Por
Fredy Rincón Noriega* /Opinión
@ferinconccs
La
tutela y el riesgo de resignación
La
captura de Nicolás Maduro y de su esposa por fuerzas estadounidenses, el 3 de
enero de 2026, marcó un cambio decisivo en la situación política del país. Los
anuncios posteriores sobre una administración temporal y el control de sus
recursos estratégicos establecieron un escenario de tutela externa. Esta
situación limita severamente el ejercicio de la soberanía nacional. Su
superación dependerá de las condiciones que podamos construir para recuperar la
conducción de las instituciones y definir soberanamente nuestro futuro.
Nuevas
informaciones apuntan a una posible ampliación de esta intervención. The
Washington Post informó el 14 de noviembre de 2026 que asesores de Stephen
Miller preparan una orden ejecutiva destinada a facilitar las operaciones en
sectores estratégicos como energía, servicios financieros y minerales críticos.
De confirmarse esta medida, se ampliaría la injerencia del Tío Sam.
Luego de la mencionada extracción de Maduro, se extendió en la conciencia colectiva la percepción de que resulta imposible rescatar la soberanía ante el poderoso país del norte. Pese a que la pérdida de la facultad para ejercerla es coyuntural, en el ánimo de la gente crecen el pesimismo y la impotencia ante la posibilidad de revertir la situación actual. En algunos casos, incluso se celebra su permanencia indefinida.
Reconocer
las limitaciones actuales es distinto de renunciar al derecho que tenemos a
decidir sobre nuestro destino como nación libre. La soberanía puede verse
vulnerada, limitada o sometida a presiones externas, pero ningún
acontecimiento, por grave que resulte, convierte esa circunstancia en una
condición histórica irreversible.
El
pesimismo colectivo entraña dos riesgos concretos. Puede favorecer la
resignación ante la subordinación o inducir a depositar en actores externos
responsabilidades propias. La cooperación internacional puede contribuir al
desarrollo y a la prosperidad, pero corresponde a la sociedad venezolana
definir sus objetivos y organizar los medios para alcanzarlos.
La
memoria histórica como fundamento de la acción
La
independencia es también una condición política que cada generación tiene la
responsabilidad de preservar y defender como fundamento de la vida republicana.
La
aspiración emancipadora tiene profundas raíces en la historia venezolana. Se
manifestó en las rebeliones de finales del siglo XVIII y se afianzó durante la
guerra contra el dominio español, gesta librada con las armas y el pensamiento.
Continuó presente a lo largo de los siglos XIX y XX. Lejos de ser
circunstancial, ha sido un componente arraigado de la identidad política
nacional. Pensadores y dirigentes le dieron fundamento jurídico en las
constituciones elaboradas desde 1811. En esos textos se ha expresado siempre
una concepción del país basada en la libertad, la soberanía popular y la
capacidad de los venezolanos para decidir su propio destino.
La
tradición republicana y civilista, con avances y retrocesos, constituye un
referente histórico para afrontar los desafíos actuales y formular una
alternativa frente a cualquier forma de tutela externa. Sostenida por los
fundadores de la nacionalidad y sus continuadores, esta idea-fuerza ha servido
para defender la supremacía de las instituciones civiles, el orden jurídico y
la autoridad legítima frente al predominio de la fuerza de cualquier origen.
Contrarrestar
la percepción de que Venezuela ha llegado a un punto de no retorno exige acudir
a esa memoria histórica. Recuperarla permite comprender la soberanía como una
construcción colectiva, expuesta a pérdidas y restricciones, pero susceptible
de consolidarse mediante la organización nacional, la voluntad política y el
aprovechamiento de los recursos propios. El pasado aporta referencias concretas
para orientar la acción presente.
De
la confianza colectiva a la organización ciudadana
El
desafío consiste en recobrar la confianza cívica y articular los esfuerzos
necesarios para trazar un rumbo propio. Esa tarea comienza por examinar con
rigor los alcances del escenario de tutela externa y su eventual prolongación,
especialmente sobre los recursos estratégicos y las decisiones económicas
fundamentales. La denuncia de la subordinación debe acompañarse de una
propuesta de futuro sustentada en principios republicanos.
La
soberanía debe afirmarse como un principio compartido por los venezolanos, por
encima de sus diferencias políticas. Su defensa exige superar el nacionalismo
retórico y rechazar la resignación ante la dependencia. Más que una consigna
partidista, debe constituir un compromiso común con el derecho a decidir y las
garantías necesarias para ejercerlo con autonomía.
Recuperar
la confianza colectiva requiere expresiones organizadas y participación activa.
Universidades, academias, gremios profesionales, sindicatos, estudiantes,
empresarios, intelectuales y la comunidad en general deben participar en una
discusión nacional sobre el modelo de nación por reconstruir, los principios
orientadores de ese proceso y las condiciones políticas necesarias para
materializarlo.
Esa
discusión corresponde, en primer término, a quienes aún consideran posible
rescatar la idea de país. Recuperar la República exige aprender a pensarla
colectivamente. Ello implica concebir a la sociedad civil como un espacio
autónomo de deliberación, formulación de propuestas y defensa de los intereses
nacionales.
El
acuerdo nacional y la reconstrucción institucional
En
1958 se abrió una nueva etapa de construcción institucional. Entonces se
estableció un sistema de convivencia política, se institucionalizó la
alternancia y se desarrolló una relación con Estados Unidos que, sustentada en
el reconocimiento de intereses comunes, preservó formalmente la independencia
nacional.
El
espíritu unitario del 23 de enero y el posterior Pacto de Punto Fijo
demostraron la importancia del entendimiento entre fuerzas políticas para
restablecer la institucionalidad y construir acuerdos de gobernabilidad. Las
circunstancias actuales son distintas, pero aquella experiencia ofrece una
enseñanza pertinente. Frente a una crisis profunda, las fuerzas democráticas
pueden establecer compromisos y reglas comunes sin renunciar a sus diferencias.
Un
primer paso consiste en construir, desde una valoración crítica de aquella
experiencia, un amplio acuerdo nacional. Su fundamento sería un compromiso
público entre fuerzas políticas, sectores productivos, organizaciones de la
sociedad civil y representantes de la diáspora. El acuerdo debería establecer
los términos de la convivencia democrática, las prioridades para la
reconstrucción institucional y los criterios para una cooperación internacional
compatible con la soberanía venezolana. Sobre esa base, Venezuela podría
fortalecer su posición negociadora frente a Estados Unidos y ampliar
progresivamente sus márgenes de autonomía.
Un
gobierno surgido de elecciones libres, verificables e inclusivas, con
participación de todos los actores políticos y de la diáspora, genera autoridad
interna y externa. Esa expresión de la voluntad popular otorga legitimidad a la
representación nacional. Tal respaldo opera como el principal escudo frente a
presiones o condicionamientos prolongados, pues un país que se gobierna
mediante reglas aceptadas requiere menor supervisión externa.
La
soberanía efectiva se expresa en la capacidad de un país para ejercer
plenamente su autoridad mediante instituciones legítimas, autónomas y
funcionales. Este propósito exige un Tribunal Supremo de Justicia
independiente, un Consejo Nacional Electoral imparcial, una Fuerza Armada
profesional, institucionalizada y subordinada al poder civil, así como un
sistema de administración de justicia exento de tutelas externas e
interferencias partidistas.
La
construcción de un acuerdo nacional, sustentado en la renovación equilibrada,
transparente y legítima de estos órganos, permitiría recuperar la autonomía del
Estado, reducir la necesidad de garantías extranjeras y devolver a los
venezolanos el ejercicio efectivo de las decisiones sobre su destino.
La
base económica de la autonomía
La
recuperación de la soberanía exige consolidar el aparato productivo nacional y
disminuir la dependencia económica del exterior. Esta finalidad demanda
diversificar la economía más allá de la actividad petrolera, recuperar el
capital humano mediante la reincorporación de ingenieros, técnicos y
profesionales venezolanos emigrados, estabilizar las finanzas públicas,
administrar con autonomía las reservas internacionales y profesionalizar la
gestión estatal.
El
manejo transparente de los recursos naturales debe apoyarse en reglas claras,
competencia profesional y mecanismos de rendición de cuentas. La inversión
nacional y extranjera, promovida mediante normas estables y equitativas
sustentadas en la seguridad jurídica, debe responder a los intereses del país y
someterse a controles nacionales efectivos. En consecuencia, la soberanía
política requiere una base de autonomía económica que permita al Estado adoptar
decisiones al margen de condicionamientos externos.
Una
relación exterior con objetivos propios
Reconocer
la influencia de Estados Unidos y las relaciones internacionales de poder exige
actuar con realismo, sin renunciar de antemano a las potencialidades del país.
La
experiencia de Rómulo Betancourt ofrece una referencia para pensar las futuras
relaciones de Venezuela con Estados Unidos. Durante su gobierno, de 1959 a
1964, estableció una alianza estratégica con Washington sin renunciar a los
principios fundamentales de la democracia venezolana y marcó diferencias claras
cuando las circunstancias comprometían los intereses estratégicos de la
política exterior.
La
participación de Venezuela en la creación de la Organización de Países
Exportadores de Petróleo en 1960 y la Doctrina Betancourt, de no reconocimiento
a los gobiernos surgidos de golpes de Estado, constituyen ejemplos de esa
orientación. Betancourt comprendió que la asimetría de poder entre Venezuela y
Estados Unidos resultaba compatible con la defensa de los intereses nacionales,
siempre que el país contara con legitimidad interna, instituciones
democráticas, capacidad de negociación y una política exterior con prioridades
claras.
La
reconstrucción de la República demanda una dirigencia capaz de asumir que el
vínculo con Estados Unidos y con el resto del mundo debe desarrollarse sobre
bases de cooperación, respeto recíproco, derecho internacional y defensa de los
intereses venezolanos, con dignidad y capacidad para negociar desde objetivos
nacionales definidos.
El
propósito es recuperar progresivamente la capacidad de decisión nacional, sin
sustituir una dependencia por otra ni convertir la confrontación con Washington
en fundamento de nuestra identidad. Esa tarea comienza dentro del país. Exige
un acuerdo nacional, instituciones legítimas y una base productiva que respalde
la independencia de las decisiones económicas. Superar el tutelaje significa
construir esas condiciones para relacionarnos con Estados Unidos y con
cualquier otra potencia desde la autonomía y el respeto recíproco.
*Historiador.
