Por Orlando Arciniegas*
La historiografía del conflicto entre España y su mundo
colonial está, mayormente, plagada de páginas dedicadas a su aspecto bélico. Se
entiende que ello sea así, por la preeminencia del factor armígero en el
proceso de disgregación de la multisecular monarquía hispánica, transoceánica y
de contenido señorial-estamental, por un lado; y en el de la aparición de los
nuevos Estados nacionales que habrían de surgir de su misma desintegración, por
el otro. Tal primacía, que obra en desmedro de la visión integral de conflicto,
opaca un tanto la importancia del aspecto político y diplomático del problema,
bien por parte del sistema de Estados de la época, bien por parte de las
potencias que, tocadas en sus intereses, se vieron más involucradas en el
conflicto.
Basta, para advertir la importancia de lo político y
diplomático, con señalar que, tras la restauración de Fernando VII, en abril de
1823 –el fin del Trienio Liberal–, George Canning (1770-1827), ministro de
asuntos exteriores británico, consigue firmar, en octubre de ese año, con el
embajador francés en Londres, el príncipe Jules de Polignac (1780-1847), el
llamado _Memorándum de Polignac_, en el que ambos Estados acordaban no ayudar a
España a conservar sus colonias americanas, e instaban a las otras naciones a
no pretender territorios en la región, ni querer obtener tratados de
exclusividad comercial.
Canning, en solitario, advertía que actuaría en caso de alguna intervención de otra potencia europea, y pedía a España reconocer la independencia de sus colonias, toda vez que de no ser así, Inglaterra procedería por su cuenta, y aconsejaría al rey Jorge III a proceder al reconocimiento diplomático –el _commercial recognition_– de Buenos Aires, Colombia y México; así como autorizaría también a los representantes británicos en Sudamérica a negociar nuevos acuerdos comerciales de su interés.
Asimismo, el 2 de diciembre de 1823, el presidente
estadounidense James Monroe (1758-1831) hacía pública la conocida _Doctrina
Monroe_, en la que se establecía que cualquier intervención de los europeos en
América sería vista como un acto de agresión, que requeriría la intervención de
los Estados Unidos; aunque debido a su limitado poder e influencia
internacional de entonces, la advertencia apenas fue tomada en cuenta por las
potencias europeas. Era, en todo caso, una advertencia más a la amenaza que suponía
la restauración monárquica absolutista en la Europa de la Santa Alianza
–Austria, Prusia y Rusia–, tras las guerras napoleónicas y el Congreso de Viena
de 1815.
En Europa iba abriéndose paso la llamada _Europa de los
Congresos_, que preveía la celebración periódica de conferencias, tendentes a
procurar la paz y hacer respetar los acuerdos e intereses comunes de los
signatarios. Los congresos fueron varios, el último, el de Verona en 1822,
comportó la intervención en España de un ejército francés nombrado los _Cien
Mil Hijos de San Luis_, que, con la oposición inglesa, puso fin al Trienio
Liberal y restauró el absolutismo en la persona de Fernando VII (1784-1833), el
_Rey Felón_ –A Napoleón: “Mi mayor deseo es ser hijo adoptivo de S.M. el
emperador nuestro soberano”–. Pero, para bien, la aversión de Inglaterra a las
políticas reaccionarias del resto de sus aliados contribuyó a la inoperancia de
la alianza ya para la segunda mitad de la década de los 1820. Y no falta quien
diga que la Santa Alianza concluyó su acción en 1825, tras la muerte de su
principal valedor, el zar Alejandro I de Rusia (1777-1825).
No menos efectivo, y al mismo propósito, resultó el papel de
Francia, que, escudada en el _Memorándum de Polignac_, se dedicó a conciliar su
condición de aliada de España con el no reconocimiento a los nuevos Estados
americanos, mientras se procuraba una mayor penetración en el comercio de esos
países. Para ello obtuvo de España el Real Decreto de 9 de febrero de 1824, que
establecía el libre comercio con los puertos americanos para las potencias
amigas, pero cuya efectividad real no iba más allá de las islas de Cuba y
Puerto Rico. Francia supo compensar esta debilidad con una habilidosa política
comercial, a la que dio sustento con un uso intensivo de la diplomacia.
La diplomacia española, por su parte, continuaría gestionando
la ayuda o el influjo de las potencias aliadas para su propósito de reconquista
de los territorios rebeldes, cuya soberanía no cejaría de proclamar, negándose
a aceptar cualquier empeño de negociación que rebajara sus supuestos derechos.
Esta idea se fundamentaba en rígidos conceptos de soberanía y, de modo
particular, en la creencia de que, la inestabilidad política de los nuevos
países americanos, la sentiría Europa, por lo que le atañía a ella poner fin a
las agitaciones, para el disfrute del libre comercio que ahora España admitía.
Una postura que, por su carácter inflexible y su excesiva duración, abonaría a
favor de las salidas violentas, no negociadas, cuyo final fue la insurrección
generalizada y, en consecuencia, la destrucción en América del Imperio español.
El reconocimiento de EE.UU. de las nuevas repúblicas
americanas (Río de la Plata, Chile, Perú, Colombia y México) se anunció en el
mensaje del presidente Monroe al Congreso el 8 de marzo de 1822. Lo que fue
seguido por una intensa reacción diplomática española. El Secretario de Estado,
Francisco Martínez de la Rosa (1787-1862), planteó duramente el asunto al
embajador estadounidense en Madrid John Forsyth. En 22 de abril, cursaba
instrucciones a sus embajadores en París, Londres y San Petersburgo de condenar
ante esos Gobiernos el reconocimiento estadounidense. Días después giraba
despachos a los de Francia, Prusia, Austria, Inglaterra, Suecia, Holanda y
Dinamarca informándoles del deseo de su Gobierno de rechazar el mensaje de
Monroe. A todos esos Estados se les señalaba que el dicho reconocimiento
constituía una violación flagrante de los derechos de España, y un desafío al
“sagrado” principio de la legitimidad dinástica, establecido en el _ius
publicum europaeum_ que las potencias europeas habían creado para el arreglo de
conflictos e instituciones y, por supuesto, la preservación de sus
influencias.
El 1º de enero de 1825, Canning informaba el reconocimiento
por Inglaterra de Buenos Aires, Colombia y México. La decisión se basaba en
informes de agentes británicos que certificaban la existencia de gobiernos
estables, que habían abolido el tráfico de esclavos y gozaban del apoyo de la
población. Una decisión política que tenía de por medio un creciente comercio
británico hacia las excolonias españolas, alrededor de 15% de sus
exportaciones, y millones de libras esterlinas en inversiones y préstamos a sus
Gobiernos. Todo lo cual mostraba la resuelta estrategia británica de sustituir
hasta donde fuese posible a España entre sus antiguos dominios americanos.
La enérgica reacción de España fue transmitida el 21 de enero
de 1825 por el Secretario de Estado, Francisco Cea Bermúdez (1779-1850), al
encargado de Negocios británico en Madrid. Las potencias absolutistas
apreciaban esta política inglesa como una falta a las solidaridades pactadas en
la Santa Alianza, por un lado, y como un desconocimiento de los consagrados
derechos dinásticos de la casa real española, por el otro. La respuesta de
Canning daba cuenta de las nuevas necesidades jurídicas que el creciente comercio
con los nuevos países americanos había creado a la nación británica. Se
trataba, según el vocero británico, de utilizar el reconocimiento para crear
las condiciones que permitieran que esos nuevos Estados fueran incorporados a
la esfera de deberes y derechos de las naciones civilizadas, de modo tal, que
pudieran ser responsables ante la comunidad de Estados.
¡Pero qué va! Un intento más, un fracaso más. Los
reconocimientos en nada cambiaron al rey Fernando VII. Sus diplomáticos
continuarían, en cambio, explorando la posibilidad de la cooperación militar
aliada. Así se mantendrían hasta que el Consejo de Estado español, consultado
acerca de la política que se debía seguir con las “provincias sublevadas”
recomendó en mayo de 1829 desechar en lo inmediato la acción diplomática y
preparar las acciones militares de reconquista. Las cuales debían comenzar por
México que, por su riqueza, habría de suministrar los auxilios suficientes para
recuperar a las otras. España, pues, sin mayores recursos, con una economía en
bancarrota, confiando en la neutralidad de sus aliados europeos, optaría
nuevamente por el envío de expediciones al continente. Cuba, su principal
posesión ultramarina, que contaba con un potencial bélico de 22.520 hombres y
16 buques de guerra, sería su punto de apoyo inicial.
Pero antes, veamos los intentos que, en el campo diplomático,
fueron ensayados por agentes rebeldes americanos en procura del reconocimiento
de sus países por parte de las autoridades españolas imperiales. El más
elaborado de todos, pareciera ser quizá el que adelantara, en octubre de 1820,
desde Londres, el neogranadino Francisco Antonio Zea (1766-1822), el primer
vicepresidente de la Unión Colombiana —la Gran Colombia—, un plenipotenciario
de amplísimos poderes para el reconocimiento de la nueva República, del que
apenas cabe señalar su intento, pues no contó con nada a su favor. Su propuesta
de crear una _Confederación Hispánica_ se hundió en la pura ilusión.
Asimismo, tendrían lugar, como una expresión meramente
tentativa, durante el Trienio Liberal (1820-1823), los primeros tratados de
cese temporal de la guerra, los Tratados de Trujillo –de Armisticio y de
Regularización de la guerra en 25 y 26 de noviembre de 1820–, firmados por
Simón Bolívar y el general don Pablo Morillo y Morillo; y algunos equivalentes
celebrados, en 1821, por San Martín con el virrey La Serna en el Perú, en los
que se introdujeron los primeros precedentes de reconocimiento de los nuevos
gobiernos hispanoamericanos, pero que nunca fueron oficializados por la España
del rey Fernando.
Mención especial, dentro del paréntesis del Trienio, merece
la gestión realizada en Madrid por Rafael Revenga y José Tiburcio Echeverría,
enviados por Bolívar para negociar el reconocimiento de Colombia, tras haber
convenido con Morillo los tratados antes referidos. Los comisionados llegaron a
Madrid en mayo de 1821, donde se reunieron con Zea. No obstante su misión
resultó un fiasco —como antes había ocurrido con los argentinos Rivadavia y
Belgrano en 1817— porque España ni siquiera dio carácter oficial a los
representantes colombianos, que terminaron siendo expulsados de Madrid en
septiembre de 1821. Esto, por la acusación que se levantara contra la parte
colombiana y el ejército de Bolívar, de violar el armisticio a causa del
alzamiento de Maracaibo contra las tropas realistas en enero de 1821.
Como ocurrieron también con los primeros intentos, igualmente
fracasados, de tratados bilaterales entre algunos de los nuevos gobiernos
americanos y representantes de la España liberal, como fueron el _Convenio de
Córdoba_ en agosto de 1821, firmado entre Iturbide y el virrey Juan O’ Donojú,
y la no menos conocida negociación entre los comisionados españoles y el
Gobierno de las Provincias del Río de la Plata, concluida en julio de 1823.
Negociaciones aquellas que jamás recibieron sanción oficial española; la
primera, porque fue desconocida por las mismas Cortes, y la segunda, por la
anulación ordenada por el restaurado Fernando VII, en octubre de 1823, de todos
los actos del Gobierno y las Cortes liberales desde el 7 de marzo de 1820. Con
lo cual, se liquidó de forma absoluta, en aquel tiempo, la posibilidad de que
España diera alguna forma de reconocimiento a los nacientes gobiernos
americanos.
Fracasos todos que, al descartar el manejo político, abonaron
a favor del carácter casi estrictamente bélico que tomaría el conflicto. A lo
que contribuía, no solo el mencionado rechazo de la Corona a las formas
políticas y diplomáticas, sino la creencia generalizada entre la clase política
liberal de que la reconquista era posible. Y, por supuesto, la empecinada
postura de Fernando VII, a quien muchos historiadores consideran de modo
definitivo como un hombre muy limitado para el manejo de tamaña crisis. El
monarca se empeñó siempre en no aceptar alguna forma de reconocimiento de las
que resultaron ser, por parte de los grupos insurgentes, aspiraciones
separatistas muy férreas.
Pues bien, así la cosas, se tendrá claro el por qué España,
dentro del mayor sigilo, envió desde Cuba una expedición a México, ordenada por
el mismo Fernando VII, sostenida en el imaginario, según el cual, frente a las
dificultades políticas de los nuevos Estados, un fuerte sector realista interno
solo esperaba por un reducido esfuerzo militar de la Metrópoli para rebelarse.
Situación esta que se consideraba era la de México, el más rico y antiguo de
los virreinatos. La expedición estuvo a cargo del brigadier Isidro Barradas y
Valdés, un primo de Francisco de Miranda, quien al frente de un ejército
próximo a los 4.000 hombres desembarcó en Cabo Rojo, cerca de Tampico, el 26 de
julio de 1829. La desventura duró poco más de un mes, y Barradas, combatido por
el recio general Antonio López de Santa Anna, se rindió en Tampico el día 10 de
septiembre de ese año. Un gran fracaso. El acabose del brigadier Barradas, que
había sido un gran servidor de la Corona. Y una chapuza más que anotarle al rey
Fernando.
*Historiador.
