Dentro de dos días, el Programa
Venezolano de Educación Acción de los Derechos Humanos (Provea) cumplirá 25
años batallando por la vida y por la dignidad.
Desde sus inicios han sido
veedores y acompañantes de cientos de víctimas, producto de un país donde los
derechos suelen ser vulnerados con la misma facilidad que son exigidos.(...)
Recién fundados fueron testigos
de la denominada “Masacre de El Amparo”. Meses más tarde, el 27 de febrero de
1989, vino “El Caracazo”, cuyas protestas contra el gobierno del entonces
presidente Carlos Andrés Pérez dejaron un saldo de 300 muertos, según cifras
oficiales, aunque otras fuentes aseguran que fueron miles.
Catorce años después, el 11 de
abril de 2002, ocurrió el fallido golpe de Estado contra el gobierno de Hugo
Chávez, donde fallecieron 19 personas y otras 73 resultaron heridas.
Por un cuarto de siglo, la organización le ha apostado
a los derechos sociales como insignia y a la justicia como su única arma
El ímpetu de lucha de Marino
Alvarado Betancourt, coordinador general de Provea desde hace seis años, y de
su equipo, es indiscutible. Algunos han ido y venido, otros quieren ayudar,
pero pocos pueden hacerlo; sin embargo siguen allí con un mensaje vigente:
todos los derechos para todas y todos.
“Hace 20 años nos llamaban
‘defensores de delincuentes’ y ahora ‘espías del imperio’. Los gobiernos pasan
pero las descalificaciones quedan. Cualquiera que defienda los derechos humanos
y sea crítico de las políticas de Estado se vuelve una piedra en el zapato”,
dice Alvarado, quien inició como coordinador jurídico en Provea hace 18 años.
Pero con los ataques también
llegaron espaldarazos. Ser la primera Organización No Gubernamental en hablar
de derechos sociales en Venezuela les abrió muchas puertas y les permitió
convertirse en, más que defensores, educadores.
“Para su época los tres
fundadores fueron unos visionarios, hablaron de derechos sociales cuando todos
se focalizaban en aquellos vinculados a las exigencias políticas. Ese paso, que
terminó siendo replicado en todo el continente, pareciera haber llegado en el
momento más necesario”.
Esa triada estuvo compuesta por
la socióloga Ligia Bolívar, quien trabajó como integrante del Comité Ejecutivo
de Aministía Internacional; Dianora Contramaestre, una ex monja que laboraba
con los cristianos de base en los barrios de Caracas; y Raúl Cubas, que llegó
de Argentina luego de vivir el horror en la Escuela de Mecánica de la Armada
(ESMA), en Buenos Aires, donde fue torturado y esclavizado junto con otros
cinco mil prisioneros durante la dictadura militar que rigió al país
suramericano hasta 1983.
Fueron ellos, junto a un grupo
de colaboradores, quienes conformaron la primera generación de Provea, esa que
a 14 días de haber sido creada debió hacerle frente a la Masacre de El Amparo,
ocurrida el 29 de octubre de 1988 en un sector conocido como Caño La Colorada,
en el estado Apure.
Allí 14 pescadores fueron
asesinados por efectivos policiales, quienes los señalaron de ser guerrilleros
colombianos. Más tarde se comprobó que todas las víctimas eran venezolanas y no
tenían antecedentes judiciales, convirtiéndose en uno de los casos icónicos de
violación de derechos humanos en el país, por lo que fue llevado a la Corte
Interamericana de Derechos Humanos y marcó el inicio de estos 25 años de lucha.
“Desde entonces se han formado
cuatro generaciones y sin duda eso es parte de uno de los tres aspectos
fundamentales que conforma la organización: instruir a nuevos activistas de
derechos humanos y armar generaciones de relevo”. De esa premisa se han formado
cientos, incluyendo los 13 que integran hoy la organización: “Somos pocos pero
hacemos mucho, y si bien cada uno se especializa en un área determinada, hemos
sido formados para conocer a fondo las ramificaciones de los derechos humamos”.
Provea se divide en tres
departamentos: gestión y desarrollo institucional, exigibilidad en derechos
económicos, sociales y culturales (DESC) y monitoreo, investigación y difusión
de DDHH, piezas indispensables en el desarrollo del segundo aspecto en el que
se fundamenta la organización: priorizar los derechos sociales.
“En una década y un país donde
de eso simplemente no se hablaba, decir que los derechos sociales también son
derechos humanos fue una verdadera revolución. Hoy nos damos cuenta de que fue
arar terreno para que nacieran decenas de organizaciones en pro de que se
respetaran esas libertades”.
Este pilar, respetado nacional e
internacionalmente, ha establecido medidores para determinar cuándo existe
violación de los derechos e incluso fomentar la enseñanza de cuáles son, y en
eso se basan los informes que anualmente presentan y donde monitorean cerca de
19 derechos, algunos vinculados a la vida, la seguridad social, los pueblos
indígenas y personas privadas de libertad.
“Se trata de un informe único en
Latinoamérica que busca recopilar y diagnosticar la realidad del país en cuanto
a derechos humanos. Esa investigación evoluciona junto a las necesidades de la
sociedad, por eso es que desde el primero hasta el 24, publicado en 2012, se
han sumado derechos sociales”, detalla Alvarado.
A raíz de estos informes otras
organizaciones regionales han replicado la iniciativa, poniendo en práctica
marcos teóricos y metodologías que, por derecho, Provea ha desarrollado: “Se
trata de un esquema para reconocer las injurias contra nueve derechos
establecidos, al igual que las acciones a tomar. Por una situación de
presupuesto no hemos podido completar los 19, pero seguimos trabajando en
ello”.
El marco teórico ha sido
utilizado en Chile, Ecuador y Argentina, e incluso ha sido base para
iniciativas llevadas adelante por la Corte Interamericana de Derechos Humanos
(CIDH), de la que recientemente se retiró Venezuela tras un proceso de
discordia que inició el fallecido presidente Chávez el 10 de septiembre de
2012. ¿La causa?, según el gobierno, la CIDH estuvo a favor del golpe de Estado
de 2002 por servir a los intereses de Estados Unidos. (José Miguel Aguilar, Revista Estampas)
