El diputado merideño, Wilmer Iglesias, propuso a la asamblea Nacional un proyecto de ley para prohibir la importación, fabricación, distribución, alquiler y compra-venta del llamado juguete bélico y, sobre todo, de los videojuegos violentos. Este proyecto, aprobado por unanimidad en primera discusión (¡al fin en algo Gobierno y oposición se pusieron de acuerdo!), ha causado un enorme impacto que, inclusive, ha trascendido las fronteras de nuestro país. En general, es visto como muy positivo para enfrentar esa suerte de cultura de la violencia que se ha sembrado en nuestro país (como se sabe, Carabobo es una de las entidades más violentas de Venezuela); sin embargo, algunos opositores de oficio y otros que se hacen llamar “especialistas”, han intentado descalificar la “iniciativa Iglesias”. Son unos irresponsables. Hay varios estudios científicos que relacionan, directamente, conductas violentas en niños, adolescentes y jóvenes, con videojuegos y juguetes que incitan a la agresión. Estos opositores de pacotilla no saben el daño que hacen; les hace falta una buena dosis de sentido común.
