La politización ha marcado el desempeño del servicio. La organización se define
a sí misma como un órgano de inteligencia y contrainteligencia de la Nación, no
del Estado. Su primer objetivo para 2014 ha sido descrito así en la más
reciente memoria y cuenta: “Garantizar la continuidad y consolidación de la
Revolución Bolivariana en el poder”. Algunas de las personas que han estado en
manos de los agentes refieren que han escuchado quejas: “Uno de los que nos
interrogaba nos pidió disculpas porque él había estudiado para neutralizar
narcotraficantes, verdaderos terroristas, no para perseguir gente que
manifiesta”, narra un universitario que pasó varias horas detenido por el Sebin
en abril.
La misión de preservar el
proyecto político ha sido tomada a pecho por muchos. “Si le preguntas a un
joven detective qué es el Sebin, te dicen que es una institución humanista y
revolucionaria”, explica el comisario retirado. El proceso comenzó en 1999
cuando se comenzó a reestructurar la institución y a reemplazar los anteriores
mandos y analistas por unos nuevos, comprometidos con la emergente propuesta
política: algunos señalan que incluso se entregaron credenciales a civiles de
grupos armados. “Fue como una cacería de brujas porque los nuevos directores
eran los vigilados de antes”. Lo que ocurrió, de acuerdo con la fuente,
anticipaba el camino de una distorsión: “Los informes sesgados e incompletos,
hechos a la medida de los nuevos oídos, comenzaron a proliferar y eso a la
larga afecta la capacidad de la institución de procesar información y saber qué
ocurre”.
Pruebas controversiales.
Detenidos y abogados defensores han señalado que reportes de inteligencia con
generalidades han sido presentados por el Sebin como argumento para solicitar
las privaciones de libertad de procesados ante la justicia. Así ocurrió con los
11 jóvenes que formaban parte de los campamentos desmantelados hace 10 días en
Caracas. Alonso Medina Roa, abogado del Foro Penal, señaló que informes como
esos deben servir como punto de partida para las investigaciones, pero no deben
aceptarse como pruebas.
Otros casos de
implantación de pruebas también han sido denunciados por organizaciones
políticas diferentes a Voluntad Popular. Lo hizo Primero Justicia con el caso
de Hernando Garzón, dirigente de base del partido en Barinas, y de su esposa,
Sandra Flores, asesora del concejo municipal de esa ciudad. Los dos fueron
detenidos el 26 de marzo por el Sebin y el Cicpc. Los agentes se presentaron en
la vivienda de la pareja para buscar a una familiar requerida por la supuesta
participación en el incendio de instalaciones del Ministerio de Petróleo y
Minería una semana antes. No la consiguieron allí.
“Cuando revisaban la parte
superior de la vivienda, junto con Garzón y su esposa, abajo hubo un movimiento
y entonces aparecieron con una caja de niples y bombas molotov. Todos en el
partido estamos convencidos de que se la sembraron”, asegura Neyl Arévalo,
secretario de organización de Primero Justicia en Barinas. Los esposos fueron
imputados por financiamiento al terrorismo, asociación para delinquir y
fabricación ilícita de explosivos. En la audiencia preliminar la jueza
desestimó los dos primeros delitos, después de lo cual fue destituida. Hasta
hoy, Garzón y Flores continúan privados de libertad.
Operación arbitraria. Uno
de los peores procedimientos ejecutados por el organismo durante la crisis
política terminó con la muerte de una de sus oficiales: Glidis Karelis Chacón,
de 26 años de edad, quien había sido empleada de una guardería de Pdvsa hasta
principios de 2013 cuando se enroló en el curso del Sebin para egresar como
detective, la jerarquía más baja de la institución. Ella acompañó a los
superiores que se llevaron a la fuerza a José Alberto Rivas de la Segunda
Avenida de Los Palos Grandes, en el municipio Chacao, lo que terminó en una
persecución con la policía local durante la cual Chacón perdió la vida. Los
expertos consideran que el procedimiento tiene características de una
“operación encubierta” que fue conducida de modo equivocado.
Las objeciones jurídicas
han sido señaladas: “Los funcionarios que dirigieron la operación no tenían
orden de aprehensión de juez alguno, lo que emitió después. Tampoco cumplieron
los protocolos de coordinación con la policía municipal, por lo que todos
pensaron que Rivas era víctima de un plagio”, afirma el diputado Pizarro. Rivas
fue liberado luego de 45 días de detención, al igual que David Urbina, quien
fuera detenido en iguales condiciones el mismo día en la zona. Las leyes solo
permiten que, en ausencia de orden, la captura se realice ante la comisión de
un delito flagrante. Los expertos advierten, además, graves fallas operativas.
“Tomaron demasiado tiempo para controlar a una persona, no demostraron buenas
técnicas para someterla y además la abordaron en una calle muy transitada. No
habla bien del entrenamiento de quienes participaron allí”, dice uno de los
comisarios retirados. “Se pusieron en riesgo ellos mismos y a la persona que
querían llevar. Con mejor inteligencia y evaluación del caso no hubiera sido
necesaria esa irresponsabilidad”.
Con
información de David González
El problema del mando
El
Sebin ha tenido tres directores en un plazo de seis meses: el mayor general
Miguel Rodríguez Torres, actual ministro de Relaciones Interiores, Justicia y
Paz, estuvo al frente de la institución por seis años y hasta el 19 de enero.
Luego lo reemplazó el general de brigada Manuel Bernal Martínez quien apenas
duró un mes en el cargo hasta el nombramiento de otro mayor general: Gustavo
Henrique González López.
Los cambios de mando entre
altos oficiales del Ejército tuvieron como telón de fondo una crisis de
gobernabilidad –de acuerdo con la versión oficial– que se expresó en la
desobediencia de un grupo de funcionarios a las órdenes de la mantenerse
acuartelados en la marcha por el Día de la Juventud, el 12 de febrero,
cuyo desenlace fue el catalizador de nuevas protestas y bloqueos de calles que,
al cabo tres meses, aún no cesan.
Los disturbios que
siguieron a la manifestación del 12-F concluyeron con el homicidio de dos
personas –el carpintero Bassil DaCosta y Juan Montoya, dirigente de los
colectivos del 23 de Enero– en el centro de Caracas. Horas más tarde, un
pistolero asesinó en Chacao a Roberto Redman, un activista opositor que asistió
a DaCosta cuando fue herido de muerte y quien además acostumbraba a tomar fotos
de los actos políticos en los que participaba. La hipótesis de que su asesinato
haya sido perpetrado por haber captado la imagen de los homicidas del
carpintero todavía gravita entre quienes reclaman una comisión de la verdad.
Funcionarios del Sebin
fueron acusados por usar armas de fuego durante los disturbios, pero también un
sargento del Ejército (Jonnathan Rodríguez) y un policía nacional (Andry Jaspe)
identificados, respectivamente, como asistente y escolta de Rodríguez
Torres. A José R. Perdomo, efectivo del servicio de inteligencia, le
atribuyeron las muertes de DaCosta y Montoya. Jhonny Montoya, hermano del
último, ha dicho que duda de que ese sea el responsable del homicidio de su
pariente.
Los voceros del Ministerio
Público no han abundado sobre el alcance de los nexos del ministro con esos
antiguos subordinados. Rodríguez Torres, en cambio, ha sido minucioso al
referirse a las conexiones de los dirigentes opositores a los que atribuye
participar en un plan de golpe de Estado. Su perfil como portavoz del gobierno
y de los resultados de los trabajos de inteligencia del Sebin se ha
incrementado en las últimas semanas. Su asesor de prensa, sin embargo, responde
así cuando se le llama para pedirle una entrevista sobre la institución: “¿Qué
tenemos que ver con ellos?”. El servicio está adscrito a la
Vicepresidencia de la República. Hugo Chávez lo apartó del organigrama del
despacho de interiores el 6 de diciembre de 2012, dos días antes de su última
aparición pública. El mandatario buscaba fortalecer al entonces segundo al
mando, Nicolás Maduro. El ahora vicepresidente, Jorge Arreaza, ha pasado
desapercibido con respecto al tema.
Inteligencia auditable
La
Asamblea Nacional, la Defensoría del Pueblo, la Fiscalía y los tribunales de
control son las instituciones responsables de ejercer la contraloría sobre los
servicios de inteligencia ante la denuncia de cualquier ciudadano interesado.
“Así lo establece la Constitución”, indica Rocío San Miguel, directora de
Control Ciudadano y experta en temas de seguridad.
Se preveía que la Ley del
Sistema Nacional de Inteligencia y Contrainteligencia, propuesta en 2008,
incluyera dispositivos para que el Sebin contara con mecanismos de contraloría
interna y externa. Sin embargo, el proyecto incluía artículos reñidos con la
Constitución y las libertades democráticas, como la obligatoriedad de los
ciudadanos de reportar al Estado actividades sospechosas. El rechazo inmediato
de partidos políticos, organizaciones de derechos humanos y expertos legales
llevó a que el Instrumento legal –denominado “ley sapo”– tuviera corta vida: a
los quince días fue derogada por el presidente Hugo Chávez. “Desde entonces e
generó una especie de trauma que ha imposibilitado que la Comisión de Defensa
de la Asamblea Nacional avance en una ley democrática que regule los servicios de
inteligencia y contrainteligencia”, indicó.
Las actuaciones del Sebin
en los últimos tres meses reflejan un margen de discreción ilegal, señala. La
negativa del oficialismo a abrir investigaciones contra los organismos públicos
impide que se dé un debate al respecto. No obstante, los legisladores no están
exentos de su responsabilidad de exigir cuentas para dejar registro de las
ilegalidades cometidas. “Sin una negativa expresa para el debate parlamentario
sobre los procedimientos del Sebin, no se puede acudir al Tribunal Supremo para
judicializar el caso”.
Tres irregularidades
saltan a la vista en el desempeño de la institución. Una es la alta frecuencia
con que realiza allanamientos sin órdenes judiciales, un mecanismo que muchas
veces conlleva a otra violación: la detención de personas sin boletas de
captura. En segundo lugar, existe una violación a la garantía constitucional
sobre el secreto y la inviolabilidad de las comunicaciones privadas (artículo
48). “El gobierno ha admitido esta ilegalidad a través del ministro Rodríguez
Torres, cuando se ha referido a correos electrónicos y llamadas telefónicas
para hacer acusaciones contra políticos y defensores de los derechos humanos”.
El
agravante sobre la interceptación de comunicaciones es que se está haciendo por
tiempo indefinido, agrega. “Eso es ilegal, porque solo un tribunal puede
autorizarlo de manera explícita y por tiempo definido. Eso no lo he visto
en los expedientes judiciales en los últimos tiempos”.
Cifras:
8 funcionarios
del Sebin fueron puestos a las órdenes de las autoridades por su participación
en los sucesos del 12 de febrero en Caracas
66 horas pasaron detenidos
estudiantes tachirenses en el Helicoide en Caracas en marzo. Se sobrepasó el
límite legal para presentarlos ante tribunales
3 directores ha tenido el
Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional en un plazo de un semestre:
Miguel Rodríguez Torres, Manuel Bernal Martínez y Gustavo González López.
