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19 noviembre, 2026

Pequeños mineros de Guayana solicitan mesa de diálogo al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico ante exclusión de más de cinco años en Pozo 1.

Por Juan Linares / Opinión *

Bajo la concentración de poder que reúne en una sola mano al Ministerio de Desarrollo Minero Ecológico, la CVG, la CVM y Minerven, los entes del Estado en Guayana operan hoy bajo la lógica de una corporación privada que desplaza tanto a los trabajadores de las empresas básicas como a los pequeños mineros. Mientras más de una docena de socios adultos mayores de la Asociación Civil San Rafael del Dorado (SARAD) solicitan una mesa de diálogo institucional tras más de cinco años de exclusión en la mina "Pozo 1" (La Camorra), su expediente judicial demuestra cómo se sustituyen Alianzas Estratégicas vigentes por empresas recién creadas.

En el sur de Venezuela se libra una batalla silenciosa por la supervivencia socioproductiva. Durante gestiones ministeriales pasadas —como las de Víctor Cano, Gilberto Pinto Blanco, José "Chino" Khan y Jorge Arreaza— el Ejecutivo Nacional llamó a la pequeña minería del estado Bolívar a organizarse formalmente bajo la figura de Alianzas Estratégicas ante la Corporación Venezolana de Minería (CVM), con la promesa de garantizarles seguridad jurídica, asistencia técnica y respeto a su trabajo histórico.

Hoy, esa promesa se ha convertido en un laberinto administrativo. Tras la reforma de la Ley de Minas y la imposición de las llamadas Brigadas Mineras —cuya reglamentación definitiva aún presenta vacíos legales en la Asamblea Nacional—, se ha generado una grave incertidumbre sobre la validación de los derechos preexistentes, abriendo paso a una reconfiguración territorial en el Arco Minero del Orinoco que amenaza con liquidar las alianzas vigentes en favor de terceros operadores.

Un solo mando en Guayana: Juez, parte y operador comercial

La concentración de cargos en la figura del ministro Héctor Silva (quien lidera simultáneamente el MPPDME, la CVG, la CVM y Minerven) ha transformado al Estado en un actor corporativo que actúa como juez, parte y socio comercial en el Arco Minero del Orinoco, afectando tanto a los obreros de las empresas básicas como a los productores originarios de El Dorado.

El expediente de "Pozo 1" en San Rafael de la Camorra

El conflicto en la mina "Pozo 1" (La Camorra) ha sido documentado formalmente ante los tribunales por la Asociación Civil San Rafael del Dorado (SARAD), organización con 27 años en la zona e integrada por adultos mayores que invirtieron su patrimonio en el proyecto.

• Contrato original y mejoras: El 15 de mayo de 2018 suscribieron con la CVM la Alianza Estratégica CVM-CJ-5000-001-2018, delimitada por coordenadas específicas, acondicionando la infraestructura de la mina.

• Cambios institucionales y desplazamiento: Tras pasar el área a Minerven en 2020 y luego a la Empresa Mixta Bilateral Turquía-Venezuela (Mibiturven) en 2022, la asociación quedó excluida sin notificación formal de terminación de contrato, mientras la firma Corporación Mining Venezuela, C.A. (vinculada a Melbis/Melwin Millán) asumió las operaciones aprovechando la infraestructura preexistente de SARAD.

Del diálogo institucional a las propuestas técnicas

Ante esta situación, los socios de SARAD solicitan formalmente una mesa de trabajo con el ministro Héctor Silva y el presidente de Mibiturven, Orlando Aguilar, para revisar los soportes de su alianza y restituir sus derechos. Para encauzar esta solución de forma justa, el sector propone cinco medidas estructurales:

1. Elevación del título jurídico: Sustituir permisos precarios por contratos notariados y registrados de 5 a 10 años.

2. Reconocimiento de personalidad jurídica: Impulsar cooperativas o sociedades mercantiles con capacidad legal exigible.

3. Catastro y ventanilla única: Entrega de planos oficiales sin solapamientos y permisos ambientales simplificados.

4. Respeto al debido proceso (Art. 49 CRBV): Prohibición de desalojos de facto y garantía de notificación escrita con derecho a la defensa.

5. Auditoría de áreas: Saneamiento y revisión de adjudicaciones superpuestas sobre Alianzas Estratégicas previas.

jlrlinares@gmail.com 

*Las opiniones contenidas en este articulo son de la exclusiva responsabilidad del autor.