SEMANA
El alto comisionado de las Naciones Unidas cree que los falsos
positivos pasarían a la justicia castrense.
Los casos de ejecuciones extrajudiciales a manos de uniformados podrían pasar a los tribunales castrenses y no estar en manos de la justicia ordinaria o civil, en caso de aprobarse el proyecto de ley sobre el fuero penal militar, alertó este viernes la oficina en Colombia del Alto Comisionado de las Naciones Unidas.
El
proyecto de ley, presentado por el Ministerio de Defensa en marzo y que recibió
el visto bueno del Senado, será votado el próximo lunes en la Cámara de
Representantes, donde también se espera que reciba luz verde.(...)
"Si
dicha ley es adoptada, esta podría llevar a que casos de falsos positivos
(ejecuciones extrajudiciales), actualmente investigados bajo el régimen penal,
puedan ser transferidos para investigación y juicio a autoridades del
Ministerio de Defensa Nacional en lugar de que sean investigados, como
corresponde, por una autoridad judicial independiente", dijo la oficina en
un comunicado.
La
oficina de la ONU indicó que las autoridades del gobierno del presidente Juan
Manuel Santos "han asegurado que el proyecto de ley no permite tales
transferencias. Han, en ese sentido, argumentado que las definiciones de los
delitos de ejecuciones extrajudiciales y crímenes de lesa humanidad serán aplicables
a los casos de falsos positivos y que, por ende, tales casos sólo podrán ser
conocidos por la justicia ordinaria".
Durante
el debate legislativo en el Senado esta semana, el ministro de Defensa, Juan
Carlos Pinzón, y el fiscal general, Eduardo Montealegre, garantizaron que los
casos de ejecuciones extrajudiciales, unos 3.000, que están ahora en la órbita
de la justicia civil seguirán en las manos de fiscales y tribunales ordinarios.
Pero
la oficina de la ONU sostuvo que como por principios constitucionales una ley
penal no es retroactiva, a la larga "no impedirán que los casos de falsos
positivos sean conocidos por autoridades judiciales militares".
Pinzón
ha dicho que presentaron el proyecto para fortalecer y profesionalizar a la
justicia militar, criticada por su lentitud y la ausencia de fallos en caso de
oficiales de alto rango.
Representantes
a la Cámara como Iván Cepeda, del Polo Democrático Alternativo, anunciaron en
la jornada que en caso de aprobarse la semana entrante el proyecto de ley
demandarán su nulidad ante la Corte Constitucional.
Las
ejecuciones extrajudiciales se transformaron en un escándalo que derivó en una
purga de uniformados en el 2008, cuando al menos 11 hombres de una barriada del
sur de Bogotá que no se conocían entre sí aparecieron en una fosa común en
Norte de Santander como guerrilleros y criminales muertos en combate.
