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La
desconfianza entre los habitantes de la comunidad de paz de San José
de Apartadó y la Fuerza Pública es un asunto de vieja data. Desde 2004,
la Corte Constitucional ha estado pendiente de la suerte de esta zona
humanitaria y, en un auto elaborado en julio de 2012 pero apenas conocido
hoy, el alto tribunal le da una orden clara al gobierno: tiene
un mes para poner en marcha “la presentación oficial de la retractación
frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad”.
La
Corte no hace referencias explícitas con respecto a de qué se tiene que
retractar el gobierno nacional, pero para sus habitantes es claro: se
trata de los señalamientos generalizados que se hicieron en contra suya
particularmente durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez. Señalamientos
como los que él hizo cuando la masacre de San José de Apartadó
se cometió en 2005, asegurando que los habitantes de San José tenían
relación con la guerrilla. Esa masacre de cinco adultos y tres niños
–uno de ellos, una pequeña de 2 años de edad–, ha dicho la justicia,
la cometieron los paramilitares con apoyo de miembros del Ejército.
Según
el documento de la Corte, el Ministerio del Interior tiene la misión
de coordinar que dicha retractación pase, así como (...)
La
Corte exhorta también a la Fiscalía para que conforme en un mes o menos
una comisión, “con funcionarios de alto nivel y capacidad de decisión”,
para examinar con lupa las denuncias que han interpuesto los
miembros de la comunidad y para identificar “obstáculos que han contribuido
a la impunidad”. Además, el Ministerio del Interior y el Ministerio
de Defensa deberán establecer “un procedimiento de revisión de
la aplicación de los principios del derecho internacional humanitario
que faciliten el cumplimiento del deber constitucional de la
Fuerza Pública y el respeto de los derechos de la Comunidad de Paz”.
En
el auto del alto tribunal se lee las interacciones que han sostenido
representantes de la comunidad, delegados del Estado y la Corte
como intermediaria. El Ejército, a través de voceros de la brigada
XVII, admite que la situación de violencia que ha enmarcado la región
“no ha desaparecido”, aunque los militares consideran también que
las medidas que se han tomado para respetar los derechos de la comunidad
han sido suficientes. Los miembros de San José, no obstante, reclaman:
“Más que promesas, la Comunidad quiere hechos concretos de verdad y justicia”.
