Los servicios jurídicos del Parlamento Europeo asestaron en enero de 2010 un severo golpe a la política de hechos consumados que Marruecos impone en el Sáhara Occidental desde 1975. Los expertos legales de la Eurocámara denunciaron entonces la ilegalidad de "la aplicación" del acuerdo pesquero entre la Unión Europea y Marruecos, que incluye las aguas saharauis, subrayando la realidad que Marruecos quiere ocultar: que el Sáhara no es otra cosa que un territorio no autónomo; una colonia.
Partiendo de esta condición, los abogados del Parlamento de Estrasburgo argumentaron, siguiendo la doctrina de Naciones Unidas, que para que el acuerdo fuera legal la población autóctona debería haber dado su visto bueno al convenio y haberse beneficiado de la actividad pesquera. Dos condiciones cuyo cumplimientose ponía seriamente en duda.
Aunque el dictamen no logró que se suspendiera el convenio -o bien que se excluyeran las aguas saharauis- sí tuvo como consecuencia que el acuerdo pesquero no fuese renovado automáticamente sino que solo se prorrogara por una añ0, para disgusto de Marruecos y de sus aliados en la U.E., España y Francia.
Pero ya antes de llegar a los despachos de Estrasburgo, la cuestión de la explotación de riquezas naturals del Sáhara como la pesca, los fosfatos y la promesa nunca confirmada de que su subsuelo atesora petróleo, había saltado a la conciencia del pueblo saharaui.
Para el responsable del Observatorio, de los recursos naturales del Sahara ( WSRW en sus siglas en ingles) Javier Garcia LaChica, el dictamen de la Eurocámara ha sido crucial en la reivindicación saharaui: "Fue una pequeña revolución. El juego de intereses políticos y el statu quo quedó patas arriba, sobre todo porque luego ha habido un dictamen similar con respecto al acuerdo agrícola y de conservas pesqueras. Todo esto ha puesto muy nervioso a Marruecos, que ha movilizado toda su capacidad de lobby en la UE. Lo dejó claro el ministro de Asuntos Exteriores marroquí [Taieb Fassi-Fihri], cuando dijo que el acuerdo de pesca era sobre todo una cuestión política".
Además de subrayar la ilegalidad de la aplicación del acuerdo, el dictamen amenaza con socavar los argumentos de las muchas empresas extranjeras que, según WSRW, "contribuyen al expolio" con una presencia en el Sáhara que "legitima la ocupación marroquí", asegura García Lachica.
Carlos Ruiz Miguel, catedrático de derecho, tiene claro por qué la cuestión de la explotación de las riquezas del Sáhara es "sensible para Marruecos". En su opinión, la razón última es que "si queda claro que el país es rico nadie pondría en duda la viabilidad del Estado saharaui", una realidad que, concluye, "Marruecos y el Gobierno español quieren ocultar". (Información de poemario)
