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LA "ELECTORALIZACIÓN"


Luis Fuenmayor Toro

Desde 1999, con la aprobación de la nueva Constitución y su aplicación inmediata, Venezuela no ha salido de estar en unas elecciones. Algunos dirán que es el estado perfecto de la democracia, pues confunden este concepto con uno de sus instrumentos: el electoral. Hemos votado anualmente y a veces más de una vez cada año, pero no necesariamente tenemos más democracia. De hecho, una parte importante de la población está marginada de participar en todo tipo de elección, pues la legislación vigente y la carencia de financiamiento así lo impiden. El escenario ha sido construido para que solamente las dos fuerzas principales participen, tal y como se logró en buena parte del período transcurrido entre 1958 y 1998, cuando la escena electoral sólo nos presentaba a AD y a Copei.
Paradójico que por una parte se hagan elecciones anualmente y por la otra sólo dos grupos tengan la posibilidad de participar, cuando lo democrático sería que muchas más opciones tuvieran esa posibilidad. Es un sistema electoral, nos guste o no, similar al de las monarquías constitucionales, al de las democracias europeas y al de Estados Unidos, que fue criticado severamente en su momento por el fallecido presidente Chávez, quien llegó a afirmar, antes de ser Presidente, que (...)
nuestro sistema electoral, el anterior a Chávez, era mejor que el estadounidense, pues allá podía ser electo presidente quien obtuviera menos votos en una elección. Alcanzado el poder, su gobierno instrumentó la aprobación de una ley electoral que sólo permite la participación de dos sectores.
Vivimos en elecciones, pero la mayoría de la sociedad está impedida de participar en una forma distinta a la de ser votante. La forma de medir la intervención en los comicios es de acuerdo al número de personas que votan, restándole importancia a fases mucho más estratégicas del proceso como lo son las que garanticen posibilidades reales de postularse y de ser tratado luego equitativamente, según la proporción de votos obtenida, en el momento de la asignación de la representación conquistada. Estas últimas han sido severamente limitadas al eliminarse la proporcionalidad constitucional y el financiamiento estatal de las campañas electorales, de manera que todos puedan hacer llegar sus mensajes y proposiciones a la población votante.
Pero la “electoralización” de nuestra sociedad va mucho más allá y tiene otras consecuencias indeseables: O no permite la presentación y discusión de los problemas fundamentales del país, de manera de conocer las proposiciones sobre éstos de los competidores, o los “electoraliza”, es decir, transforma las cuestiones importantes en instrumentos meramente electorales, sin darles realmente su connotación estratégica para la nación venezolana. Son muchos los ejemplos de esta situación, algunos muy lamentables para el país, pues no se les da el tratamiento debido sino sólo se busca con ellos la obtención de un beneficio o ventaja electoral. Y en esta conducta siniestra están involucrados el gobierno “revolucionario” y la oposición restauradora que se asume como democrática. 
Se llegan a producir casos insólitos debido a esta actitud. Recientemente el ministro Giordani denuncia que más de 20 mil de millones de dólares se malgastaron durante la operatividad del SITME; señaló también que varios de esos miles de millones se utilizaron en compras fraudulentas o simplemente desaparecieron sin respaldo ninguno. Dicho como debe ser: Se robaron varios miles de millones y ese robo benefició a banqueros, importadores y funcionarios gubernamentales. Giordani parece muy firme en su denuncia, se le ve enojado en sus declaraciones, pero, ¡oh paradoja!, Giordani habla como si se refiriera a un hecho ocurrido en otro país y no en su país, donde él es el ministro de finanzas y por lo tanto el responsable de lo que en estos aspectos suceda.
Pero es que Giordani ni siquiera solicita una investigación por parte de la Fiscalía o de la Asamblea Nacional. Él simplemente denuncia y señala como responsables a la burguesía y al capitalismo, pues es un provecho electoral lo que en parte persigue. No pide investigaciones ni sanciones, ni pide se determine cuáles burgueses, cuáles banqueros y cuáles funcionarios gubernamentales participaron en el robo de los dólares de los venezolanos. Esto no parece interesarle, él únicamente denuncia, olvidándose de su gran cuota de responsabilidad, pues sólo le interesan las elecciones venideras y las diferencias internas que pueda tener en el gobierno. Es una denuncia con motivaciones electorales o de luchas internas, lo que significa que no será investigada ni los delitos castigados. El robo continúa.
Pero el asunto anterior dista mucho de ser único, son casos cotidianos, pues cotidianas son las elecciones. A los opositores se les abre investigaciones en la Asamblea Nacional o en la Contraloría no con el objetivo de enfrentar la corrupción, sino con propósitos electorales: eliminarlos como futuros candidatos al inhabilitarlos legalmente o sacarlos de circulación al apresarlos, además de enviar una contundente amenaza no a los corruptos sino a quienes hacen oposición. Mientras tanto, funcionarios “leales” al gobierno se hacen millonarios en negocios con boliburgueses y burgueses tradicionales, con banqueros nuevos y banqueros viejos, lo que lleva a que la oposición restauradora de la MUD, que se presenta como la salvación de Venezuela, ni siquiera hable del asunto ni se haga eco de ninguna denuncia, pues tiene intereses en estos millonarios “negocios”.
¿No se han fijado que la MUD no dice nada del SITME, ni solicita ninguna investigación, ni interpelación del ministro de finanzas? ¿No se han dado cuenta que sobre el FONDEN y la desaparición de más de 25 mil millones de dólares no han dicho tampoco nada? La complicidad es más que evidente. Estamos entre Guatemala y Guatepeor, sin poder decidir quién es quién.