La semana pasada, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele,
envió 2,000 soldados a Haití para rescatar a cuatro militares salvadoreños
secuestrados por las pandillas de la isla. Este es un desarrollo crítico en la
situación de la isla caribeña, la cual no ha tenido la atención que amerita.
Actualmente, Haití se encuentra en algo parecido a una guerra
civil. Las pandillas controlan entre el 70 y 90% de la ciudad capital, donde
han doblegado al gobierno: destruyeron una prisión y liberaron a más de 4,000
reos, llevan más de 4 años controlando el palacio de justicia, y han destruido
estaciones de policía, hospitales y edificios gubernamentales.
Las pandillas en Haití tienen un rol que va más allá de un grupo criminal. Desde los gobiernos en la dictadura de los Duvalier en los 70, los grupos armados sirvieron como una fuerza paramilitar personal del dictador (los Tonton Macoutes). Después de sucesivos conflictos y golpes de Estado, el ejército y los Macoutes fueron desmantelados, pero la frágil democracia a la que entró Haití no permitió una verdadera eliminación de los grupos armados, que se reconfiguraron y tomaron fuerza en forma de pandillas.
En 2021, empresarios vinculados a una compañía de seguridad
de Florida organizaron la conspiración con colaboradores haitianos y
mercenarios colombianos para asesinar al entonces Presidente Jovenel Moïse,
dando lugar a una crisis institucional y un vacío de poder que las pandillas
pudieron aprovechar. Desde 2022, crecieron sustancialmente, enriqueciéndose
mediante secuestros, extorsiones, cobro de “comisiones” en puertos y fronteras,
y tráfico de drogas. Lograron adquirir armamento de grado militar y aprovechar
la precaria situación económica del país para reclutar niños y formar lealtades
bajo la promesa de “trabajo y protección”. Hay pandillas con hasta 3,000
miembros.
Tampoco son un grupo homogéneo: constantemente forman y
deshacen alianzas, dando lugar a conflictos violentos. Como siempre, los
civiles quedan en medio: son cientos de muertos por “balas perdidas” o por
ataques indiscriminados. En 2022, miembros de una pandilla entraron a un
vecindario opositor y dispararon contra cualquiera que encontraran: mataron 95
personas. Al ser expulsados por la pandilla rival, colocaron francotiradores en
las afueras del vecindario y disparaban a quien saliera de él—por 4 meses,
estos francotiradores le dispararon, en promedio, a 6 personas a la semana. En
otro incidente, cientos de Haitianos realizaron una procesión tradicional
después del partido de Haití contra Escocia en la Copa Mundial. El líder de una
pandilla pensó que era una emboscada y ordenó disparar a la multitud: murieron
61 personas.
Ante la falta de legitimidad, imponen su poder mediante la
brutalidad: han asesinado civiles, policías y jueces, publicando los actos en
redes sociales. Cometen ejecuciones disparándole a la gente mientras duerme,
atacándolos con machetes o hasta quemándolos vivos. Reportes de la ONU han
documentado una práctica recurrente de mutilación y al menos un caso de
autocanibalismo forzado. La violencia sexual también es ubicua: con cientos de
violaciones reportadas, la mayoría colectivas. Cualquier ciudadano que cuestione
esta “autoridad” sufre el mismo destino: entre octubre de 2024 y enero de 2025,
al menos 300 personas fueron asesinadas por “desobediencia”, por motivos como
oponerse a pagar una extorsión, tener en el celular videos de operativos
policiales, rehusarse a realizar tareas domésticas después de ser secuestrados,
caminar en un vecindario “prohibido”, quejarse públicamente de las pandillas, o
pelearse durante un partido de fútbol.
Esto ha generado una crisis humanitaria: casi 6 millones de
personas, más de la mitad de la población, está en una situación de inseguridad
alimentaria; más de 1.5 millones han sido desplazados forzosamente (huyendo de
las áreas en conflicto), y las muertes relacionadas con pandillas se
triplicaron en 3 años.
Ante una crisis de esta magnitud y un gobierno debilitado, la
comunidad internacional intervino. El Consejo de Seguridad de la ONU creó a
finales de 2025 la “Fuerza de Supresión de Pandillas” (GSF); una misión
internacional dedicada a apoyar a las autoridades haitianas a combatir a estos
grupos criminales, reemplazando una misión internacional anterior (MSS) que
fracasó en el esfuerzo. La fuerza tenía previsto contar con 5,500 soldados,
pero, a la fecha, cuenta con poco más de 2,000; entre ellos, casi 200 guatemaltecos
y 78 salvadoreños (de donde salieron los 4 que fueron secuestrados). Los 2,000
soldados enviados por Bukele no son parte de este grupo.
El éxito ha sido limitado: han logrado recuperar cerca del
20% de la capital, pero son victorias pírricas y frágiles, las cuales, como
ellos han reconocido, son insostenibles sin el suficiente apoyo internacional.
No es claro cuál será el rol de El Salvador en este
conflicto: si sus soldados sólo buscarán recuperar al contingente secuestrado o
si pretenden acompañar a la GSF. Lo único certero es que la sangre seguirá
corriendo.
Tomado de La Hora / Guatemala. Imagen de IVAN ALVARADO
(REUTERS).
*Abogado guatemalteco, se dedica al Derecho Constitucional y a
los Derechos Humanos.
