Ciertamente ha sido un escandalazo el tema de las miles de toneladas de alimentos podridos encontrados en contenedores almacenados en los puertos que ahora administra el gobierno nacional y hasta hace un tiempo estaban en manos de los gobiernos regionales y ante el tema se ha generado un gran diatriba que tanto el gobierno y la oposición han convertido en un debate político que no atiende ni resuelve el problema de fondo, pero además observamos la indiferencia burlista de los actuales diputados de la Asamblea Nacional.
Creemos que los ministros vinculados deben separarse de sus cargos para así facilitar las investigaciones, si es que algún vestigio de seriedad tienen, pero, además, de determinar las responsabilidades correspondientes y establecer las políticas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir, nos parece que el problema más serio es el acceso de la gente a los alimentos, nadie ha pensado, que más allá del problema ya grave de haberse podrido y que no llegaran al destino final no es un problema meramente de que lleguen a los anaqueles o no, sino la posibilidad cierta de acceso que tengan los venezolanos.
De allí, nuestra opinión de que el gobierno nacional debe concentrarse en expropiar para siempre el hambre y el desempleo que existe en Venezuela aún con los históricos ingresos petroleros que ha tenido el país en los últimos años. Hay que atender el problema del hambre y es que recorriendo las zonas mas populares de Valencia nos damos cuenta de que muchos sectores padecen este problema y en un alto porcentaje. En este sentido, desde la Asamblea Nacional nos proponemos desarrollar políticas que faciliten ese acceso, a través de programas sociales como las transferencias de ingresos para la producción alimentaria y por ende la disminución de precios de estos productos, de mejoras en el sistema de abastecimiento y comercialización, y a través de la generación de más y mejores empleos.
En el área rural, es fundamental apoyar la producción de la agricultura familiar, que es un modelo que desde ya se está implementando en varios países de América Latina garantizando el acceso a los productores a créditos y tecnología.
Creemos relevantes darle un impulso legislativo a la pequeña y mediana propiedad rural, a través de un porcentaje de los ingresos petroleros, mediante la titulación de tierras para que sean de la gente, y no siga siendo del Estado, el más grande e ineficiente terrateniente. Así esos propietarios podrán convertirlas en unidades agrícolas familiares, en empresas y cooperativas comunitarias agrícolas, centros de acopio para sus cosechas. Si le damos impulso y fomento al crédito mediano y el microcrédito para almacenes y suministro de elementos y maquinarias e insumos agrícolas y semillas.
Pero además, se debe crear un ente para fiscalizar la producción de alimentos, organismo que debe encargarse exclusivamente de velar por la seguridad de los alimentos primarios (carnes y hortalizas), cuyo objetivo será el de asegurar a la población venezolana, y por ende a la mundial, que los alimentos que se comercializan en el país sean sanos y que no representan riesgo para la salud.
Este y otros planteamientos son parte de nuestra propuesta legislativa, que están enmarcadas en nuestra lucha por la seguridad de la familia.
