«Cuando se utiliza el
miedo para impedir el debate democrático sobre las prioridades, la democracia
fiscal se contrae. Y quienes invariablemente pagan el precio son los que ya
menos tienen», escribe Frei Betto, autor de la novela sobre la dictadura, El vuelo
de la locomotora (Rocco), entre otros libros.
Aquí
está el artículo.
El país necesita sanear sus finanzas. Se está
solicitando la opinión de los economistas. Algunos proponen recortar el gasto
en salud, educación y programas sociales. Sugieren desvincular los aumentos de
las pensiones del índice de inflación. Congelar los fondos de Bolsa Família.
E insisten en que aumentar los impuestos a los más ricos es impensable. Todo culmina
en la apocalíptica declaración de que, si no se toman medidas, la economía
colapsará, la deuda pública se disparará, la inflación regresará y
reinará el caos.
Ahora bien, el problema de la deuda pública, como afirman los 50 economistas que
firmaron un manifiesto en apoyo a Lula y criticando al mercado, "es
el coste de los tipos de interés fijados por el Banco Central, y no los
gastos de la Unión".
Esta receta de Faria Lima, que combina amenazas constantes, recortes selectivos y protección de las ganancias del mercado, tiene un nombre: terrorismo fiscal . La expresión no es un concepto académico rígido, sino que describe una práctica retórica y política que ha cobrado fuerza en los últimos años.
La idea central es utilizar el miedo al colapso
económico para imponer una agenda de austeridad que nunca afecte a los sectores
más ricos. El economista Pedro Rossi, de Unicamp, define el
terrorismo fiscal como parte de una «estrategia de persuasión, casi por la
fuerza, para crear un clima donde no haya alternativa». La amenaza sirve para
silenciar el debate antes incluso de que comience.
El patrón se repite. Cuando se debate el
presupuesto, los recortes propuestos con gran bombo y platillo apuntan a áreas
sociales. El gasto en intereses de la deuda pública, que consume
una enorme parte del presupuesto federal, rara vez se incluye en el cálculo del
"ajuste". Los beneficios y exenciones fiscales para empresas,
agronegocios y grandes fortunas también suelen permanecer intactos, al igual
que la reducción de las tasas de interés dictada
por el Banco Central. Al final, la factura recae sobre quienes dependen de los
servicios públicos.
Existen datos que ayudan a comprender el fenómeno.
Alrededor del 90% del gasto público primario es obligatorio, como la seguridad
social, la asistencia social y el gasto mínimo en salud y educación. Lo que
queda para recortes discrecionales es poco más de R$ 200 mil millones. Si se
realiza un recorte a gran escala, no hay forma de proteger el sector
social. Si el recorte es profundo, afecta a hospitales, universidades e
inversiones. No existe una solución mágica.
La selectividad —o lucha de clases, como
diría Marx— se hace más evidente al
observar la otra cara de la moneda. En el Congreso, las propuestas para gravar
las grandes fortunas o revisar las exenciones suelen avanzar lentamente o
fracasar en el proceso. En 2025, por ejemplo, los parlamentarios anularon un aumento
de impuestos que pretendía gravar a los superricos. Renunciaron a
engrosar las arcas públicas con más de 10 mil millones de reales en ingresos. Y
defendieron los recortes en los derechos de los funcionarios y los servicios
públicos. La austeridad, en este caso, tenía un objetivo específico.
No se trata de negar que el país necesita responsabilidad
fiscal. El problema surge cuando el debate se contamina con una lógica de
pánico que hace inviables las alternativas. El ajuste fiscal puede realizarse de diversas maneras: recortando
el gasto, aumentando los ingresos, revisando las exenciones fiscales y
combatiendo la evasión tributaria. Optar siempre por el camino que
perjudica a los más pobres y beneficia a los más ricos no es una imposición
técnica, sino una decisión política disfrazada de inevitabilidad.
El economista Manoel Pires, de Ibre - FGV,
sostiene que es posible equilibrar las cuentas sin destruir los programas
sociales. Según él, el camino a seguir es moderar el ritmo de crecimiento
del gasto, no recortar programas, e impulsar la tributación sobre la renta y
reducir los incentivos regresivos. Existe una alternativa. El terrorismo
fiscal sirve precisamente para impedir que se debata.
Cuando se utiliza el miedo para sofocar el debate
democrático sobre las prioridades, la democracia fiscal se reduce. Y quienes
invariablemente pagan las consecuencias son los que ya menos tienen.
Según el manifiesto de los economistas, sería una
medida importante que Lula adelantara a 2027 el impuesto mínimo del 10%
para las personas con altos ingresos, aquellas que ganan más de R$ 600.000 al
año, tal como lo aprobó la Ley 15.270 de 2025.
Lula siempre dice que los programas sociales no
representan gastos, sino inversiones. Y la historia le ha dado la razón.
Tomado de IHU / Brasil. Imagen de archivo.
