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GOBIERNO DE COLOMBIA DEBE RETRACTARSE...


El Espectador.com

La desconfianza entre los habitantes de la comunidad de paz de San  José de Apartadó y la Fuerza Pública es un asunto de vieja data. Desde  2004, la Corte Constitucional ha estado pendiente de la suerte de esta  zona humanitaria y, en un auto elaborado en julio de 2012 pero apenas  conocido hoy, el alto tribunal le da una orden clara al gobierno:  tiene un mes para poner en marcha “la presentación oficial de la  retractación frente a las acusaciones realizadas contra la Comunidad”.

La Corte no hace referencias explícitas con respecto a de qué se tiene  que retractar el gobierno nacional, pero para sus habitantes es claro:  se trata de los señalamientos generalizados que se hicieron en contra  suya particularmente durante el mandato de Álvaro Uribe Vélez.  Señalamientos como los que él hizo cuando la masacre de San José de  Apartadó se cometió en 2005, asegurando que los habitantes de San José  tenían relación con la guerrilla. Esa masacre de cinco adultos y tres  niños –uno de ellos, una pequeña de 2 años de edad–, ha dicho la  justicia, la cometieron los paramilitares con apoyo de miembros del  Ejército.
Según el documento de la Corte, el Ministerio del Interior tiene la  misión de coordinar que dicha retractación pase, así como (...)
éste debe  presentar junto con la Defensoría del Pueblo, en un plazo no mayor a  tres meses, “un plan de prevención y protección colectivo que  contribuya a la protección de la vida, integridad, seguridad, y  libertad de la comunidad de paz, y definan de manera concertada un  mecanismo que permita la adopción de medidas de protección adecuadas  que no aumenten el riesgo para la Comunidad o sus miembros y  acompañantes”.

La Corte exhorta también a la Fiscalía para que conforme en un mes o  menos una comisión, “con funcionarios de alto nivel y capacidad de  decisión”, para examinar con lupa las denuncias que han interpuesto los miembros de la comunidad y para identificar “obstáculos que han  contribuido a la impunidad”. Además, el Ministerio del Interior y el  Ministerio de Defensa deberán establecer “un procedimiento de revisión  de la aplicación de los principios del derecho internacional  humanitario que faciliten el cumplimiento del deber constitucional de  la Fuerza Pública y el respeto de los derechos de la Comunidad de Paz”.

En el auto del alto tribunal se lee las interacciones que han  sostenido representantes de la comunidad, delegados del Estado y la  Corte como intermediaria. El Ejército, a través de voceros de la  brigada XVII, admite que la situación de violencia que ha enmarcado la  región “no ha desaparecido”, aunque los militares consideran también  que las medidas que se han tomado para respetar los derechos de la  comunidad han sido suficientes. Los miembros de San José, no obstante,  reclaman: “Más que promesas, la Comunidad quiere hechos concretos de  verdad y justicia”.