Complace el anuncio de la directiva del Consejo Nacional Electoral (CNE) de trabajar en una propuesta de ley de financiamiento de las organizaciones con fines políticos y las campañas electorales. Ese ha sido un reiterado pedimento de sectores de la vida nacional, particularmente del partido PPT, preocupados por el origen de los recursos utilizados en la actividad política, que en muchos casos se vincula a la corrupción, al narcotráfico y a otras fuentes ilícitas.
Al no existir financiamiento para que las organizaciones políticas desarrollen su trabajo, esencial para el equilibrio del sistema democrático, se dan las condiciones para una serie de irregularidades. Los partidos que detentan el poder, sea nacional, regional o localmente, usan los fondos públicos,
desvían recursos destinados a obras o proyectos para el beneficio colectivo, para costear sus actividades; también surge la figura de la “comisión” o porcentaje que los funcionarios de gobierno exigen en el otorgamiento de contratos, compra de insumos, etc. Así se dan las condiciones para que reine la corrupción. Igualmente, algunas organizaciones políticas se convierten en franquicias para que sectores económicos tengan acceso al poder.
La falta de financiamiento público afecta grandemente a los partidos políticos pequeños, más aún si no comulgan con la línea gubernamental ni aceptan intromisión de grupos económicos en sus decisiones.
Una ley con normas muy claras, que provea a los partidos políticos de los recursos necesarios para su funcionamiento y aplique sanciones a quienes la incumplan, brindaría protección al Estado, evitaría la corrupción, el financiamiento externo y la legitimación de capitales provenientes del narcotráfico, en fin, sería un muro de contención para preservar la salud de la estructura democrática, para devolverle a la política la ética y su profundo sentido social, lejos del mercantilismo.
¿Lo reímos o lo lloramos?
Uno no sabe si llenarse de alegría o de decepción ante la decisión del gobierno nacional de expropiar las viviendas que durante años han servido a las empresas constructoras para exprimirle los bolsillos a miles de personas necesitadas de techo propio y mantenerlas engañados con una entrega del inmueble que se postergaba continuamente mientras, a través de un descarado chantaje, las exigencias monetarias iban en aumento.
En principio uno se alegra, caramba, pareciera que al fin se hace justicia con tanta gente estafada, que ahora si se va a meter en cintura a los constructores y promotores de viviendas que han infringido la ley. Pero luego, viendo una cantidad de casos, hasta se siente pena por los afectados pues el problema es más complicado ahora, se les ha llenado de piedras el camino para la obtención del inmueble.
¿A quién se expropió? La medida no llegó a las empresas constructoras, éstas trabajan con créditos, los recursos los ponen los bancos. Otra cosa, nada soluciona un comprador en ocupar una vivienda si ésta no cuenta con todos los servicios, si el edificio no tiene ascensor, si no se tienen todos los permisos legales para declarar la habitabilidad. Mayor problema tienen los que ni siquiera ven las bases de la casa que estaban comprando.
Tal vez fue una buena idea, hacer justicia con los afectados y aplicar mano dura a los estafadores, pero la forma no fue la correcta. La improvisación mató la buena intención.
La memoria de América Latina
El Museo de la Memoria de Montevideo, en Uruguay, lanzará el portal “Sitios de memoria en América Latina” desde http://www.memoriaabierta.org.ar/redlatinoamericana/, que engloba a las instituciones de América Latina que integran la Coalición Internacional de Sitios de Conciencia.
El nuevo espacio será de diálogo y difusión de la historia continental reuniendo el trabajo que realizan las 27 instituciones que conforman la Red Latinoamericana de Sitios de Conciencia.
El portal será un recurso para dar a conocer las consecuencias que han tenido y siguen teniendo los crímenes de lesa humanidad cometidos contra nuestras comunidades por diferentes administraciones gubernamentales y como plataforma privilegiada desde la cual será posible difundir las innumerables propuestas y esfuerzos desplegados por organizaciones de derechos humanos, sobrevivientes y familiares de las víctimas del terrorismo de Estado en pos de hacer realidad los ideales de memoria, verdad y justicia.
