Luis Fuenmayor Toro
Desde 1999, con la aprobación de la nueva Constitución y su
aplicación inmediata, Venezuela no ha salido de estar en unas elecciones.
Algunos dirán que es el estado perfecto de la democracia, pues confunden este
concepto con uno de sus instrumentos: el electoral. Hemos votado anualmente y a
veces más de una vez cada año, pero no necesariamente tenemos más democracia.
De hecho, una parte importante de la población está marginada de participar en
todo tipo de elección, pues la legislación vigente y la carencia de
financiamiento así lo impiden. El escenario ha sido construido para que
solamente las dos fuerzas principales participen, tal y como se logró en buena
parte del período transcurrido entre 1958 y 1998, cuando la escena electoral sólo
nos presentaba a AD y a Copei.
Paradójico que por una parte se hagan elecciones anualmente
y por la otra sólo dos grupos tengan la posibilidad de participar, cuando lo
democrático sería que muchas más opciones tuvieran esa posibilidad. Es un
sistema electoral, nos guste o no, similar al de las monarquías
constitucionales, al de las democracias europeas y al de Estados Unidos, que
fue criticado severamente en su momento por el fallecido presidente Chávez,
quien llegó a afirmar, antes de ser Presidente, que (...)
nuestro sistema electoral,
el anterior a Chávez, era mejor que el estadounidense, pues allá podía ser
electo presidente quien obtuviera menos votos en una elección. Alcanzado el
poder, su gobierno instrumentó la aprobación de una ley electoral que sólo
permite la participación de dos sectores.
Vivimos en elecciones, pero la mayoría de la sociedad está
impedida de participar en una forma distinta a la de ser votante. La forma de
medir la intervención en los comicios es de acuerdo al número de personas que
votan, restándole importancia a fases mucho más estratégicas del proceso como
lo son las que garanticen posibilidades reales de postularse y de ser tratado luego
equitativamente, según la proporción de votos obtenida, en el momento de la
asignación de la representación conquistada. Estas últimas han sido severamente
limitadas al eliminarse la proporcionalidad constitucional y el financiamiento
estatal de las campañas electorales, de manera que todos puedan hacer llegar
sus mensajes y proposiciones a la población votante.
Pero la “electoralización” de nuestra sociedad va mucho más
allá y tiene otras consecuencias indeseables: O no permite la presentación y
discusión de los problemas fundamentales del país, de manera de conocer las
proposiciones sobre éstos de los competidores, o los “electoraliza”, es decir,
transforma las cuestiones importantes en instrumentos meramente electorales,
sin darles realmente su connotación estratégica para la nación venezolana. Son
muchos los ejemplos de esta situación, algunos muy lamentables para el país,
pues no se les da el tratamiento debido sino sólo se busca con ellos la
obtención de un beneficio o ventaja electoral. Y en esta conducta siniestra
están involucrados el gobierno “revolucionario” y la oposición restauradora que
se asume como democrática.
Se llegan a producir casos insólitos debido a esta actitud.
Recientemente el ministro Giordani denuncia que más de 20 mil de millones de
dólares se malgastaron durante la operatividad del SITME; señaló también que
varios de esos miles de millones se utilizaron en compras fraudulentas o
simplemente desaparecieron sin respaldo ninguno. Dicho como debe ser: Se
robaron varios miles de millones y ese robo benefició a banqueros, importadores
y funcionarios gubernamentales. Giordani parece muy firme en su denuncia, se le
ve enojado en sus declaraciones, pero, ¡oh paradoja!, Giordani habla como si se
refiriera a un hecho ocurrido en otro país y no en su país, donde él es el
ministro de finanzas y por lo tanto el responsable de lo que en estos aspectos
suceda.
Pero es que Giordani ni siquiera solicita una investigación
por parte de la Fiscalía o de la Asamblea Nacional. Él simplemente denuncia y
señala como responsables a la burguesía y al capitalismo, pues es un provecho
electoral lo que en parte persigue. No pide investigaciones ni sanciones, ni
pide se determine cuáles burgueses, cuáles banqueros y cuáles funcionarios
gubernamentales participaron en el robo de los dólares de los venezolanos. Esto
no parece interesarle, él únicamente denuncia, olvidándose de su gran cuota de
responsabilidad, pues sólo le interesan las elecciones venideras y las
diferencias internas que pueda tener en el gobierno. Es una denuncia con
motivaciones electorales o de luchas internas, lo que significa que no será
investigada ni los delitos castigados. El robo continúa.
Pero el asunto anterior dista mucho de ser único, son casos
cotidianos, pues cotidianas son las elecciones. A los opositores se les abre
investigaciones en la Asamblea Nacional o en la Contraloría no con el objetivo
de enfrentar la corrupción, sino con propósitos electorales: eliminarlos como
futuros candidatos al inhabilitarlos legalmente o sacarlos de circulación al
apresarlos, además de enviar una contundente amenaza no a los corruptos sino a
quienes hacen oposición. Mientras tanto, funcionarios “leales” al gobierno se
hacen millonarios en negocios con boliburgueses y burgueses tradicionales, con
banqueros nuevos y banqueros viejos, lo que lleva a que la oposición restauradora
de la MUD, que se presenta como la salvación de Venezuela, ni siquiera hable
del asunto ni se haga eco de ninguna denuncia, pues tiene intereses en estos millonarios
“negocios”.
¿No se han fijado que la MUD no dice nada del SITME, ni
solicita ninguna investigación, ni interpelación del ministro de finanzas? ¿No
se han dado cuenta que sobre el FONDEN y la desaparición de más de 25 mil
millones de dólares no han dicho tampoco nada? La complicidad es más que
evidente. Estamos entre Guatemala y Guatepeor, sin poder decidir quién es
quién.
