Por
Juan Linares / Opinión *
Bajo
la concentración de poder que reúne en una sola mano al Ministerio de
Desarrollo Minero Ecológico, la CVG, la CVM y Minerven, los entes del Estado en
Guayana operan hoy bajo la lógica de una corporación privada que desplaza tanto
a los trabajadores de las empresas básicas como a los pequeños mineros.
Mientras más de una docena de socios adultos mayores de la Asociación Civil San
Rafael del Dorado (SARAD) solicitan una mesa de diálogo institucional tras más
de cinco años de exclusión en la mina "Pozo 1" (La Camorra), su
expediente judicial demuestra cómo se sustituyen Alianzas Estratégicas vigentes
por empresas recién creadas.
En
el sur de Venezuela se libra una batalla silenciosa por la supervivencia
socioproductiva. Durante gestiones ministeriales pasadas —como las de Víctor
Cano, Gilberto Pinto Blanco, José "Chino" Khan y Jorge Arreaza— el
Ejecutivo Nacional llamó a la pequeña minería del estado Bolívar a organizarse
formalmente bajo la figura de Alianzas Estratégicas ante la Corporación
Venezolana de Minería (CVM), con la promesa de garantizarles seguridad jurídica,
asistencia técnica y respeto a su trabajo histórico.
Hoy,
esa promesa se ha convertido en un laberinto administrativo. Tras la reforma de
la Ley de Minas y la imposición de las llamadas Brigadas Mineras —cuya
reglamentación definitiva aún presenta vacíos legales en la Asamblea Nacional—,
se ha generado una grave incertidumbre sobre la validación de los derechos
preexistentes, abriendo paso a una reconfiguración territorial en el Arco
Minero del Orinoco que amenaza con liquidar las alianzas vigentes en favor de
terceros operadores.
Un solo mando en Guayana: Juez, parte y operador comercial
La concentración de cargos en la figura del ministro Héctor Silva (quien lidera simultáneamente el MPPDME, la CVG, la CVM y Minerven) ha transformado al Estado en un actor corporativo que actúa como juez, parte y socio comercial en el Arco Minero del Orinoco, afectando tanto a los obreros de las empresas básicas como a los productores originarios de El Dorado.
El
expediente de "Pozo 1" en San Rafael de la Camorra
El
conflicto en la mina "Pozo 1" (La Camorra) ha sido documentado
formalmente ante los tribunales por la Asociación Civil San Rafael del Dorado
(SARAD), organización con 27 años en la zona e integrada por adultos mayores
que invirtieron su patrimonio en el proyecto.
•
Contrato original y mejoras: El 15 de mayo de 2018 suscribieron con la CVM la
Alianza Estratégica CVM-CJ-5000-001-2018, delimitada por coordenadas
específicas, acondicionando la infraestructura de la mina.
•
Cambios institucionales y desplazamiento: Tras pasar el área a Minerven en 2020
y luego a la Empresa Mixta Bilateral Turquía-Venezuela (Mibiturven) en 2022, la
asociación quedó excluida sin notificación formal de terminación de contrato,
mientras la firma Corporación Mining Venezuela, C.A. (vinculada a Melbis/Melwin
Millán) asumió las operaciones aprovechando la infraestructura preexistente de
SARAD.
Del diálogo institucional a las propuestas técnicas
Ante esta situación, los socios de SARAD solicitan formalmente una mesa de trabajo con el ministro Héctor Silva y el presidente de Mibiturven, Orlando Aguilar, para revisar los soportes de su alianza y restituir sus derechos. Para encauzar esta solución de forma justa, el sector propone cinco medidas estructurales:
1.
Elevación del título jurídico: Sustituir permisos precarios por contratos
notariados y registrados de 5 a 10 años.
2.
Reconocimiento de personalidad jurídica: Impulsar cooperativas o sociedades
mercantiles con capacidad legal exigible.
3.
Catastro y ventanilla única: Entrega de planos oficiales sin solapamientos y
permisos ambientales simplificados.
4.
Respeto al debido proceso (Art. 49 CRBV): Prohibición de desalojos de facto y
garantía de notificación escrita con derecho a la defensa.
5.
Auditoría de áreas: Saneamiento y revisión de adjudicaciones superpuestas sobre
Alianzas Estratégicas previas.
*Las opiniones contenidas en este articulo son de la exclusiva responsabilidad del autor.
